CIDH señala crisis de derechos humanos en México por desapariciones y da 40 recomendaciones al Gobierno; jóvenes y mujeres concentran los casos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe ‘Desapariciones en México’, en el cual señaló como una crisis de derechos humanos la desaparición de personas en el país y emitió 40 recomendaciones al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la presentación del informe, en el Museo de Memoria y Tolerancia, Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, indicó que al corte de junio de 2025, contabilizaron más de 128 mil personas desaparecidas, cifra ligeramente menor a la del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, de 132 mil casos. A esto sumó que de acuerdo con conteos independientes, se calculan más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado no identificados.

“La Comisión Interamericana plasma una constatación muy seria: la desaparición de personas constituye una grave crisis de derechos humanos en México, porque es generalizada, indiscriminada y continúa ocurriendo con los altos niveles de impunidad. Al cierre del informe de la Comisión, en 2025, el país registraba más de 128 mil personas desaparecidas y se estimaba la existencia de alrededor de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado sin identificar”, dijo en la presentación del informe.

La relatora recordó que en el 2015, la CIHD señaló incertidumbre y opacidad en la política contra la desaparición de personas en ese momento, señalando que desde el 2018 ha habido un mayor reconocimiento de la magnitud del problema, “con avances y desafíos”, al afirmar que de acuerdo con el gobierno ya “existen normas y protocolos para atender la desaparición de personas y autoridades con responsabilidad identificables”.

Sin embargo, acusó que aún hay desafíos en la técnica para la atención de casos, así como una sobrecarga procesal y una “distancia enorme” entre las investigaciones y sentencias.

Además de que entre las principales causas de la desaparición forzada, aún está la participación de agentes estatales, la colusión entre autoridades y grupos criminales, a lo que se suma el alto nivel de impunidad.

Causas de la desaparición forzada, según la CIDH

Andrea Pochak indicó que el informe documenta cómo las modalidades de la desaparición se han transformado en las últimas décadas, al explicar que pasó de desapariciones forzadas cometidas entre 1965 y 1990, reconocidas como propias por el Estado, a un esquema de alta complejidad, donde gran parte de las desapariciones actuales se vinculan a la acción del crimen organizado y a la expansión y diversificación de sus mercados ilegales.

Señaló que “el rol del crimen organizado es predominante en el fenómeno de la desaparición”; no obstante “lamentablemente” aún hay casos en los que han participado agentes estatales, en su mayoría estatales y municipales.

Comentó que el informe también refleja situaciones en las que el crimen organizado ha operado en conjunto con agentes estatales encargados de seguridad, procuración de justicia e incluso con autoridades políticas, quienes prestan su autorización, apoyo o aquiescencia en casos de desapariciones.

“Así, a veces, la desaparición se comete por grupos no estatales que operan con la autorización del Estado. También se registran desapariciones por parte del crimen organizado en connivencia con agentes estatales. “En esta forma de desaparición, la participación de agentes estatales es de intensidad variable según el nivel de penetración del crimen organizado en la estructura del Estado.

Según la información analizada, puede incluir actos de participación mediante la entrega de personas a grupos delictivos, la ausencia de autoridades en lugares estratégicos y conocidos, dejando pasar a los autores criminales en lugares y rutas, y la privación de libertad o muerte de las personas desaparecidas”, precisó.

En este sentido, aseguró que el caso del Rancho Izaguirre, en Jalisco, es un ejemplo de esto último, luego de que fue reconocido como un centro de actividades criminales de reclutamiento, entrenamiento, asesinato y desaparición de personas que operó por un tiempo prolongado sin intervención de las autoridades.

Perfil de las personas desaparecidas

La vicepresidenta de la CIDH afirmó que en cuanto al perfil de las personas desaparecidas, “es un fenómeno indiscriminado”, ya que puede afectar a cualquier persona e incluso, se han registrado casos de desaparición de familias completas.

Sin embargo, hay una alta concentración de hombres jóvenes desaparecidos y afectaciones “desproporcionadas” contra niñas y adolescentes.

En el informe también se destacan riesgos diferenciados y asociados al género, incluyendo mujeres y personas de la comunidad LGBT+, migrantes y a ocupaciones como defensores de derechos humanos y periodistas.

Recalcó que se reconocen avances institucionales desde 2018, como la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda y nuevas herramientas, aunque considera insuficiente la respuesta estatal ante la demora en al atención de de casos, falta de personal, baja operatividad y problemas de coordinación entre comisiones y fiscalías.

Además de que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas enfrenta desconfianza, subregistro y falta de datos abiertos, mientras que el Banco Nacional de Datos Forenses mantiene retrasos y problemas de interoperabilidad, lo que ha llevado a que familias y colectivos asuman la búsqueda ante la insuficiencia estatal, muchas veces poniendo en riesgo su vida e integridad.

“La Comisión documenta con pesar hechos de violencia hacia familias buscadoras, incluidos asesinatos”, añadió.

El informe de la CIDH emitió sus 40 recomendaciones, organizadas en seis ejes:

Plantea fortalecer medidas de prevención, garantizar la búsqueda inmediata y diferenciada, ajustar protocolos para migrantes y personas LGBTI+, y proteger a menores ante el reclutamiento criminal.

En materia de justicia, pide erradicar la estigmatización contra familias, fortalecer fiscalías especializadas y adoptar medidas extraordinarias para casos rezagados.

Sobre la búsqueda e identificación humana, solicita una norma nacional de resguardo y trazabilidad de cuerpos y un protocolo obligatorio de entrega a víctimas.

En reparación, recomienda simplificar criterios de acceso a apoyos y reducir cargas burocráticas. En el eje de memoria y verdad, la CIDH urge garantizar la colaboración de agencias de seguridad en la entrega de información y fortalecer mecanismos para desapariciones recientes y de larga data.

El informe destaca que México ha mostrado apertura al escrutinio internacional y reconoce la centralidad de las víctimas en el trabajo de la CIDH.

“Este informe lleva la voz de las familias y colectivos a la comunidad internacional”, afirma la relatora Andrea Pochak.