Crimen organizado y colusión de las autoridades, los motivos de la desaparición forzada en México

Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para México, calificó como una “crisis grave” de derechos humanos la desaparición de personas en el país, no solo por la alta cifra de casos, sino por las causas de este delito y el perfil de las víctimas.

En la presentación el informe ‘Desapariciones en México’, la CIDH indicó que al corte de junio del 2025 contabilizó 128 mil reportes de personas desaparecidas a nivel nacional, así como de 70 mil cuerpos que están bajo resguardo de las autoridades y que no han sido identificados.

La relatora dijo que desde 2018 se han reconocido avances significativos en la materia, en comparación con la política que había en 2015; sin embargo, persisten fallas técnicas, sobrecarga procesal y una gran distancia entre investigaciones y sentencias.

Causas de la desaparición forzada en México, según la CIDH

Andrea Pochak explicó que el informe muestra cómo las formas de desaparición han cambiado en las últimas décadas. Detalló que entre 1965 y 1990 las desapariciones forzadas eran cometidas por el Estado y reconocidas como propias.

Actualmente, la mayoría de los casos se relaciona con la acción del crimen organizado y la expansión de mercados ilegales.

Pochak señaló que el crimen organizado tiene un rol predominante en la desaparición de personas. Sin embargo, persisten casos donde participan agentes estatales, principalmente estatales y municipales.

El informe documenta situaciones en las que el crimen organizado actúa junto con agentes estatales responsables de seguridad, procuración de justicia o autoridades políticas, quienes permiten, apoyan o consienten estas acciones.

La relatora indicó que, a veces, la desaparición es cometida por grupos no estatales con autorización del Estado, y también se presentan casos de colaboración entre crimen organizado y agentes estatales.

La participación de agentes estatales varía según el grado de penetración del crimen organizado en el Estado e incluye la entrega de personas a grupos delictivos, la ausencia de autoridades en zonas estratégicas y la privación de libertad o muerte de las personas desaparecidas.

Mencionó el caso del Rancho Izaguirre, en Jalisco, como ejemplo de un centro criminal que operó sin intervención de las autoridades.

Principales víctimas de la desaparición forzada

La vicepresidenta de la CIDH señaló que la desaparición es un fenómeno indiscriminado, ya que puede afectar a cualquier persona, incluso a familias completas.

En este sentido, resaltó que la Comisión documentó casos especialmente dramáticos en los que han desaparecido casi todos los integrantes de una familia típica.

Aunque la desaparición afecta a amplios sectores sociales, la Comisión identifica una alta concentración de hombres jóvenes desaparecidos y afectaciones desproporcionadas contra niñas y adolescentes.

El informe también destaca riesgos diferenciados asociados al género, incluyendo mujeres, personas de la comunidad LGBTI+, migrantes, así como defensores de derechos humanos y periodistas.

En mujeres y niñas, se observa un vínculo estrecho entre la desaparición y la violencia de género, como la captación mediante engaños y redes sociales. Persisten respuestas estatales tardías o marcadas por estereotipos, cuando lo que se requiere es una búsqueda inmediata, efectiva y humana.

En el caso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el informe documenta el reclutamiento y re-reclutamiento por parte de grupos criminales, quienes los explotan como sicarios, mensajeros o para la preparación de atentados. Algunos adolescentes reclutados por el sicariato mueren en enfrentamientos.

La CIDH sostiene que este fenómeno debe atenderse de manera urgente y con enfoque especializado, considerando siempre a niñas, niños y adolescentes como víctimas.

Respecto a personas migrantes, el informe advierte un subregistro preocupante y describe modalidades recurrentes como secuestros en ruta y privaciones de libertad que no quedan debidamente registradas, lo que exige búsquedas e investigación transnacional y condenas efectivas.

La Comisión Interamericana ha documentado errores graves, como la entrega fraudulenta, equivocada o incompleta de cuerpos de personas migrantes supuestamente identificadas a sus familias en sus países de origen.

En el caso de personas LGBTI+, se identifican barreras por falta de datos desagregados, obstáculos en la denuncia y búsqueda, y falta de respeto a la identidad de género, lo que agrava el riesgo para su vida y libertad. Las familias temen que sus hijos no sean buscados por su orientación sexual.

Respecto a personas defensoras y periodistas, se reportan ataques vinculados al ejercicio de sus labores, lo que genera miedo, silenciamiento y autocensura. Estas situaciones requieren investigación con enfoque adecuado y medidas de protección eficaces.

El informe documenta casos de personas defensoras desaparecidas dedicadas a la defensa de los derechos indígenas, de las personas migrantes y del medio ambiente.