
En menos de un año autoridades de Veracruz autorizaron y retiraron el contrato a una empresa de combustible que, según investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), específicamente en el robo de combustibles, acciones identificadas como huachicoleo.
Fue durante el martes 10 de septiembre que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) informó sobre sanciones en contra de varias personas y empresas al parecer con conexiones con el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
Entre los sujetos identificados está un hombre apodado El Tanque, quien es señalado como un miembro de alto rango del CJNG y quien reporta de manera directa al líder de dicha estructura delictiva.

Empresa ligada al CJNG y que obtuvo un terreno de parte de autoridades
Entre las personas sancionados para la OFAC también está José Saúl Rodríguez Hernández, a quien se le señala como “un importante testaferro de El Tanque, ocupando diversos cargos y actuando como la cara pública de varias empresas relacionadas con el combustible en la red de El Tanque”.
Pero dicha persona también aparece en los registros de la LXIV legislatura del Congreso de Veracruz, el 2 de febrero de 2016. En dicha ocasión, se preveía la creación de empleos a raíz de la construcción
“La instalación de una planta etanolera en Tierra Blanca que prevé generar -durante su edificación y operación- más de mil empleos, es una importante acción que impulsará la economía de la zona, según señaló la diputada Marcela Aguilera Landeta, quien habló sobre la donación de un terreno de 47 hectáreas del Predio San Blas a favor de Etanoplus, S.A. de C.V., hechos que fueron autorizados por la Legislatura.
En los registros además fueron identificados los dirigentes de la empresa José Saúl Rodríguez Hernández e Higia Cuevas Mora. Etanoplus es una de las empresas señaladas en el reporte del Departamento del Tesoro junto con varias más.
Empresa termina demandada

Ya desde inicios del 2016 se advertí que Comisión Permanente de Procuración de Justicia y la Comisión Permanente de Hacienda Municipal eran las instituciones encargadas de supervisar que las instalaciones fueran usadas con el fin adecuado y que las acciones podrían revertirse.
En caso de que fuera determinado que la empresa no cumplía las obligaciones “la autorización del Congreso local se dará por revocada sin necesidad de declaración judicial y la propiedad se revertirá al patrimonio de Tierra Blanca”, se puede leer.
Mientras que en un documento con fecha de noviembre de 2016 y revisado por Infobae México se puede leer que a la empresa mencionada le fue revocada la donación del terreno, lo anterior debido al incumplimiento de sus deberes, con ello el suelo volvía a ser parte del patrimonio municipal.

Aunado a ello, la empresa Etanoplus fue demandada por una cifra millonaria.
Y es que cuando el notario público acudió al terreno donado se dio cuenta de que no había señales de que hubiera iniciado la obra referida además de que la empresa no había iniciado algún trámite ante las instituciones municipales respecto a los permisos de construcción.
De igual manera la empresa no notificó las condiciones que la habrían llevado a no iniciar las actividades de construcción, según aparece en el archivo de siete páginas.
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