Suprema Corte firma convenio con autoridades agrarias para proteger la propiedad social

El pasado 10 de abril, la Suprema Corte, Sedatu, Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN) firmaron el primer convenio interinstitucional enfocado en fortalecer la justicia agraria en México, con el objetivo de garantizar la defensa de la propiedad social, el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, así como la protección del territorio y el ambiente, según el comunicado publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dicho acuerdo sienta las bases para que millones de titulares agrarios, cuyas disputas territoriales pueden extenderse por décadas y cuyas sentencias a menudo no resuelven el conflicto de fondo, tengan acceso a mecanismos más ágiles y con perspectiva de derechos humanos.

En México existen 32 mil 500 ejidos y comunidades agrarias, lo que representa aproximadamente la mitad del territorio nacional. Estas organizaciones agrupan a 5.5 millones de personas titulares de derechos agrarios, afirmó Víctor Suárez Carrera, Procurador Agrario.

La firma de este convenio implica “una convicción compartida para defender la propiedad social de la tierra y el territorio, base de los derechos colectivos, la soberanía alimentaria y la paz en el país”. Para el procurador, cualquier acción en favor de estos sujetos de derecho significa también la protección de los modos tradicionales campesinos y el patrimonio biocultural del país.

Acuerdo de la SCJN y el campo busca fortalecer el vínculo entre ambas partes

El acuerdo, encabezado por Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN, busca robustecer el vínculo entre el Poder Judicial y las instituciones agrarias. Permite coordinar la defensa del territorio, el intercambio de información pública y el impulso de mecanismos de atención y capacitación con enfoque de pluralismo jurídico, interculturalidad, perspectiva de género y derechos humanos.

En palabras de Hugo Aguilar Ortiz, el ámbito agrario es “donde más justicia se requiere porque hay conflictos y situaciones jurídicas que han pasado por todo el proceso jurisdiccional, logran una sentencia, pero ese fallo nada resuelve, el conflicto sigue. El tema de la tierra implica una disputa que puede llegar a décadas”.

El ministro reconoció: “La justicia se ha declarado derrotada [...] la justicia agraria rebasa el expediente, rebasa lo que uno puede hacer en el ámbito de la estricta administración de justicia. Se requiere justicia humana, justicia ambiental, justicia territorial y se vuelve multidisciplinario y requiere la conjunción de esfuerzos”.

A la ceremonia asistieron representantes del Poder Judicial, funcionarios federales y líderes de núcleos agrarios. Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Corte, definió la justicia agraria como un “imperativo vigente” ante las presiones que enfrentan la propiedad social y los sujetos agrarios. “Los más de 5 millones de sujetos agrarios [...] requieren un aparato de justicia robusto, accesible, eficaz y sobre todo articulado”, expresó la jueza.

Sara Irene Herrerías Guerra, también ministra de la Corte, destacó que la protección de los derechos agrarios implica “certeza jurídica”. Señaló que la SCJN debe interpretar el artículo 27 “a la luz de su origen social”, lo que refuerza la obligación de amparar a las comunidades agrarias e indígenas. Herrerías Guerra definió la nueva alianza como una continuidad histórica del constitucionalismo social mexicano.

El nuevo convenio busca modernización, atención directa y certeza jurídica

Griselda Martínez Vázquez, subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad de la Sedatu, asistió en representación de la secretaria Edna Elena Vega Rangel. En su intervención, Martínez Vázquez sostuvo que el esfuerzo conjunto permitirá modernizar, agilizar y humanizar la justicia agraria. “Tengan la certeza de que el sector agrario asume este convenio con la mayor responsabilidad institucional y con un compromiso pleno con el humanismo mexicano”, afirmó.

Por parte del RAN, Luis Cruz Nieva advirtió que el nuevo instrumento demanda que la justicia agraria sea culturalmente pertinente y llegue a quienes han enfrentado mayores barreras para acceder a ella.