
La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, hizo un llamado público a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que se separe temporalmente de su cargo mientras se esclarecen las acusaciones que pesan contra su exesposo, Carlos Torres, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el narcotráfico y posibles actos de corrupción.
El posicionamiento fue difundido en redes sociales de la Red Nacional de CPC de los sistemas anticorrupción, en el que se subraya que la solicitud de licencia no implica una condena ni una afirmación de responsabilidad por parte de la mandataria estatal.
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“Hacemos un llamado a la Gobernadora del Estado de Baja California para que solicite licencia y se separe temporalmente del cargo mientras la investigación se esclarece y se determina lo conducente por las autoridades competentes”, señala el documento firmado por los participantes.
Los firmantes enfatizaron que se trata de una medida prudencial, orientada a proteger el interés público por encima de cualquier interés personal o político, y a evitar que la investigación en curso pueda verse afectada por percepciones de interferencia, conflicto de interés o debilitamiento institucional.
Respaldo de sistemas estatales y ONG

El pronunciamiento fue respaldado por integrantes de los Sistemas Estatales Anticorrupción de Puebla, Durango, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, así como por al menos siete organizaciones de la sociedad civil y activistas especializados en temas de transparencia y combate a la corrupción.
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En el texto, los firmantes argumentaron que su postura se sustenta en dos principios fundamentales de cualquier democracia: el derecho de la población a vivir en un ambiente libre de corrupción y el derecho a un buen gobierno. Bajo esta lógica, consideraron indispensable tomar medidas preventivas cuando existe una investigación abierta que podría comprometer la legitimidad del ejercicio del poder.
“Sin prejuzgar, sin imputar delitos y respetando plenamente la presunción de inocencia, consideramos que, por razones de integridad pública, gobernabilidad y confianza institucional, resulta indispensable actuar con responsabilidad”, se lee en el documento.
Que investigación sea con transparencia e imparcialidad

Asimismo, las organizaciones y representantes ciudadanos exhortaron a las autoridades federales y ministeriales a conducir la investigación con celeridad, imparcialidad, rigor jurídico y absoluta transparencia, garantizando en todo momento el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.
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“El país necesita certezas, no polarización; instituciones, no sospechas permanentes; gobernantes comprometidos, no proyectos personalistas”, afirmaron los firmantes, al tiempo que reiteraron que su llamado busca fortalecer el Estado de derecho tanto en Baja California como a nivel nacional.
De acuerdo con el posicionamiento, una separación temporal del cargo por parte de la gobernadora permitiría reducir tensiones políticas, preservar la estabilidad institucional del estado y enviar un mensaje claro de compromiso con la legalidad y la rendición de cuentas.
Hasta el momento, Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha emitido una postura pública en respuesta directa a este llamado. En tanto, se confirmó que su exesposo, Carlos Torres, se encuentra bajo investigación de la FGR, aunque las autoridades federales no han detallado públicamente el avance ni el alcance de las indagatorias.
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El caso ha generado un intenso debate en la opinión pública y en círculos políticos, en un contexto nacional marcado por la exigencia ciudadana de mayor transparencia, combate frontal a la corrupción y separación clara entre el poder político y cualquier posible vínculo con actividades ilícitas.
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