El escándalo por la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua —que operaban sin acreditación federal y cuya presencia el gobierno de Claudia Sheinbaum asegura desconocer— podría no ser un caso aislado. Al menos eso es lo que sugiere información que comenzó a circular este fin de semana en redes sociales y que, de confirmarse, ampliaría significativamente las dimensiones de una crisis diplomática que ya tensó la relación entre México y Estados Unidos.
La cuenta @hinnojo_se en X publicó imágenes en las que señala que al menos otros tres gobernadores de estados fronterizos podrían haber establecido acuerdos similares al de Maru Campos con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para permitir la operación de agentes estadounidenses en territorio mexicano. La información no ha sido verificada de forma independiente y este medio no puede confirmar la autenticidad de los documentos difundidos.
Los nombres que se mencionan
De acuerdo con las publicaciones de dicha cuenta, los mandatarios estatales que habrían sostenido este tipo de acuerdos son:
- Maru Campos, gobernadora de Chihuahua
- Samuel García, gobernador de Nuevo León
- Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas
- Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila
Los cuatro gobiernan o gobernaron entidades que comparten frontera con Estados Unidos, lo que les otorga una posición estratégica en materia de seguridad binacional. Ninguno se ha pronunciado públicamente sobre las imágenes difundidas en redes sociales ni sobre la posibilidad de haber sostenido acuerdos de este tipo con autoridades texanas. Este medio intentó obtener una postura sin obtener respuesta al cierre de esta edición.
Lo que ya está confirmado: la ley se violó en Chihuahua
Más allá de lo que circula en redes, lo que sí está documentado y confirmado por el gabinete de seguridad del gobierno federal es que los dos agentes de la CIA fallecidos el 19 de abril en un accidente carretero en la sierra de Chihuahua operaban en territorio mexicano sin ninguna autorización formal.
Según los registros migratorios revisados por las autoridades, uno de los agentes ingresó al país como turista, sin permiso para realizar actividades remuneradas. El otro portaba pasaporte diplomático, pero tampoco contaba con acreditación para participar en operativos. Ambos regresaban de participar en la localización de laboratorios clandestinos cuando el vehículo en el que viajaban junto a funcionarios mexicanos volcó y explotó, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas: dos elementos estatales y los dos agentes estadounidenses.
El gabinete de seguridad, integrado por la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue explícito en su postura: ninguna de estas instituciones tenía conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando en el país.
La ley es clara, pero alguien la ignoró
El gobierno federal no dejó margen a interpretaciones en su comunicado: “La legislación mexicana no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional. La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional”.
Si la ley es clara y el gobierno federal no sabía, la pregunta que sigue sin respuesta es quién sí sabía. La gobernadora Maru Campos, señalada como la funcionaria que no notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la presencia de los agentes en su territorio, evadió pronunciarse públicamente sobre el caso el fin de semana. En paralelo, anunció la creación de una unidad especial para investigar los hechos, un movimiento que el gobierno federal no ha reconocido como suficiente.
Una crisis diplomática en el peor momento
El incidente ocurre en uno de los momentos más delicados de la relación entre México y Estados Unidos. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está prevista para julio, y el gobierno de Sheinbaum acaba de proponer a Roberto Lazzeri, un tecnócrata de perfil financiero, como nuevo embajador en Washington, en sustitución de Esteban Moctezuma.
En ese contexto, la confirmación de que agentes de inteligencia estadounidense operaron en suelo mexicano sin autorización federal —y la posibilidad de que no haya sido la única vez ni el único estado— añade una capa de tensión a una agenda bilateral ya de por sí cargada, donde la soberanía y la cooperación en seguridad han sido puntos de conflicto permanente desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
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