Madres buscadoras en México: el rostro de la lucha ante la crisis de desapariciones forzadas en México

México afronta una de las crisis más graves de desaparición forzada. De acuerdo a cifras oficiales, hay más de 132 mil personas no localizadas sin que se registre una tendencia a la baja, ni un mecanismo eficiente que combata esta problemática. Ante el aumento de desaparecidos en el país, ha tomado cada vez más fuerza la figura de las madres buscadoras, mujeres que se han visto obligadas a actuar ante la falta de acciones efectivas del Estado mexicano.

Son ellas quienes recorren bajo el sol lugares alejados y desoladores en busca de sus hijos. Caminan por predios, basureros, bosques, “calles, zonas peligrosas, y terrenos baldíos —muchos de ellos donde opera el crimen organizado—, algunas incluso han cruzado fronteras” con la esperanza de encontrar algún indicio que ayude a encontrar a los desaparecidos. Así lo destaca Amnistía Internacional en un texto firmado de la activista Raquel Borbolla Albarrán.

Estas acciones pone en riesgo a las madres buscadoras de México al enfrentar peligros, amenazas, revictimización e injusticias, muchas veces, perpetradas por el Estado. Ante esta situación, recientemente se han puesto en marcha distintas medidas que, de acuerdo a Amnistía Internacional, podrían abrir una ventana de oportunidad para avanzar en esta crisis humanitaria de desapariciones forzadas en México.

Ser madre buscadora en México es ser investigadora, perito y forense

Las madres se convirtieron en buscadoras ante la necesidad de enfrentar la crisis de personas desaparecidas en México y ante la inacción gubernamental para encontrar a las más de 130 mil personas registradas. Se han convertido en las figuras centrales en la búsqueda de personas desaparecidas en México. Su labor las lleva a incursionar en centros de privación de la libertad, calles, terrenos baldíos y zonas controladas por grupos criminales.

“Ante la ausencia y respuesta deficiente de las autoridades, han tenido que convertirse en peritos, investigadoras y acompañantes de otras víctimas”, se lee en el texto publicado por Amnistía Internacional.

Ello las convierte a estudiar leyes, identificación de análisis de restos, excavación de fosas, investigación forense y, además, convertirse en apoyo emocional para otras madres que atraviesan las mismas situaciones, detalla la organización. Además, las madres buscadoras han sido fundamentales para denunciar prácticas como el uso clandestino de fosas comunes estatales y la participación de autoridades en la desaparición y ocultamiento de personas.

El informe “Desaparecer otra vez. Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, de Amnistía Internacional, documenta que quienes ejercen esta labor han enfrentado asesinatos, amenazas, desplazamiento, extorsión, estigmatización y criminalización. Solo en 2025, se registraron al menos 7 asesinatos de personas buscadoras.

Más de 4 mil fosas clandestinas y crisis de impunidad

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el incremento de los casos se refleja en otras cifras alarmantes. Hasta inicios de 2026, “en México, existen más de 4 mil 500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos. El número de restos sin identificar también aumentó, pasando de 52 mil en 2021 a aproximadamente 72 mil para 2026.

Las fiscalías estatales reportaron que, en 2025, tres entidades concentraron el 37% de las fosas encontradas en el país: Sonora con 972, Veracruz con 523 y Tamaulipas con 541. Esta crisis forense persiste ante la ausencia de políticas efectivas para identificación de víctimas y atención adecuada de las fosas, señaló el organismo.

El Comité y Amnistía Internacional han señalado que desde 2018 persisten graves obstáculos estructurales: falta de datos confiables, baja cifra de condenas y una emergencia forense sin resolver. Esto limita el acceso efectivo de las familias a verdad, justicia y reparación y restringe su participación en la búsqueda e investigación.

En respuesta, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó en 2025 que el Estado mexicano reconozca formalmente a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos, que monitoree las violencias específicas que padecen y les otorgue medidas de protección y reparación con perspectiva de género.

La impunidad y la corrupción afectan especialmente a la judicatura local y gobiernos estatales, impidiendo investigaciones genuinas y sanciones a los responsables. El Comité contra la Desaparición Forzada, consideró en el documento CED/C/MEX/A.34/D/1, que “existen indicios fundados de que se han perpetrado y se siguen perpetrando desapariciones forzadas en el contexto de varios ataques generalizados o sistemáticos llevados a cabo en México, es decir, como crimen de lesa humanidad”, destaca Amnistía Internacional.

Oportunidad histórica para atender esta crisis

Desde 2012, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas ha dirigido al Estado mexicano distintas recomendaciones para atender esta crisis que no es nueva ni reciente.

Recientemente, se dio a conocer la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, (CED, por sus siglas en inglés) de remitir la situación de las desapariciones forzadas en el país, a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ello marca un precedente en la lucha contra la desaparición forzada en México.

Es una de las razones por las que Amnistía Internacional considera que actualmente México tiene una oportunidad histórica para erradicar estas alarmantes cifras, pero hay más.

El Informe Anual 2026, La situación de los derechos humanos en el mundo, de Amnistía Internacional, así como la reciente visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türkson son otras de las claves para lograrlo, afirma la organización.

El Comité contra la Desaparición Forzada solicitó que la Asamblea General impulse mecanismos de cooperación que faciliten la búsqueda, el análisis forense, la investigación y el esclarecimiento de contextos de desapariciones y vínculos con el crimen organizado, así como la protección de las familias y las organizaciones que las apoyan.

Amnistía Internacional resalta que, mientras el Estado mexicano omita reconocer su responsabilidad y niegue el acceso pleno a verdad y justicia, se limita el alcance de la reparación y la dignidad de las víctimas.

El reconocimiento legal, la verdad con justicia y las garantías de no repetición no solo permiten el acceso a la justicia y la reparación integral para las familias, sino que constituyen la única vía para resignificar la vida y preservar la memoria colectiva en un país marcado por la crisis de la desaparición forzada.