
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que desde la difusión del operativo federal que resultó en el abatimiento de “El Mencho”, mantiene comunicación constante con autoridades de los tres niveles de gobierno.
El objetivo principal ha sido garantizar la seguridad en todas las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) y proteger a su personal frente a posibles incidentes derivados de la violencia generada tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El Pleno del OAJ reiteró su compromiso con la protección de jueces, magistrados y trabajadores judiciales, y destacó la importancia de que todos los integrantes del PJF se mantengan informados exclusivamente por canales oficiales para seguir las indicaciones pertinentes.
Día inhábil: decisión de los juzgadores
El Pleno del OAJ respaldó la postura de las personas juzgadoras de evaluar la necesidad de declarar el lunes 23 de febrero de 2026 como día inhábil.
Esta decisión no es automática ni general: corresponde a cada juez o magistrado determinar la suspensión de actividades en su respectivo órgano jurisdiccional.

Cabe aclarar que esta medida aplica únicamente al Poder Judicial de la Federación, incluyendo juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito.
No afecta al gobierno federal, poderes judiciales locales ni a la población en general.
El OAJ enfatizó que la suspensión de labores obedece al contexto de bloqueos, enfrentamientos armados y otras manifestaciones de violencia registradas tras la operación en Jalisco.
Abatimiento de “El Mencho” y reacciones en el país
Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue abatido el domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo en Tapalpa, Jalisco.
Su muerte desató bloqueos carreteros, quema de vehículos y cierres de comercios en varios estados, incluyendo Jalisco, Colima, Michoacán y Tamaulipas.
Según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, “El Mencho” resultó herido durante la intervención y murió al ser trasladado a la Ciudad de México.
En el operativo también fallecieron cuatro integrantes del grupo criminal y tres más resultaron heridos.
La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a mantener la calma y a informarse únicamente por los canales oficiales del Gabinete de Seguridad, reconociendo el trabajo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en la operación.
Perfil de Nemesio Oseguera Cervantes
Originario de la región de Tierra Caliente, con versiones que indican Uruapan o Aguililla, Michoacán, “El Mencho” inició en el narcotráfico en la década de los 90 junto a su cuñado Abigael González Valencia, alias “El Cuini”.

Inicialmente colaboraron con el Cártel de Sinaloa, pero tras la muerte de Ignacio Coronel en 2010, “El Mencho” fundó el CJNG.
Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones más violentas de México y uno de los mayores traficantes de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.
Su abatimiento marca un hito importante en la estrategia de seguridad del país contra el crimen organizado.
Impacto en servicios y recomendaciones de seguridad
Tras la muerte del líder del CJNG, diversas dependencias y servicios adoptaron medidas preventivas, y el OAJ recomendó a sus integrantes permanecer atentos a nuevas disposiciones.

Entre las recomendaciones más relevantes:
- Mantenerse informados únicamente por medios oficiales del Poder Judicial y del Gabinete de Seguridad.
- Respetar las indicaciones sobre posibles días inhábiles y suspensión de actividades jurisdiccionales.
- Evitar traslados innecesarios en zonas afectadas por bloqueos o enfrentamientos.
- Supervisar la seguridad de instalaciones judiciales y reforzar protocolos internos.
- Seguir las alertas emitidas por autoridades locales, estatales y federales.
El OAJ subrayó que estas medidas buscan proteger a los integrantes del Poder Judicial y garantizar la continuidad de operaciones dentro de un contexto de riesgo elevado tras la muerte de “El Mencho”.
La coordinación entre el Órgano de Administración Judicial y las autoridades federales refleja la prioridad por mantener la seguridad en el ámbito judicial y la integridad de su personal ante eventos que impactan directamente la estabilidad nacional.
La evaluación de declarar el 23 de febrero como día inhábil evidencia la prudencia de las autoridades judiciales ante situaciones de riesgo, priorizando la seguridad sobre la rutina administrativa y jurisdiccional.
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