Laurence Gray, un ciudadano estadounidense propietario de Grips By Larry, una tienda de armas ubicada en Arizona, fue acusado la semana pasada de cargos relacionados con la presentación de apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa (CDS), cárteles mexicanos que fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras en 2025, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Por medio de un comunicado, la dependencia estadounidense señaló que el pasado 17 de marzo, un gran jurado federal en Phoenix presentó una acusación formal modificada contra Gray, de 65 años y residente de Hereford, Arizona, por intentar brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para brindar apoyo a una organización terrorista extranjera designada.
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Gray compareció el miércoles ante un tribunal federal para la lectura de cargos.
Gray fue acusado en 2025 de delitos de tráfico de armas junto con Barrett Weinberger, de 73 años y residente de Tucson, Arizona. Los cargos originales contra ambos incluían tráfico de armas, complicidad en la compra de armas por testaferros, y complicidad en la presentación de declaraciones falsas durante la compra de un arma. Además de los cargos adicionales relacionados con armas de fuego, la acusación formal sustitutiva de la semana pasada añadió pruebas de apoyo material a los cargos de terrorismo contra Gray.
La acusación formal señaló que Gray intentó proporcionar armas de fuego al CJNG en mayo de 2025 y que conspiró para proporcionar armas de fuego tanto a esa organización criminal, como al Cártel de Sinaloa ese mismo año.
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Ambos cárteles fueron designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad el 20 de febrero de 2025.
La condena por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada, en Estados Unidos, conllevan una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de hasta 250 mil dólares o ambas. Una condena por tráfico de armas de fuego conlleva una pena máxima de 15 años de prisión, una multa de hasta 250 mil dólares o ambas. Una condena por complicidad en la compra fraudulenta de armas de fuego conlleva una pena máxima de 15 años de prisión, una multa de hasta 250 mil dólares o ambas. Una condena por complicidad en una declaración falsa sustancial durante la compra de un arma de fuego conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, una multa de hasta 250 mil dólares o ambas.
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