El día que Rocha Moya dijo que el gobierno debía coordinarse con el narco: “Hay que buscar una forma de hacerlo”

Las palabras pronunciadas en el fragor de una campaña política han vuelto para ensombrecer el mandato de Rubén Rocha Moya. En 2021, cuando buscaba la gubernatura de Sinaloa abanderado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Rocha Moya fue cuestionado directamente por el periodista Carlos Loret de Mola sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado. En aquella ocasión, el hoy gobernador con licencia atajó los señalamientos asegurando enfáticamente: “no era capo, ni narcotraficante”.

Sin embargo, durante esa misma plática, el entonces candidato deslizó una postura que hoy cobra una relevancia insospechada. Al ser interrogado sobre si el gobierno debía coordinarse con los cárteles de la droga, Rocha Moya admitió la necesidad de entablar puentes. “Hay que buscar una forma de hacerlo”, respondió en la entrevista. “Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes, sin embargo, hay una cosa: los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico... en ese sentido de coordinarse hay que diseñar una política de Estado”.

Irónicamente, en ese momento el abanderado morenista elogió la firmeza del marco legal del país vecino del norte para castigar a los criminales, subrayando que la coordinación debía reflejarse “como se refleja en Estados Unidos en las leyes”. Hoy, son precisamente esas leyes estadounidenses las que buscan llevarlo ante un tribunal en Nueva York.

El revés del Departamento de Justicia

La situación legal y política del mandatario sinaloense dio un giro de 180 grados este miércoles, luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hiciera pública una robusta acusación formal en su contra. El gobierno estadounidense señala directamente a Rocha Moya y a varios funcionarios y exfuncionarios de su administración de mantener nexos profundos con el Cártel de Sinaloa, operando específicamente bajo el cobijo de la violenta facción conocida como “Los Chapitos”.

En el expediente desclasificado por la justicia estadounidense no solo figura el nombre del titular del Ejecutivo estatal. La lista de acusados de alto perfil incluye al actual senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, y a Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, la capital del estado. Todos ellos enfrentan señalamientos por presuntamente aprovechar sus posiciones de poder institucional para brindar protección y facilidades a las operaciones internacionales de narcotráfico de la organización criminal.

La respuesta del Gobierno Mexicano y la tensión diplomática

La revelación del documento en Estados Unidos provocó un movimiento inmediato en las más altas esferas del gobierno federal mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un pronunciamiento informando que, en efecto, ya se recibió por los canales oficiales la solicitud de detención con fines de extradición en contra de Rubén Rocha Moya y los demás coacusados.

No obstante, la Cancillería mexicana, buscando salvaguardar la soberanía de los procesos judiciales internos, destacó que la petición estadounidense “no cuenta con elementos probatorios” contundentes que acompañen de momento las acusaciones del Departamento de Justicia. Bajo este argumento, el expediente diplomático y judicial fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo mando recae en la fiscal Ernestina Godoy. Será esta dependencia la encargada de analizar exhaustivamente el documento y determinar si, de acuerdo con el derecho mexicano, existen elementos y pruebas suficientes para proceder penalmente contra los funcionarios emanados de las filas de Morena.

El caso no solo representa un terremoto político para el oficialismo en México, sino que ha abierto una nueva fisura en la relación bilateral en materia de seguridad. La Cancillería aseguró que, más allá del curso legal de la solicitud de extradición, el Gobierno de México enviará una nota de extrañamiento diplomático al gobierno de Estados Unidos. El motivo de la queja se centra en “la forma en que se dio a conocer” públicamente la acusación, una maniobra que, desde la perspectiva mexicana, vulnera los protocolos de discreción acordados entre ambas naciones para el manejo de extradiciones de altos perfiles políticos.

Mientras el reloj judicial avanza en la FGR, las declaraciones de Rocha Moya en 2021 sobre “coordinarse con el narco” han dejado de ser una simple anécdota de campaña para convertirse en el preámbulo de lo que podría ser uno de los juicios por narcotráfico más significativos de la historia reciente de México.