Procesan a seis personas y una empresa por incendio de la tienda Waldos de Hermosillo que dejó 23 muertos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó, mediante un comunicado oficial, que el pasado lunes se llevó a cabo la continuación de la audiencia relacionada con el siniestro ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en una tienda Waldos de Hermosillo, en la que se obtuvieron resoluciones clave para el avance del caso. El hecho dejó 23 personas sin vida.

De acuerdo con la autoridad ministerial, un Juez de Control resolvió la vinculación a proceso de seis personas físicas y una persona moral, al considerar que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra por su probable responsabilidad en los hechos.

La Fiscalía destacó que la determinación judicial representa un paso relevante en el esclarecimiento del caso, al reconocer la existencia de indicios sólidos que justifican la apertura formal del proceso penal.

Delitos imputados y pruebas presentadas

Según lo informado por la FGE Sonora, durante la audiencia se presentaron pruebas periciales, testimoniales y documentales, mismas que permitieron acreditar de manera diferenciada tanto la existencia del siniestro como la probable responsabilidad penal de los imputados.

Los delitos que se investigan incluyen homicidio, diversos tipos de lesiones, daños y aborto, todos cometidos a título culposo, así como incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos.

La Fiscalía subrayó que la imputación se realizó atendiendo el grado de participación de cada persona involucrada, así como el papel de la persona moral en los hechos que derivaron en el siniestro.

Medidas cautelares y situación legal de los imputados

El Juez de Control determinó que la mayoría de las personas vinculadas enfrenten el proceso en libertad, bajo medidas cautelares, entre las que se encuentran la presentación periódica ante la autoridad, la exhibición de una garantía económica y la prohibición de salir del estado.

No obstante, en el caso del representante legal de la empresa, el juzgador consideró procedente la prisión preventiva justificada. Sin embargo, dicha medida no se ha ejecutado, debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo, situación que —según la Fiscalía— será impugnada por la propia institución.

Asimismo, se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el cual la Fiscalía buscará robustecer el acervo probatorio para el esclarecimiento total de los hechos.

Personas no vinculadas y postura de la Fiscalía

Durante la audiencia, el Juez determinó no vincular a proceso a dos personas. En uno de los casos, por considerar que la presunta conducta delictiva se encontraba prescrita, y en el otro, al estimar que no se acreditaba su probable responsabilidad.

La FGJES puntualizó que no comparte dicho criterio y anunció que apelará la decisión, al considerar que existen elementos suficientes para que ambos casos sean revisados por una instancia superior.

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su compromiso con las víctimas y sus familias, asegurando que continuará trabajando para garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso en este caso de alto impacto social.