De Lesvy Berlín a Edith Guadalupe: cuatro feminicidios que exhibieron fallas en la actuación de autoridades de la CDMX

El hallazgo sin vida de Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, en un edificio de la alcaldía Benito Juárez marca el caso más reciente en una secuencia de feminicidios que han puesto en evidencia las deficiencias y omisiones en la actuación de las autoridades de la Ciudad de México.

Desde 2017, casos como los de Lesvy Berlín Osorio, Montserrat Juárez Gómez y Fátima Aldrighett han documentado errores en protocolos, revictimización y corrupción.

A pesar de tratarse de hechos distintos, al menos estos cinco casos comparten patrones que han sido señalados de forma reiterada en casos menos mediáticos: fallas en la respuesta inicial, problemas en la preservación de la escena, retrasos en la activación de protocolos de búsqueda y, en algunos casos, conductas indebidas de servidores públicos.

El feminicidio de Lesvy Berlín

El 3 de mayo de 2017, Lesvy Berlín Osorio, estudiante universitaria de 22 años, fue hallada sin vida en las inmediaciones del Instituto de Ingeniería de la UNAM, cerca de una caseta telefónica.

El cuerpo de Lesvy fue hallado por personal universitario en las primeras horas del 3 de mayo y el sitio fue acordonado por la policía. Desde el inicio, la familia de la joven y estudiantes de la UNAM cuestionaron la rapidez con la que las autoridades clasificaron el caso como suicidio, así como la filtración de información sobre supuestos antecedentes personales y consumo de sustancias.

La Procuraduría difundió datos personales de Lesvy y enfatizó aspectos no relacionados con la investigación, lo que provocó indignación entre colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos, que denunciaron una revictimización desde los primeros comunicados oficiales.

A pesar de las protestas y la exigencia de esclarecer los hechos bajo los protocolos de feminicidio, la investigación inicial no consideró las evidencias de violencia de género ni las grabaciones de cámaras de seguridad del campus. Fue la insistencia de la familia y la presión social lo que llevó a que se abriera una línea de investigación por feminicidio y se revisaran de nuevo los indicios recolectados en el lugar del hallazgo.

Imágenes de cámaras de seguridad mostraron una discusión y agresión de su pareja, Jorge Luis González Hernández, poco antes de que la joven perdiera la vida.

La autopsia confirmó que la joven había muerto por estrangulamiento. González Hernández fue arrestado y, tras varios recursos judiciales, recibió una condena de 45 años, posteriormente aumentada a 52 años y seis meses.

El caso generó protestas y presión social por la revictimización y las fallas en los protocolos institucionales. El 2 de mayo de 2019, la entonces procuradora Ernestina Godoy y Felipe Edmundo Takajashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses, ofrecieron una disculpa pública a la familia por las violaciones al debido proceso y al acceso a la justicia.

Caso de la niña Fátima Cecilia

El feminicidio de la niña Fátima Cecilia, de 7 años, expuso una serie de fallas en la actuación de distintas autoridades en la CDMX, desde el entorno escolar hasta las instancias encargadas de su búsqueda. El 11 de febrero de 2020, la menor desapareció tras salir de la escuela primaria Enrique C. Rebsamen, en la alcaldía Xochimilco, luego de ser entregada a una persona no autorizada, en contravención de los protocolos establecidos para la protección de estudiantes.

Tras la denuncia por desaparición, familiares señalaron retrasos en la respuesta de las autoridades. Entre los señalamientos, acusaron que inicialmente se les indicó esperar antes de iniciar la búsqueda, lo que derivó en la pérdida de horas clave. La Alerta Amber se activó al día siguiente, mientras que la familia emprendió por su cuenta la difusión de fichas y la búsqueda en campo, ante la percepción de una reacción institucional insuficiente en las primeras horas.

El cuerpo de la menor fue localizado el 15 de febrero en un terreno de la misma alcaldía, con signos de violencia. Días después, autoridades identificaron y detuvieron a Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera como presuntos responsables.

Además de los hechos delictivos, el caso abrió cuestionamientos sobre la actuación institucional previa. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia había recibido reportes desde 2015 y 2017 sobre posible descuido, negligencia y maltrato emocional en el entorno de la menor, sin que se lograra un seguimiento que evitara su vulnerabilidad.

Las críticas también se centraron en la coordinación entre autoridades educativas, ministeriales y de protección infantil, así como en los protocolos de actuación ante la desaparición de menores. La entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente la existencia de una “cadena de negligencias” y anunció ajustes en los procedimientos, incluida la activación inmediata de la Alerta Amber en casos similares.

Montserrat Juárez: videos, manipulación de escena y encubrimiento

En septiembre de 2023, el caso de Montserrat Juárez Gómez se convirtió en uno de los ejemplos más claros de fallas en la actuación de autoridades en la CDMX.

La joven de 26 años fue localizada sin vida al interior de un departamento ubicado en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con los primeros reportes, su pareja reportó que la mujer se había desvanecido, por lo que el caso fue tratado inicialmente como una muerte no violenta, sin activar de inmediato los protocolos de feminicidio.

Sin embargo, la versión comenzó a desmoronarse cuando se difundieron videos de cámaras de seguridad del edificio. En las imágenes se observaba a elementos de la SSC, junto con civiles, trasladando el cuerpo de la joven envuelto en sábanas por las escaleras del inmueble, sin que se hubiera realizado un procesamiento adecuado del lugar. Este hecho generó cuestionamientos sobre la preservación de la escena y el papel de los primeros respondientes, ya que el retiro del cuerpo se realizó antes de agotar las diligencias periciales correspondientes.

Las investigaciones posteriores de la Fiscalía revelaron que la víctima presentaba traumatismo múltiple, lo que llevó a reclasificar el caso como feminicidio. Además, se identificaron posibles irregularidades en la actuación de servidores públicos por manipulación de la escena y omisiones. También se documentó que uno de los elementos habría contactado a una funeraria para gestionar la cremación del cuerpo de forma acelerada, lo que, de haberse concretado, habría dificultado la obtención de pruebas forenses clave.

En el desarrollo del caso, autoridades capitalinas informaron sobre la detención de personas presuntamente relacionadas con el feminicidio, entre ellas la pareja de la víctima y su madre, señalada como posible colaboradora. Paralelamente, se iniciaron investigaciones administrativas y penales contra funcionarios por su actuación.

Edith Guadalupe: omisiones, presión social y corrupción

El 15 de abril de 2026, Edith Guadalupe salió de su casa en la Magdalena Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa, rumbo a una entrevista de trabajo en un edificio de Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

Abordó un mototaxi solicitado mediante aplicación y fue captada por cámaras vecinales y del C5 entrando sola al edificio. La administración del inmueble negó a la familia que Edith hubiera ingresado y no permitió acceso a las cámaras. La familia, al notar que Edith no regresaba ni respondía mensajes, reportó la desaparición esa misma noche.

Funcionarios de la Fiscalía capitalina indicaron a la familia que debían esperar 72 horas antes de iniciar la búsqueda: “Fiscalía lo que nos dijo son 72 horas en espera, porque se pudo ir con el novio, con amigas, pero no, nosotros hicimos todo, Fiscalía no hizo nada, siempre nos dijo que nos teníamos que esperar 72 horas”, dijo la tía de la víctima.

La familia obtuvo videos vecinales y contrató un investigador privado, logrando reconstruir la ruta de Edith. Familiares y amigos bloquearon la circulación en el cruce de Revolución y Rubens para exigir que se agilizara la búsqueda.

Fue entonces que la Fiscalía comenzó las indagatorias, localizando el cuerpo de la joven la madrugada del 17 de abril, dentro de una bolsa y oculto bajo arena en el sótano del edificio.

La Fiscalía detuvo a un guardia de seguridad identificado como principal sospechoso y separó a funcionarios de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas por posibles actos de corrupción y omisiones, luego de que familiares acusaron que había sufrido la exigencia de dinero a cambio de comenzar la búsqueda.

La fiscal Bertha Alcalde afirmó en conferencia: “Ninguna omisión ni actuación fuera de la ley tiene cabida en el servicio público. Ya iniciamos una revisión exhaustiva“.