¿La guerra contra los narcocorridos podría empujar a grupos hacia fiestas del narco?

La cruzada del Estado contra los narcocorridos sumó un nuevo territorio en México. El Congreso de la capital aprobó reformas que prohíben la difusión e interpretación en lugares públicos de canciones que hacen apología para proteger a las infancias.

La propuesta de ley fue turnada a la Jefatura de Gobierno para gestionar su publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX, con lo que se fortalecerá la ruta que ha seguido el gobierno federal y al menos 10 entidades contra el subgénero del regional mexicano.

Sin embargo, Ciudad de México representa un escenario inédito. Agrupaciones que durante años encontraron en la capital un espacio de libertad y bonanza por ingresos de presentaciones, ahora enfrentarán una nueva realidad.

Invariablemente, la prohibición impactará las finanzas de grupos y artistas, obligándolos a buscar nuevas opciones de ingresos o asumir consecuencias legales.

El potencial impacto económico de la prohibición

La proliferación de grupos de narcocorridos no puede disociarse del contexto social del país y los cambios que la industria musical ha experimentado en los últimos 16 años. En 2025, si bien los ingresos de los sellos discográficos en México crecieron un 13.3%, el streaming representó el 80% total de sus utilidades, de acuerdo con Forbes.

Ese 80% representa una cifra inferior en comparación con las ganancias que perciben artistas y agrupaciones de las presentaciones en vivo, incluyendo en sus registros financieros eventos privados financiados por líderes criminales, con o sin conocimiento previo.

De acuerdo con casos documentados por autoridades federales y estatales, las narcofiestas siguen ocurriendo en la industria y representan una fuente de ingresos con un alto riesgo.

Músicos de diversos géneros han documentado que los eventos privados para líderes criminales imponen condiciones extremas. Esto incluye horarios de trabajo indefinidos, retención involuntaria y el peligro constante de quedar en medio de enfrentamientos armados o disputas territoriales.

Grupos y artistas locales suelen incluir en sus agendas presentaciones en narcofiestas porque rechazar la oferta no es una opción.

David Saucedo, especialista en seguridad, explica que la prohibición puede atender ciertas causas, pero también fomentar la ilegalidad. “La censura lo que provoca es primero un mayor interés por parte de los jóvenes hacia aquello que se les impide ver o comercializar”, señaló en entrevista con Adela Micha.

Agrupaciones que han reconocido haber tocado en narcofiestas

Gerardo Ortiz, Ramón Ayala, Los Cadetes de Linares, Banda MS y Roberto Tapia han reconocido públicamente haber realizado presentaciones en fiestas organizadas por grupos criminales. Sin embargo, la lista se extiende a artistas de otros géneros, como Yuri, Molotov, Cepillín y Lucía Méndez, quien en un reality show reveló que fue contratada para cantar en una ocasión para Pablo Escobar.

Uno de los casos más mediáticos ocurrió el 11 de diciembre de 2009. La Armada de México detuvo a Ramón Ayala y Los Cadetes de Linares durante una fiesta organizada por el Cártel de los Beltrán Leyva.

Los músicos habían sido contratados para amenizar el evento sin conocer su origen. Tras una investigación, fueron liberados al comprobarse que no tenían vínculos con actividades criminales y habían sido contratados para un evento definido como “privado”.

¿Cuánto cobran agrupaciones y artistas por presentaciones clandestinas?

Debido a que las tarifas que cobran artistas y agrupaciones oscilan entre decenas de miles de pesos hasta más de un millón de dólares por evento privado, no existe una cuantificación promedio de los ingresos derivados de presentaciones clandestinas.

En el ámbito público y legal, en el regional mexicano, grupos como Grupo Firme pueden cobrar entre 3 y 6 millones de pesos por presentación, mientras que figuras de corridos tumbados como Natanael Cano llegan a cobrar hasta 4 millones de pesos.

Una fuente consultada por Infobae México, con experiencia en la organización de presentaciones privadas en estados del sur, señaló que algunas agrupaciones con reconocimiento regional llegan a cobrar hasta 2 millones de pesos en efectivo por show, además de exigir el pago de toda la logística para presentaciones privadas.

Bajo este contexto, además de horarios de trabajo indefinidos, retención involuntaria y el peligro constante, se suma la posible comisión de un delito. Aunque penalistas como Washington Alvarado señalan que un artista puede evadir una responsabilidad legal si su contrato tiene una causa lícita, el escenario cambia en caso de acceder a componer corridos personales, lo que constituye apología del delito.

Prohibición en CDMX está enfocada en las infancias

El caso de la Ciudad de México tiene particularidades. El Artículo 12 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México ahora prohibirá cualquier conducta que incentive, favorezca o tolere la prostitución, la drogadicción o la apología del delito.

Por otra parte, la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ahora impedirá que en los planteles educativos se difundan, promuevan, ejecuten, transmitan o publiquen contenidos que hagan apología del delito o fomenten acciones contrarias al marco legal y a la cultura de paz.

De esta manera, el mapa de la prohibición se extiende. Antes de la aprobación de reformas en la capital, los congresos de Jalisco, Morelos, Baja California, Edomex, Querétaro, Nayarit, Guanajuato y Chihuahua promovieron cambios en su marco legal contra los narcocorridos.

El nuevo escenario obligará a artistas y agrupaciones a decidir entre reinventarse y adaptarse a las restricciones, o enfocarse en eventos privados, con el riesgo latente de involucrarse en esquemas de financiamiento ligados al crimen organizado.