Caso Edith Valdés: Amnistía Internacional condena la deuda persistente del Estado ante feminicidios en México

El feminicidio de Edith conmocionó a todo el país durante la última semana, sin embargo, lastimosamente no es un caso aislado y se suma a una cifra creciente de feminicidios cuyas investigaciones quedan en impunidad o en irregularidades.

El caso ha evidenciado fallas en la Fiscalía de la Ciudad de México y una ola de inseguridad que atraviesan las mujeres, así como prácticas de corrupción e inacción de las autoridades ante estos casos en los que son las familias las que se ven obligadas a movilizarse.

Al respecto, Amnistía Internacional expresó solidaridad con la familia de Edith Valdés y exigió a la Fiscalía capitalina una investigación apegada a la debida diligencia y con perspectiva de derechos humanos.

A través de un comunicado, demandaron una serie de acciones que pidieron sean cumplidas por las autoridades encargadas de la investigación del caso:

• Que realicen un análisis de contexto que permita agotar todas las líneas de investigación, incluida la trata de personas
• Que se investigue la posible participación de diversos actores en el delito.
• Pidieron enfáticamente que las autoridades se abstengan de revictimizar a la familia
• Que se garantice el acceso a verdad, justicia y reparación integral del daño.

Fallas y faltas en el proceso

Después de más de treinta años de comenzar a documentar feminicidios en México, las fallas estructurales persisten, a pesar de la creación de fiscalías especializadas, leyes, protocolos y mecanismos de coordinación entre autoridades, aseveró Amnistía Internacional.

El gobierno de México ha realizado acciones como la creación de fiscalías especializadas y más recientemente una ley general para investigar el feminicidio, lo que, de acuerdo a la organización, no es suficiente por sí mismo.

Al respecto, explica: en el caso de Edith se vio reflejado que las autoridades continúan sin activar de inmediato la búsqueda de mujeres desaparecidas, bajo el argumento de esperar 72 horas.

Esa ha sido una de las medidas más peligrosas cuando de búsqueda de personas se trata, por ello fue eliminada como protocolo, no obstante, en el caso de Edith, la fiscalía pidió a la familia esperar antes de comenzar la búsqueda.

Generalmente esta decisión se basa en estereotipos de género como “se fue con el novio”.

Además, puntualiza Amnistía Internacional, las autoridades incurrieron en prácticas de corrupción, solicitando dinero a las familias para iniciar carpetas de investigación. Lo lamentable es que este no es un caso aislado sino un patrón que se repite.

La impunidad en los casos de feminicidio continúa

El informe Juicio a la justicia, de la organización internacional, documentó la pérdida de evidencias clave y señalan que las autoridades no investigan ni agotan todas las líneas de investigación posibles.

La falta de aplicación real de la perspectiva de género prevalece en numerosas actuaciones ministeriales, reporta Amnistía.

“La actuación de la familia de Edith, que tuvo que presionar a las autoridades para activar su búsqueda, refleja una realidad dolorosa: hoy, como hace 30 años, son las familias quienes buscan, investigan y exigen justicia”, lamenta la organización.

Esto evidencia otra de las realidades que se vive en el país: la impunidad en casos de feminicidio ronda el 98 por ciento. Las familias no solo enfrentaron la pérdida, sino también violencia institucional, asevera.

Por ello, Amnistía Internacional reiteró lo señalado desde hace más de 20 años en su informe Muertes intolerables sobre “la necesidad de una profunda reforma estructural de la administración de justicia para que sus procedimientos y capacidades de investigación garanticen a las víctimas el pleno acceso a la justicia”.