No sólo Rocha Moya, estos gobernadores y altos funcionarios también fueron ligados al narco por EEUU: qué pasó con ellos

La acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por supuesta conspiración con el Cártel de Sinaloa en el sistema judicial de Estados Unidos, refuerza el extenso historial de mandatarios estatales mexicanos implicados por corrupción y narcotráfico.

Los casos de los mandatarios del más alto nivel evidencian un patrón donde el poder político en varias entidades ha servido como vía directa para el crimen organizado, provocando extradiciones, sentencias y procesos abiertos tanto en México como en el extranjero.

Genaro García Luna: 38 años en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos

El caso más reciente y emblemático es el de Genaro García Luna, quien entre 2006 y 2012 encabezó la Secretaría de Seguridad Pública federal. En febrero de 2023, un jurado en Brooklyn lo encontró culpable de cinco cargos, incluyendo empresa criminal continua, conspiración para distribuir toneladas de cocaína y mentir a autoridades migratorias al solicitar la nacionalidad estadounidense. La evidencia presentada en su contra demostró que, siendo director de la Policía Federal y de la AFI, aceptó millones de dólares del Cártel de Sinaloa para garantizar impunidad a cambio de protección y filtración de información.

El 16 de octubre de 2024, el juez Brian Cogan le impuso 38 años y 8 meses de prisión (460 meses), junto con una multa de USD 2 millones. Lo definió como funcionario que “llevó una doble vida”. Ahora cumple condena en la prisión federal ADX Florence, conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”, donde están reclusos personajes como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En marzo de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó frenar su apelación. Su posible liberación solo podría ocurrir el 20 de mayo de 2052. En México todavía enfrenta causas abiertas, aunque no puede regresar por su comprobada relación con el crimen organizado.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca: orden de captura vigente y residencia en Estados Unidos

La presunta relación de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, con el crimen organizado y el financiamiento político ilícito lo ha colocado bajo el escrutinio de autoridades federales mexicanas y agencias extranjeras. En 2007, un memorandum diplomático estadounidense, citado por el político Alejandro Rojas Díaz Durán, alertaba que Cabeza de Vaca, siendo alcalde de Reynosa, habría financiado la campaña presidencial de Felipe Calderón con recursos del Cártel del Golfo y posiblemente de Joaquín Guzmán Loera. El documento además sugiere una investigación abierta en Estados Unidos por presunto narcotráfico y lavado de dinero.

La FGR lo acusa formalmente de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera sostiene que desvió recursos públicos y facilitó la introducción ilegal de combustibles en lo que se conoce como “huachicol fiscal”.

El 24 de febrero de 2026, la SCJN revocó un amparo previamente concedido, reactivando la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, lo que consolidó su condición de prófugo. Aunque reside en Estados Unidos desde 2022, donde no ha sido detenido, México ha emitido solicitud de extradición, sin que hasta mayo de 2026 se concrete el procedimiento. El exgobernador y el PAN denuncian persecución política, acusando represalias del gobierno federal, mientras se mantiene como prófugo de la justicia mexicana.

Tamaulipas: epicentro de gobernadores con vínculos criminales

Tamaulipas sobresale como entidad donde tres exgobernadores enfrentaron procesos relacionados con el narcotráfico:

Tomás Yarrington, gobernador entre 1999 y 2005, fue detenido en Italia en 2017, extraditado a Estados Unidos y condenado a nueve años de cárcel por lavado de dinero. De acuerdo con el testimonio de un miembro del Cártel del Golfo, Yarrington facilitó el tráfico de drogas a través del estado y recibió sobornos millonarios. En abril de 2025, tras cumplir parte de su sentencia en Estados Unidos, fue deportado a México e ingresado al penal del Altiplano, donde enfrenta cargos adicionales por delitos contra la salud.

El sucesor de Yarrington, Eugenio Hernández Flores, también fue investigado por agencias estadounidenses, señalamientos que lo vinculan con sobornos otorgados por Los Zetas para operar sin restricciones en Tamaulipas. En diciembre de 2025, obtuvo un amparo para frenar de manera inmediata su extradición, aunque continúan vigentes acusaciones en México por peculado, lavado de dinero y fraude bancario adjudicado a empresas ficticias.

Mario Villanueva: primer gobernador sentenciado en Estados Unidos por lavado ligado al narco

La trayectoria del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, ilustra el uso del aparato estatal para blindar rutas ilícitas. En los noventa autoriza el flujo de armas y droga procedente de Colombia al consolidar la entidad como corredor clave para operaciones trasnacionales. Tras cumplir una condena en el penal de Almoloya, en 2013 una corte en Estados Unidos lo condena a 17 años de prisión culpable de lavado de dinero, estableciendo un precedente sobre la capacidad del poder estatal para brindar protección institucional a redes del narco.

Jorge Torres López: contratos públicos y sobornos en Coahuila

En el norte del país, el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, admitió ante cortes estadounidenses haber realizado transacciones ilícitas para ocultar sobornos —vinculados a contratos de obra pública, principalmente en construcción de carreteras—. Fue identificado como uno de los fugitivos más buscados por la DEA hasta su captura en 2019. Posteriormente, fue condenado en Texas por el delito de lavado de dinero relacionado con recursos públicos desviados.

Édgar Veytia: el “Diablo” de Nayarit, entre cárceles de Estados Unidos y litigios civiles

La historia de Édgar Veytia, conocido como “El Diablo”, muestra la colusión directa entre fiscalías estatales y el tráfico de drogas. Durante su periodo al frente de la fiscalía de Nayarit (2012-2017), usó su cargo para proteger al Cártel de los Beltrán Leyva, específicamente al ala del “Cártel H-2”. De acuerdo con procesos judiciales abiertos en Nueva York, aceptaba sobornos mensuales cercanos a 2 millones de pesos a cambio de brindar protección y obstruir investigaciones en contra de los criminales.

Detenido en marzo de 2017 en San Diego, fue sentenciado en 2019 a 20 años de prisión por conspiración internacional para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, así como proteger al crimen organizado y liberar a integrantes clave de su grupo aliado.

La situación de Veytia cambió en 2023 cuando decidió colaborar con autoridades estadounidenses. Durante el juicio contra García Luna, testificó en su contra revelando que altos mandos federales en México protegían a Guzmán Loera, mientras él lo hacía con agrupaciones enemigas. Gracias a esta colaboración, su sentencia fue reducida a 10 años, con liberación original para octubre de 2025.

Sin embargo, desde febrero de 2025, la información del Buró Federal de Prisiones muestra que abandonó la custodia federal. Esto sugiere su liberación anticipada o inclusión en el programa de protección a testigos. Al mismo tiempo, en marzo de 2025, cinco familias nayaritas lo demandaron civilmente en una corte federal estadounidense, acusándolo de tortura en el periodo conocido como “El terror de Nayarit”. En México existen órdenes de extradición vigentes por secuestro y extorsión, pero la FGR no ha concretado su entrega.

El sistema político como vía al narco: una radiografía a mayo de 2026

El patrón que se observa hasta mayo de 2026 revela un ciclo donde exgobernadores y altos funcionarios en México operan en la frontera difusa entre el Estado y el crimen organizado. De García Luna en una prisión federal estadounidense a Cabeza de Vaca en condición de prófugo y los juicios abiertos a Yarrington, Hernández, Villanueva, Torres López y Veytia, la narcopolítica mexicana ha dejado una secuela de extradiciones, sentencias y procesos que cruzan jurisdicciones nacionales.

Destaca que, además de los procesos penales y las condenas, varios de los exmandatarios mencionados han buscado refugio legal y político en Estados Unidos, donde solo algunos han enfrentado la justicia. El presente inmediato para la justicia mexicana está marcado por la imposibilidad, hasta ahora, de lograr la extradición de prófugos con amplios recursos legales y políticos a su alcance.

• Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, enfrenta acusación judicial en Estados Unidos por supuesta conspiración con el Cártel de Sinaloa, en una constante de mandatarios implicados en narcotráfico.
• Genaro García Luna cumple una condena de 38 años y 8 meses en una prisión de máxima seguridad en Colorado por recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa.
• A mayo de 2026, varios exgobernadores —incluidos Yarrington, Hernández, Villanueva y Veytia— han sido sentenciados o continúan enfrentando procesos judiciales en México y Estados Unidos por delitos vinculados al crimen organizado.