
Durante la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, el legislador priista Rubén Moreira lanzó un llamado urgente a la mayoría parlamentaria para frenar y revisar la iniciativa sobre vapeadores.
El diputado advirtió que el tipo penal planteado en la reforma podría derivar en interpretaciones ambiguas y, peor aún, abrir espacios a extorsiones por parte de autoridades.
Moreira pidió hacer un receso antes de votar: “Yo le pediría a la mayoría que reflexione el tipo penal que está ahí, porque a lo mejor no es lo que ustedes quieren, pero es lo que se va a interpretar”, señaló.
Explicó que, si un joven es detenido con un vapeador, algunos agentes podrían “encuadrar” conductas delictivas inexistentes para presionarlo: “Cuando menos para la extorsión, cuando menos para quitarle una lanita. Tengan cuidado con lo que van a votar. Mucho cuidado porque es peligroso.”

El legislador insistió en que el problema no es la intención sanitaria de la reforma, sino cómo está redactada, pues podría generar consecuencias no contempladas por quienes impulsan la prohibición casi total de estos dispositivos.
¿Qué plantea la ley de vapeadores?
La propuesta de reforma a la Ley General de Salud busca imponer una prohibición amplia que abarque la producción, importación, exportación, venta, distribución, promoción y publicidad de vapeadores y dispositivos similares.
La medida concentra su fuerza en sancionar a quienes participan en el mercado, no a los usuarios.
De acuerdo con el dictamen, se consideran infracciones graves acciones como fabricar o comercializar estos productos, con penas de 1 a 8 años de prisión y multas que pueden superar los 226 mil pesos.
Además, la COFEPRIS recibiría mayores facultades para asegurar mercancía en operativos.
El marco no incluye penas de cárcel para consumidores; en su caso, se contempla información sanitaria, apercibimientos y campañas de concientización.
El proyecto hace una distinción importante: los sistemas de tabaco calentado, como los IQOS, quedan en un régimen distinto, pues la ley vigente los clasifica dentro de los productos de tabaco permitidos.
Entre los posibles problemas, legisladores han mencionado
- Ambigüedad en el tipo penal, que podría dar pie a abusos o interpretaciones erróneas.
- Riesgo de extorsiones, especialmente contra jóvenes portadores de vapeadores.
- Incremento del mercado ilícito, con productos sin regulación ni control sanitario.
- Desplazamiento del consumo hacia dispositivos permitidos pero igualmente riesgosos.
- Debate inconcluso sobre si prohibir o regular para tener mayor trazabilidad y control.
¿En qué va el proceso legislativo? La reforma avanza, pero podría tener ajustes
La legislación sobre vapeadores avanza a paso firme.

La Cámara de Diputados ya aprobó las reformas relacionadas con la prohibición total de su comercialización, producción e importación.
El dictamen fue turnado al Senado, donde se prevé una votación final, aunque legisladores de Morena han dejado abierta la posibilidad de modificar algunos puntos para evitar sanciones a consumidores.
El debate se inserta en una semana clave en San Lázaro, donde también se discuten otras reformas prioritarias, como la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y la Ley de Economía Circular.
En este contexto, la iniciativa sobre vapeadores se mantiene como una de las propuestas más controvertidas del periodo, con un consenso creciente en torno a proteger a jóvenes, pero con desacuerdos sobre el alcance y la aplicación de sus sanciones.
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