
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, compareció este miércoles 27 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Doctores, en Ciudad de México, en el marco de la investigación por la presencia de agentes de la CIA en el operativo donde se localizó un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua.
A las afueras de las instalaciones la esperaban figuras del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellas el presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera; los alcaldes Mauricio Tabe Echartea (Miguel Hidalgo), Alessandra Rojo de la Vega (Cuauhtémoc) y el exsecretario de Gobernación Roberto Gil Zuarth, así como el excandidato presidencial Ricardo Anaya y el senador Germán Martínez, quienes acudieron a brindar su respaldo a la mandataria estatal.
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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, comparece fuera de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México.
“Hoy hablo por México”: las palabras de Campos tras su declaración
Al concluir su comparecencia en calidad de testigo, Campos ofreció un mensaje público en el que señaló que en México existe un “uso político de las instituciones federales”.
“Yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo. Yo hice mi trabajo, defendí que esa droga no llegara a nuestros niños”, expresó la gobernadora, quien aseguró que su gobierno colaboró sin reservas con la FGR.
Campos sostuvo que el citatorio habría tenido como propósito —en sus propias palabras— “fabricarle un caso” bajo la simulación de ser convocada como testigo, y señaló que, a su juicio, no se guardaron las formas ni se respetó la protección constitucional que le corresponde como mandataria estatal.
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El doble rasero, el argumento central de su defensa
La gobernadora hizo referencia al contraste entre su situación y la del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades extranjeras por presuntos vínculos con el narcotráfico, y sostuvo que mientras a ella se le persigue “sin pruebas”, a otros funcionarios en circunstancias similares se les trata con lo que describió como “impunidad absoluta”.
“A mí en cambio no me han acusado de nada formalmente”, señaló Campos, quien calificó la situación como una manifestación de autoritarismo que, a su juicio, vulnera derechos constitucionales.

Un contexto de presiones simultáneas
La comparecencia ante la FGR no es el único frente legal que enfrenta la gobernadora. Esta semana también recibió un segundo citatorio, ahora de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, derivado de una denuncia del senador Javier Corral Jurado por presunto secuestro. La propia Fiscalía capitalina aclaró que en realidad se trató de la notificación de una audiencia, luego de que determinaron no ejercer acción penal en su contra al no encontrar delito qué perseguir.
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Adicionalmente, once legisladores de la bancada de Morena en el Congreso de Chihuahua presentaron una solicitud de juicio político en su contra ante la Cámara de Diputados, que deberá ser ratificada a más tardar el 29 de mayo.
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