
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió que impulsar una reforma electoral en marzo de 2026 resulta contraproducente ante el escenario de inseguridad y riesgos económicos que enfrenta el país.
El organismo enfatizó que el debate sobre el cambio en las reglas electorales se da en un momento en que México necesita garantizar condiciones para la inversión y responder a compromisos internacionales, por lo que insistió en que la estabilidad institucional debe prevalecer sobre iniciativas que profundicen la división social.
La COPARMEX en su comunicado publicado este 17 de marzo (mismo día en que el “Plan B” fue presentado al Senado) indica que, por primera vez desde la década de 1990, una propuesta de reforma electoral no surge del consenso ciudadano, lo que implica riesgos para la legitimidad y aceptación social del proceso.
El gremio empresarial remarcó que el sistema electoral nacional se ha construido históricamente mediante amplios acuerdos entre la sociedad civil, la academia y las fuerzas políticas; acuerdos que produjeron la autonomía de las autoridades electorales, transiciones pacíficas de poder y mayor pluralidad.
A juicio de la COPARMEX, cualquier alteración carente de este consenso amplía la polarización y puede acarrear consecuencias para la posición del país en negociaciones estratégicas, como el T-MEC o la actualización del Acuerdo Global México-Unión Europea, informó el propio organismo en su declaración pública.
La COPARMEX cree que la discusión de una reforma electoral podría poner en riesgo compromisos internacionales

El comunicado sostiene que discutir una modificación al marco electoral en el contexto actual podría llevar a que México incumpla obligaciones internacionales en materia de democracia, derechos políticos y elecciones libres, con impacto directo sobre su situación en negociaciones bilaterales y multilaterales.
Para la COPARMEX, la legitimidad de una reforma depende de su proceso de origen y de su aceptación social tanto como de su legalidad: “La legitimidad de cualquier reforma depende no solo de su legalidad, sino también de su origen, su proceso y su aceptación social”, puntualizó el organismo.
En el documento, el gremio patronal enumera los logros alcanzados desde los acuerdos de la década de 1990, entre ellos la autonomía de las autoridades electorales, la inclusión de minorías y la garantía de seguridad jurídica basada en normas claras y predecibles. Según la COPARMEX, estos avances no son concesiones del Estado sino conquistas sociales producto del diálogo y la búsqueda de consensos públicos.
Para los empresarios mexicanos, la prioridad no debe ser la discusión de una reforma electoral

La COPARMEX subraya que la agenda inminente para el país consiste en atender los desafíos de seguridad, justicia y paz, indispensables para crear un entorno atractivo para la inversión. La organización considera que el contexto actual de incertidumbre económica y hechos de violencia en distintas regiones exige eficiencia institucional y resultados tangibles, mientras que nuevos debates sobre el sistema electoral solo amplificarían la confrontación.
En el comunicado, la COPARMEX reafirma su postura a favor de que una eventual reforma electoral debe respetar cinco pilares fundamentales: la autonomía de las autoridades electorales, la pluralidad legislativa, una supervisión rigurosa con fiscalización eficaz, la inclusión de minorías y la seguridad jurídica. Reitera que cualquier iniciativa en este sentido debe originarse en la ciudadanía.
El organismo concluyó asegurando su disposición al diálogo “con respeto y responsabilidad institucional”.
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