Morena formalizó este martes 26 de mayo una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú. La acción legal busca que las autoridades federales investiguen presuntos actos de corrupción, triangulación financiera, conflictos de interés y promoción personalizada con recursos del erario. Pero para entender por qué llegó a este punto, hay que remontarse a 2021.
¿El origen? Un despacho familiar
Todo parte de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, creada en 2014 por Samuel García y su padre. En principio, nada inusual. El problema, según investigaciones de Grupo Reforma y El Norte respaldadas por fuentes federales, es lo que presuntamente ocurrió cuando García llegó a la gubernatura.
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El esquema, tal como lo describen los reportes, habría funcionado así: proveedores del gobierno estatal recibían contratos millonarios, luego transferían recursos a empresas “hermanas”, y esas empresas terminaban pagando al despacho privado del gobernador. En marzo de 2024, García reconoció uno de esos pagos —más de 200 millones de pesos— pero negó cualquier irregularidad.
El esquema se habría sofisticado
La investigación más reciente de la FGR apunta a una red más elaborada: procesadoras de pagos electrónicos para dificultar el rastreo del dinero y una empresa texana, Trinational Express Logistics, que presuntamente transfirió al menos 90 millones de pesos al despacho familiar entre agosto de 2025 y febrero de 2026.
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Y hay más: parte de esos recursos presuntamente habrían regresado como publicidad personal del gobernador. La firma jurídica habría pagado casi 82 millones de pesos a Nauka Comunicación Estratégica para financiar pauta digital en Google y YouTube —la misma empresa que también factura al gobierno de Nuevo León.
El caso de Mariana Rodríguez
Morena también señaló al hermano de Rodríguez, Jorge Rodríguez, de ser socio de empresas de Jalisco proveedoras del gobierno estatal, con al menos cinco contratos del sector salud. La dirigencia del partido lo calificó como un “conflicto de interés evidente”.
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Rodríguez lo negó de forma categórica: “Ninguna de esas acusaciones son reales”, declaró en redes sociales.
Lo que dice García
El gobernador ha rechazado todos los señalamientos de manera consistente. Asegura no recibir “un solo peso del Estado” ni de proveedores, y calificó las acusaciones como un “montaje” político.
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Importante: todas las acusaciones aquí descritas son presuntas. La FGR no ha formulado cargos definitivos y ningún juez ha determinado responsabilidad penal. La investigación sigue en curso.
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