Marco Antonio Almanza comparece ante la FGR: de dirigir la PDI Sinaloa a ser acusado de proteger a “Los Chapitos”

El exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, acudió este martes 26 de mayo a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán en calidad de testigo, dentro del proceso derivado de las acusaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Al salir, habló con medios de comunicación y negó haber pertenecido a algún grupo delictivo. Dijo haber actuado con rectitud durante sus 31 años en la corporación y afirmó no tener nada que ocultar.

“Hice las cosas con bien todo el tiempo. Yo le doy la cara al que sea y donde sea. Y si hay que ir a Estados Unidos a declarar eso, vamos y aclaramos”, afirmó el exservidor público.

El expediente presentado ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York lo identifica en listas internas del cártel como “R1” y establece que habría recibido aproximadamente 300 mil pesos mensuales de la facción de Los Chapitos entre 2017 y 2022.

Al frente de la PDI, Almanza Avilés encabezó el brazo investigador de la FGE Sinaloa

Según información publicada por el medio Noroeste, Almanza Avilés ingresó a la Dirección de Policía Judicial del Estado de Sinaloa en 1991. En 2005 era comandante B, en 2010 ascendió a coordinador de investigaciones y en 2011 encabezó la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales.

En junio de 2017, el entonces fiscal Juan José Ríos Estavillo lo designó encargado de la dirección. En diciembre de 2019 rindió protesta formal como comisario general.

La PDI es el brazo investigador de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE). Tiene a su cargo la integración de carpetas de investigación, la ejecución de órdenes de detención y el seguimiento de casos penales en Sinaloa.

Almanza Avilés ocupó ese cargo bajo el mando de dos fiscales —Juan José Ríos Estavillo y Sara Bruna Quiñónez Estrada— hasta que presentó su renuncia en noviembre de 2022, tras 31 años de servicio.

Ante los medios, rechazó ser testigo colaborador y descartó entregarse a Estados Unidos

Este 26 de mayo, a la salida de la FGR, Almanza Avilés dijo a los medios que se enteró de los cargos en su contra cuatro días después de haber estado en territorio estadounidense. Viajaba con frecuencia a Yuma, Arizona, desde San Luis Río Colorado, Sonora, donde tiene tres hectáreas de alfalfa, según sus declaraciones.

“Si no hubieran publicado eso, yo hubiera sido el primero que hubiera caído ahí”, dijo.

Rechazó la figura de testigo colaborador porque, dijo, nunca perteneció a un grupo delictivo. Además, descartó entregarse voluntariamente a Estados Unidos, aunque no cerró la puerta a declarar allá si lo llevan formalmente.

Desconfió de que en ese país le impusieran lo que tendría que decir y pidió en cambio que las autoridades investigaran con rigor.

Dijo haber permanecido en su domicilio desde que se conocieron los cargos y afirmó no contar con seguridad personal desde hace años.

Sobre las acusaciones, argumentó que se basaban en señalamientos sin sustento: “Se están yendo a un dicho, y ese dicho no prevalece para mí”, señaló.

El exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez se entregó a las autoridades estadounidenses desde el pasado 11 de mayo. Reportes extraoficiales indican que lo mismo habría ocurrido con el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega. Sobre ambos, Almanza Avilés señaló: “Ellos tuvieron sus razones”, y reiteró que él no pertenece a ningún grupo.

EEUU lo acusa de pactar con Los Chapitos

Según el indictment del Distrito Sur de Nueva York, el acuerdo corrupto entre Almanza Avilés y Los Chapitos se habría pactado hacia 2017 o 2018 en un rancho de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Sinaloa, con presencia del mismo Iván y Ovidio Guzmán, hijos de “El Chapo”.

A partir de ese momento, el exfuncionario habría permitido que Los Chapitos operaran libremente en el estado, incluidas sus actividades de tráfico de drogas.

El documento señala que libró órdenes de detención contra enemigos del cártel a solicitud de este, permitió el transporte de químicos para producción de fentanilo a través de Culiacán sin interferencias y ordenó la liberación de miembros de Los Chapitos detenidos por tráfico de drogas.

El expediente también le atribuye haber filtrado información sobre cateos e incautaciones planificados por el Ejército Mexicano y la Marina, lo que habría permitido al cártel mover operaciones y evidencia antes de los operativos.

Hasta 2020, según la acusación, recolectó pagos de laboratorios de metanfetamina de narcotraficantes ajenos a los Chapitos —con aprobación de Iván Archivaldo para encarecer su operación y beneficiarse personalmente.

Almanza Avilés enfrenta tres cargos: asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y asociación delictuosa para poseer ese armamento. La pena máxima en caso de ser declarado culpable en EEUU es de cadena perpetua y una mínima de 40 años de prisión.