¿Cuáles son los cambios que ha atravesado la reforma judicial?

La reforma judicial de 2024 marca un cambio de fondo en el sistema político mexicano al establecer que las personas juezas, magistradas y ministras sean electas por voto popular.

El ajuste crucial fue impulsado en los últimos días de la administración de Andrés Manuel López Obrador y cristalizó en una jornada electoral organizada en 2025, bajo condiciones fácticas, políticas y jurídicas muy precisas.

Elegir a quienes imparten justicia en las urnas reemplaza los mecanismos previos de designación, que no dependían de la decisión directa de la ciudadanía. La reforma reformula no solo los procesos de selección, sino la relación de las instituciones judiciales con la sociedad.

El proceso electoral judicial se aceleró en 2025, con una sucesión de etapas jurídicas y hechos públicos que configuraron el ambiente en el que se realizó la primera votación con este modelo. Para valorar el resultado de esta elección judicial, es necesario considerar tanto la evolución legal como los eventos políticos y sociales que la precedieron.

Surgen más inquietudes sobre el poder judicial

Legisladores de Morena han discutido cambios a la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para endurecer los requisitos en la elección de jueces federales.

Luego de que las primeras designaciones dejaron a “candidatos no aptos” en el cargo y provocaron inquietud entre empresas e inversores, se propone discutir sobre la materia.

Las modificaciones incluirían la restitución de exámenes y un proceso de selección más estricto, con el objetivo de revertir una caída en la confianza y el freno a la inversión registrado desde la aplicación de la nueva ley, según revelaron Javier Corral, presidente de la Comisión Judicial del Senado, y Alfonso Ramírez Cuéllar.

Cronología de las modificaciones a la Reforma Judicial

El Ejecutivo federal impulsa una reforma electoral vigente desde el 29 de abril de 2022, bajo el nombre de “Plan A”, que proponía transformar el sistema político de México.

Entre las modificaciones principales destaca la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), la desaparición de los órganos electorales estatales y el reemplazo del actual Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los Organismos Públicos Locales (Oples).

Además, la propuesta contemplaba que la ciudadanía elegiría directamente a las personas magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

La iniciativa no superó entonces el requisito de mayoría calificada en la Cámara de Diputados y es descartada. Como respuesta, el 6 de diciembre de 2022 se anuncia el denominado “Plan B”, compuesto por iniciativas legales que retoman aspectos del primer proyecto. Esta reforma legal recibe 70 votos a favor y 50 en contra en su aprobación el 22 de febrero de 2023.

Diversos sectores señalan vicios en el procedimiento legislativo durante la discusión y votación de “Plan B”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) queda a cargo de revisar la constitucionalidad de los cambios posteriores a su promulgación.

Luego de revisarla, se publica el “Plan C” en el Diario Oficial de la Federación y se inicia el proceso electoral judicial 2025, en el que se eligen los cargos de ministras y ministros de la SCJN.

Más tarde, Claudia Sheinbaum anuncia el “Plan D”. El proyecto incluye tres puntos centrales: la reducción de presupuesto al INE, el recorte de financiamiento a los partidos políticos y la eliminación de las personas legisladoras plurinominales.

La iniciativa plantea una modificación directa al sistema político mexicano, al buscar recortar el gasto federal destinado tanto al Instituto Nacional Electoral como a las fuerzas partidistas, y cambiar la integración del Congreso eliminando los escaños plurinominales.

El “Plan D” marca la primera gran propuesta de reforma electoral bajo la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, que confirma el giro hacia una austeridad presupuestal en materia electoral.