Aborto en México: datos oficiales contradicen la idea de criminalización hacia mujeres

En medio del debate nacional sobre la despenalización del aborto, un análisis reciente de la organización UNNA plantea un giro en la discusión pública: la criminalización por este delito en México no recae principalmente en las mujeres, como comúnmente se sostiene, sino en hombres.

El reporte, titulado “Aborto: La realidad no contada”, se construyó a partir de datos oficiales obtenidos de fiscalías, tribunales y registros públicos tanto a nivel estatal como federal. Sus conclusiones apuntan a que el fenómeno del aborto en el país está estrechamente vinculado con contextos de violencia, coerción y otros delitos graves.

Cifras oficiales: mayoría de procesados son hombres

Uno de los hallazgos centrales del informe es que, hasta enero de 2026, 91 hombres se encontraban en prisión por el delito de aborto, frente a 6 mujeres. En estos últimos casos, se precisa que no se trató de abortos autoprocurados, sino de situaciones donde participaron en la interrupción del embarazo de otra persona.

En cuanto a la incidencia, durante 2025 se abrieron 890 carpetas de investigación por aborto en México, lo que representó un aumento del 13.7 por ciento respecto al año anterior, marcando un récord histórico.

Por entidades, la Ciudad de México registró el mayor número de casos con 244 investigaciones, seguida de Nuevo León con 218 y el Estado de México con 139.

Aborto y violencia: un vínculo estructural

El informe subraya que una parte significativa de los casos de aborto investigados no responde a decisiones autónomas, sino a situaciones de presión o violencia ejercida principalmente por parejas o agresores cercanos.

De acuerdo con el documento, el aborto forzado suele estar acompañado de delitos como violencia familiar, abuso sexual, lesiones calificadas e incluso intento de homicidio o feminicidio.

Este patrón revela que el problema trasciende el ámbito de la salud o los derechos reproductivos y se inserta en un contexto más amplio de violencia estructural contra las mujeres.

Además, se advierte que estas dinámicas afectan de manera particular a niñas y adolescentes, quienes enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad y coerción.

Impacto en mujeres y menores de edad

El análisis identifica una doble afectación: por un lado, las mujeres embarazadas sufren daños físicos y psicológicos derivados de la violencia; por otro, se interrumpe el desarrollo del producto en gestación en condiciones de agresión.

En este sentido, el informe sostiene que muchos de los casos judicializados están relacionados con delitos adicionales, lo que explica por qué las personas imputadas enfrentan procesos penales más amplios y, en algunos casos, prisión preventiva.

Debate legal y llamado a las autoridades

A partir de estos hallazgos, UNNA plantea que eliminar el delito de aborto de los códigos penales podría tener efectos contraproducentes, al invisibilizar conductas violentas que actualmente son sancionadas bajo esta figura.

La organización hizo un llamado a autoridades legislativas, judiciales y tomadores de decisiones —incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación— para analizar el fenómeno con base en evidencia y considerar la dimensión de violencia que rodea estos casos.

En un contexto donde el debate sobre el aborto suele centrarse en derechos reproductivos, este informe introduce un enfoque distinto: el de la violencia estructural y la necesidad de proteger a mujeres, niñas y adolescentes frente a prácticas coercitivas.