Incapacidad del Estado y falta de presupuesto, razones por las que Los Ardillos siguen operando en Guerrero

Desde el pasado 6 de mayo se vive una oleada de violencia en la región de la Montaña de Guerrero, lo que ha obligado a cientos de personas a desplazamientos forzados.

Y es que desde esa fecha se han registrado ataques con drones y balaceras. Ante esta situación, el sacerdote y defensor de derechos humanos José Filiberto Velázquez habló en exclusiva con Infobae México sobre la situación que viven los habitantes de la región.

Cabe señalar que Velázquez fue desplazado de Guerrero en enero pasado tras recibir amenazas directas del crimen organizado, pese a contar con protección de la Guardia Nacional desde octubre de 2023.

De acuerdo con el padre Velázquez, la situación tiene que ver con la presencia de actores que, básicamente, tienen intereses del control de territorio para continuar realizando actividades relacionadas con el trasiego de drogas, el control de territorio y otras actividades que dejan ganancias económicas, lo que ha hecho que lugares como estos, en la Montaña, quieran ser dominados, ya sea por sus recursos, por su geografía, por lo que ahí se puede sembrar, desde amapola, marihuana y proyectos mineros. "Es un territorio rico, que tiene una población indígena que puede ser utilizada como mano de obra, como base social. Esta pelea por el control del territorio hace que sucedan estas situaciones", asegura el padre Velázquez a Infobae México.

Sobre posibles nexos entre autoridades de Guerrero con el grupo delictivo de Los Ardillos, el padre señala que “una realidad es que cualquier persona que pretenda, o cualquier partido político, que pretenda ser elegido electo, lamentablemente quien vota en regiones como estas es el crimen organizado, y eso significa en muchas ocasiones, tener algunos acuerdos que tienen que ver con el control de la seguridad pública, ingresos, control de algún tipo de obra, o cuestiones a nivel municipal, a nivel estatal no sé qué tanto tendría que ser, pero ahí implica también a las propias autoridades, como la Guardia Nacional, que se ha escuchado que llega a recibir algún tipo de soborno o más que como el Ejército, algunos liderazgos de las fuerzas armadas, entonces, obviamente, esto salpica a cualquier funcionario y cualquier persona electa, lo que sí cuestiona es el por qué no se han aprehendido a estos generadores de violencia, se atienden las consecuencias, pero no se hacen operativos como en otros estados, donde se aprehende a estos sujetos. La justificación pudiera ser que están en los pueblos, tienen una base social, esto generaría que la población civil despusiera, pero, a esta altura hay tecnología e inteligencia para poder realizar este tipo de apehensiones sin afectar a la población", aseguró.

“Hay una base social, hay brazos políticos de organizaciones, en este caso se habla de este grupo que se llama Paz y Justicia, es como una policía comunitaria de unos pueblos cercanos a Alcozacán, del municipio de Chilapa, y que de una manera, con esa justificación de ser policías comunitarias, tienen, digamos, una presencia de fuerza pública, pero pues están bajo intereses superiores".

Aseguró que muchas veces estos surgen naturalmente para protegerse pero el problema es que al final quien controla el territorio, obviamente les puede suplir de armamento o de municiones y terminan teniendo compromisos con ellos. “Es muy complicado esta situación de estos grupos y poblaciones que terminan siendo coptados por el crimen, en este caso, por Los Ardillos", expuso.

Esta situación no es nueva, pues según el padre, lleva al menos una década. Dijo que cuando no eran unos pueblos eran otros, cuando no es un grupo, es otro, y al final genera que haya mucha migración, mucha gente está en otros estados, en otros países, “los que se quedan tienen que estar bajo esta zozobra de ser atacados o ser desaparecidos, hay muchos asesinatos, ejecuciones, de todos lados, al final todo esto ha generado que haya muchos desaparecidos, muchas bajas y muchas personas expulsadas del territorio".

Cuando se registra una situación de violencia, y se vuelve mediático, las autoridades se presentan en la región, sin embargo, una vez que se puede “voltear” a otro lado, se olvidan del lugar.

“Esto siempre sucede, siempre hay esta cuestión de, de alguna manera, que se atienden las consecuencias pero no se atienden las causas, entonces, te generan grandes operativos, con mucho personal, después de lo que pasó con Alejandro Arcos, denunció con el propio comandante de la 50 zona militar, despliegue y hubo mucho personal operativo en la Montaña, pero nunca se dio con el paradero de alto liderazgo de este grupo. Aquí estará esta base que ha denunciado en esta región, con una presencia permanente, pero estarán como vigilantes, como cuando la maestra se pone a vigilar en el recreo que los niños no se peleen entre ellos, y están simplemente como eso, subsistiendo paralelamente con la realidad.

“Aquí se tiene que ir un poco más a fondo, desde cómo se desvincula a los pueblos de cualquier ingerencia de cualquier grupo que tenga otros intereses que no sean la paz y la justicia, el desarrollo y que sean prósperos sus pueblos, vemos eso, Acapulco está lleno de cuarteles, de la Guardia Nacional, y sin embargo, todo el ecosistema criminal está alrededor de esos mismos cuarteles, entonces aquí pudiera pasar lo mismo, se tiene que ir más allá, el Gobierno ha entendido esa lógica federal, ha hablado este propio lenguaje que ahora utilizamos nosotros, de la reconstrucción del tejido social, recuperación de espacios, pero sí implica un trabajo permanente, no solamente en cuestión policiaca, sino también de justicia, donde la impunidad y que también se limpien las autoridades locales de cualquier vínculo".

Sobre acusaciones del Congreso Nacional Indígena (CNI) de que Los Ardillos operan bajo la protección de la Gobernadora Evelyn Salgado, el padre señaló que “uno puede interpretar muchas cosas, porque te preguntas por qué no se ha actuado, algo que hay que puntualizar es que el problema de la seguridad pública y el crimen organizado es un tema del fuero federal, entonces, por más intenciones que tenga el estado de actuar con estos grupos, al final quienes tendrían que coordinarlos sería la propia Fiscalía General de la República, y el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, el propio Ejército, como lo hicieron con (Nemesio Oseguera Cervantes) El Mencho, ahí ni siquiera el gobernador estaba enterado.

“Es complicado decir que eso sea lo que está detrás, es un poco más complejo, y para mí tiene que ver más con la propia incapacidad que tiene un Estado de actuar contra estos grupos, y segundo, también la falta de presupuesto, de protocolos, en este caso, instrucciones de otro nivel, yo creo que aquí más que señalar al gobierno del estado o a la gobernadora, tendría que asumir también su responsabilidad la Federación, yo no me iría tanto por decir que es la causa porque estos grupos han estado con Astudillo, ya llevan ahí aproximadamente 12 años, ha operado al margen de muchos gobiernos, pero no precisamente yo considero que sea porque tenga alguos vínculos específicamente la gobernadora, esto va más allá que acuerdos con un gobierno estatal, porque opera, también está la presencia de la Guardia Nacional, el Centro de Comando de la Guardia Nacional está en Petaquillas, una zona controlada por este grupo, y pasan por ahí, al lado de ellos, entonces es como echar la bolita nadamás y nadie asume responsabilidades, yo creo que todos tienen una responsabilidad, por omisión, adyacencia o corrupción, pues se tiene que hacer un examen más amplio que decir que una sola autoridad".

Concluyó señalando que “la gobernanza criminal es una realidad, donde el crimen organizado gobierna paralelamente a las instituciones y eso se tiene que modificar”.