El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) del Estado de Baja California confirmó una sanción formal por violencia política en razón de género en contra del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, derivada de diversas expresiones emitidas en contra de la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La resolución del órgano jurisdiccional también incluye a Alejandro Moreno Berry y al Partido del Trabajo (PT), quienes participaron en las denominadas “Jornadas por la Paz”, donde realizaron declaraciones que, según el tribunal, vulneraron la investidura de la gobernadora.
De acuerdo con el fallo, las manifestaciones realizadas por los implicados generaron confusión respecto a la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, lo cual fue considerado una forma de violencia política basada en género. El tribunal concluyó que dichas expresiones no solo desacreditaron a la gobernadora, sino que también reforzaron narrativas que históricamente han limitado la participación de las mujeres en espacios de poder.
Sanciones del Tribunal Electoral
Como parte de las sanciones impuestas, el Tribunal de Justicia Electoral determinó aplicar una amonestación pública tanto a Jaime Bonilla como a Alejandro Moreno.
Además, ordenó su inscripción en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, una medida que busca visibilizar y prevenir este tipo de conductas.
Asimismo, se establecieron medidas de reparación que incluyen la obligación de los sancionados de recibir capacitación en materia de perspectiva de género, con el objetivo de evitar la reincidencia y fomentar una cultura política más incluyente y respetuosa.
Este fallo adquiere relevancia no solo por el perfil político de los involucrados, sino también por el contexto en el que se emite. La resolución se suma a la reciente vinculación a proceso dictada por un juez en contra de Jaime Bonilla por el caso Next Energy, en el cual enfrenta acusaciones por peculado, uso ilícito de atribuciones y abuso de autoridad.
En los últimos años, las autoridades electorales han reforzado los marcos legales y sancionatorios para garantizar que las mujeres puedan ejercer cargos públicos sin ser objeto de ataques basados en su condición de género.
El Tribunal Electoral subrayó que cualquier manifestación que limite, anule o menoscabe el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres debe ser sancionada conforme a la ley.
Finalmente, la determinación quedó firme, sentando un precedente importante en Baja California y a nivel nacional, al enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la violencia política de género.
Autoridades y organizaciones civiles han coincidido en que este tipo de resoluciones contribuyen a fortalecer la democracia y a garantizar condiciones más justas para la participación política de las mujeres en México.
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