
El juicio de residencia contra Hernán Cortés revela la estrategia de la corona española para limitar el poder de los conquistadores en Nueva España y refleja la cantidad y variedad de acusaciones que pesaron sobre el marqués del Valle en las décadas posteriores a la conquista.
De acuerdo con un artículo de la Revista Antrópica de la Universidad Autónoma de Yucatán, en 1528, las autoridades de España ordenaron un juicio de residencia dirigido a Cortés y sus principales oficiales.
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El mandato, firmado por el rey Carlos I y la reina Juana I, instruyó a la Real Audiencia de la Nueva España a examinar la actuación del exgobernador y de todos los responsables durante un periodo de 90 días. El interrogatorio oficial incluyó 53 preguntas generales, que abarcaban desde la administración del territorio, el manejo de aranceles y dádivas, hasta la forma en que Cortés designó a sus colaboradores y familiares en cargos claves.

Se le preguntó si cobró aranceles por impartir justicia, si consintió el juego en jurisdicciones bajo su mando, si realizó obras públicas y si castigó pecados públicos como blasfemias y amancebamientos. Entre las acusaciones figuraron también permitir la rebelión indígena durante la “Noche Triste”, autonombrarse capitán y justicia, repartir dinero del rey, recibir regalos de autoridades locales y adjudicarse oro.
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Una de las acusaciones más graves señaló a Hernán Cortés por el asesinato de su esposa Catalina Juárez, quien habría sido estrangulada, así como por el tormento infligido a Cuauhtémoc. También se le investigó sobre la posesión de esclavos indígenas y su relación con Marina, conocida como Malintzin o “La Lengua”, así como el supuesto favorecimiento a sus parientes y la enemistad con otros españoles.
Juicio contra Cortés quedó inconcluso tras la muerte del juez

El primer juicio de residencia comenzó apenas cuatro años después de la caída de Tenochtitlán. El juez designado, Luis Ponce de León, arribó acompañado de las provisiones reales. De acuerdo con la Quinta Carta de relación de Cortés, Ponce de León quiso presentar su nombramiento ante el cabildo y funcionarios —ceremonia que se celebró en la iglesia mayor—.
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Tras la lectura pública, pasaron diecisiete días sin que se presentaran cargos formales. Un día después de la proclamación, Ponce de León enfermó y murió. Cortés solicitó que Marcos de Aguilar continuara el proceso, pero Aguilar se negó por carecer de autorización real. Así, el primer proceso quedó trunco y las denuncias continuaron llegando a la corona.
Cortés pidió la cancelación del segundo juicio en su contra

Al término de los 90 días del juicio ordenado en 1528, García de Llerena, apoderado de Cortés, se presentó para alegar la ausencia de su cliente y recusó a los oidores —Juan Ortiz y Diego Delgadillo—, acusándolos de enemistad y conflicto de intereses, pues sostenían un litigio con Cortés relacionado con más de 12 mil 600 pesos de oro, supuestamente ganados en juegos de naipes y dados.
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El 12 de octubre de 1529, García de Llerena presentó los argumentos de descargo y rechazó todas las acusaciones. El 22 de marzo de 1530, la reina Juana I ordenó remitir el expediente al Consejo Real y Supremo de Indias.
En el Consejo de Indias el juicio de residencia siguió su curso entre 1534 y 1545. En esa instancia, Cortés presentó testigos y fue interrogado en relación con sus expediciones en Yucatán, Cozumel, Tabasco, Veracruz y Tlaxcala. Los temas del interrogatorio incluyeron el trato con Moctezuma, la “Noche Triste”, la acumulación de oro y la administración de sus propiedades en Oaxaca como marqués del Valle.
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Entre los testigos destacó Francisco de Montejo “El Adelantado”, quien declaró el 22 de abril de 1535 en la Ciudad de México. Sobre el testimonio de lealtad al rey, Montejo respondió: “Siempre lo tuvo y tiene por servidor de Su Majestad“. Respecto a la fundición de oro y el cumplimiento del quinto real, explicó que el derretimiento se realizó en presencia de los oficiales reales. Sobre la vida marital del conquistador con Catalina Juárez, declaró que los vio mantener una relación armónica.
El 12 de febrero de 1537, en Cuernavaca, Cortés fue notificado por cédula real para comparecer ante el Consejo de Indias. El 22 de septiembre de 1544, solicitó la cancelación del juicio argumentando los múltiples servicios prestados y su papel como descubridor y pacificador del territorio.
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Posteriormente, en 1545, Cortés presentó un alegato que señalaba múltiples defectos en el proceso y exigió la nulidad, reclamando no haber sido notificado formalmente, lo que invalidaba todo el procedimiento por violar su derecho a defensa.
La extensa defensa, el uso de recursos legales, y la red de influencias que Cortés tejió en la corte española impidieron que se dictara sentencia. Las quejas sobre su gobierno y comportamiento perduraron, pero el juicio de residencia no concluyó nunca con una pena formal contra el conquistador.
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