
La exigencia de justicia por parte de la madre buscadora Brenda Valenzuela marcó el inicio del gobierno interino de Yeraldine Bonilla en Sinaloa.
Mediante redes sociales, Brenda, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, demandó una respuesta directa a la nueva mandataria ante la desaparición de su hijo en Mazatlán, ocurrido el 5 de octubre de 2025 en el bar Terraza Valentinos, un establecimiento vinculado al exsecretario de economía del estado Ricardo Velarde, alias “El Pity”.
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El caso, según la madre del joven desaparecido, expone una crisis de Sinaloa, donde hasta la fecha persisten fosas clandestinas y miles de personas ausentes.
Brenda Valenzuela exigió justicia a la gobernadora interina
La madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela dirigió una exigencia pública a la gobernadora interina de Sinaloa desde su cuenta oficial de Facebook.
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Según lo publicado, el texto está redactado desde la experiencia de la ausencia, fuera de cualquier discurso político, y describió el contexto en el que considera que Bonilla asume el cargo: un estado marcado por miles de personas desaparecidas, fosas clandestinas que siguen apareciendo y una crisis que ha superado cualquier intento institucional de explicación.
Señaló que Sinaloa es un lugar donde las madres buscan a sus hijos con sus propias manos, donde la tierra da más respuestas que las instituciones y donde el silencio oficial pesa más que la verdad.
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Recordó los recientes cargos presentados por Estados Unidos contra varios funcionarios y exservidores de Sinaloa, incluidos el gobernador Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Mendívil. Ambos solicitaron licencia, lo que dio pie a que se realizara un interinato en el gobierno estatal y municipal.
A casi siete meses del hecho, Valenzuela expuso que no existen resultados ni respuestas por parte de las autoridades. Planteó que el caso de su hijo es un cruce entre poder, desaparición y falta de resultados, donde lo que queda es responsabilidad, no duda. Por ello, demandó a la gobernadora interina romper con el silencio, la omisión y la continuidad de prácticas que han impedido la verdad.
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Pidió que se llame a rendir cuentas a todos los actores relacionados con el entorno de la desaparición, incluidos quienes han sido señalados públicamente, y que se garantice una investigación sin límites ni protecciones.

Además, advirtió que la Fiscalía estatal requiere una reingeniería profunda, ante señalamientos hacia funcionarios clave y la falta de resultados, incluso cuando la familia actuó de inmediato tras la desaparición. Subrayó que el problema no es el tiempo, sino el sistema, y que su exigencia representa a muchas familias que han vivido violencia, indiferencia y una estructura donde lugares de esparcimiento se han transformado en puntos de desaparición.
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Por último, enmarcó que la responsabilidad de la gobernadora es decidir entre la verdad o el encubrimiento, y que la vida de Carlos Emilio no puede quedar atrapada en la impunidad.
El caso involucró a operadores del crimen y funcionarios locales
La desaparición de Carlos Emilio ocurrió en un entorno presuntamente controlado por el crimen organizado.
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El bar Terraza Valentinos pertenece a Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa.
Según reportes previos de este medio, la investigación apunta a la operación de Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos en el puerto.
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El grupo criminal ha sido vinculado al secuestro y desaparición forzada de jóvenes, monopolio en la venta ilegal de vapeadores y control de la vida nocturna.
La noche de la desaparición, Carlos Emilio acudió al baño y no regresó. Su prima intentó buscarlo pero, según los reporte, el personal de seguridad impidió el acceso y dio versiones contradictorias.
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La denuncia oficial se presentó días después, mientras la familia recorrió hospitales y dependencias policiales. Posteriormente fue revelado el dato de que el joven presuntamente salió por su voluntad del establecimiento, sin embargo, no se ha resulto el caso.
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