La reciente polémica en torno a la adquisición de camionetas blindadas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado un debate profundo sobre el uso de recursos públicos, la protección de servidores del Estado y la demanda de austeridad en el contexto de la seguridad nacional.
Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, también abordó el tema, destacando la importancia de la congruencia de los servidores públicos en un momento en el que la sociedad mexicana demanda garantías de paz y seguridad.
De acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados, en entrevista antes del inicio de la sesión legislativa, al tratar el tema de la devolución de los vehículos de la SCJN, López Rabadán insistió: “Debemos de ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos y eso nos toca a todos. Necesitamos congruencia, si decimos una cosa hay que hacerla y me parece que hoy México exige eso, exige que los servidores públicos nos comportemos a la altura de las prioridades en este país”.
López Rabadán expresó, además, sobre la necesidad de que las autoridades actúen coordinadamente para llevar ante la justicia a los responsables de los recientes ataques en Guanajuato.
Posicionamiento de la Suprema Corte sobre el tema de las camionetas
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, explicó en conferencia de prensa este 26 de enero que originalmente se adquirieron 43 vehículos blindados el 1 de septiembre de 2025 para uso de ministros y ministras, aunque finalmente se recibieron 39.
Aguilar Ortiz puntualizó que se trataba de la renovación del parque vehicular debido al mal estado de las unidades anteriores, tras identificar fallas mecánicas y realizar análisis de riesgo. Detalló que los ministros optaron desde el inicio por no utilizar los vehículos suburban, al considerarlos excesivos, y permanecieron con unidades tipo jeep para su traslado.
La controversia se intensificó en redes sociales y medios luego de que se conoció que cada camioneta podía alcanzar un valor de hasta 1.7 millones de pesos, dependiendo del equipamiento y nivel de blindaje.
En respuesta a la indignación pública, Aguilar Ortiz aseguró que la medida adoptada por la SCJN responde a un compromiso sustentado en la austeridad. El presidente del máximo tribunal sostuvo:
“Hemos escuchado los cuestionamientos y hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos. La austeridad no es un acto simbólico, serviremos al pueblo con el mínimo necesario. Seguridad no implica lujo”.
Sheinbaum justificó la adquisición de las camionetas de la Suprema Corte
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la compra al asegurar que el cambio en el esquema de adquisición permitió un ahorro superior a mil millones de pesos respecto al sistema de renta anterior, respaldando la medida bajo argumentos de seguridad y cumplimiento de normativa interna.
Sin embargo, Sheinbaum agregó que corresponde al Poder Judicial responder a los señalamientos y celebró que las decisiones de la Corte sean ahora motivo de discusión pública.
La SCJN aclaró, al momento de informar de la compra, que la adquisición de las camionetas correspondió a la normatividad interna establecida desde 2019, que obliga a reemplazar estos vehículos cada cuatro años o antes si se identifican condiciones inseguras. El máximo tribunal precisó que el número de unidades dadas de baja superó a las compradas, evitando un aumento en el patrimonio vehicular y, por ende, en el gasto público.
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