
El Senado de la República dio un paso relevante en materia de inclusión al aprobar una reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de fortalecer la accesibilidad en espacios públicos. La medida busca garantizar que las personas con discapacidad cuenten con accesos funcionales en todo momento, especialmente en edificios gubernamentales.
De acuerdo con la información difundida, esta modificación establece la implementación de verificaciones periódicas para asegurar que las entradas, rampas y demás infraestructura de acceso se mantengan en condiciones óptimas y operativas, evitando que se vuelvan obstáculos para la movilidad.
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Verificaciones obligatorias para garantizar accesibilidad
Uno de los puntos clave de la reforma es que las autoridades deberán realizar revisiones constantes en las instalaciones públicas. Esto implica que no solo se construyan espacios accesibles, sino que también se dé seguimiento a su mantenimiento y correcto funcionamiento, un aspecto que históricamente ha sido una de las principales fallas en políticas de inclusión.
Con esta medida, se pretende que la accesibilidad universal no sea solo un requisito en papel, sino una condición real y permanente para millones de personas en México.
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Movimiento de Personas con Discapacidad urge a la SCJN
Organizaciones y colectivos han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que garantice plenamente los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en temas de consulta previa y participación en decisiones legislativas.
Activistas han expresado preocupación por la falta de resoluciones claras en procesos anteriores, lo que genera incertidumbre en este sector. Por ello, demandan que se establezcan criterios firmes que obliguen a las autoridades a respetar los estándares constitucionales cuando se legisle sobre temas que impactan directamente a esta población.
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Mujeres adultas mayores encabezan este sector: INEGI
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que en el país hay alrededor de 9.5 millones de personas con discapacidad, de las cuales más del 53% son mujeres. Además, una proporción significativa tiene 60 años o más, lo que coloca a las mujeres adultas mayores como uno de los grupos más vulnerables.
Estas cifras evidencian la necesidad de impulsar políticas públicas con enfoque de género, edad e inclusión, que no solo contemplen infraestructura accesible, sino también condiciones que garanticen su bienestar y autonomía.
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Reforma pasa a la Cámara de Diputados
Tras su aprobación en el Senado, la iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo. Será en esta instancia donde se analice, discuta y eventualmente se apruebe de forma definitiva.
Este avance representa un paso importante en la agenda de derechos de las personas con discapacidad, al poner énfasis no solo en la creación de infraestructura accesible, sino en su supervisión continua, un elemento clave para garantizar la movilidad y autonomía en México.
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