
El ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, expuso sus premoniciones ante el inminente conflicto constitucional que se avecina con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, por la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que abrazan a ministros, jueces y más.
A través de redes sociales, el también ex aspirante de la coordinación a los Comités en Defensa de la 4T resaltó que la pelea entre los dos Poderes puede calificarse como un “diferendo histórico y memorable” ante el carente marco normativo que destaca al caso, pues aquellos en resolver el conflicto son los mismo que se verían afectados en dicha iniciativa.
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El pasado 11 de octubre, la bancada de mayoría (Morena y aliados) aprobaron el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se pretendía, en rasgos generales, eliminar la mayoría de los fideicomisos de dicho organismo. La determinación fue rechazada por los partidos de oposición, los cuales adelantaron que impugnarían ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que la iniciativa “es un ataque frontal” al Poder Judicial.
Ante esto, el senador con licencia de Morena destacó que es en esta acción de inconstitucionalidad donde se enfrentarán las controversias normativas, pues la parte afectada (el Poder Judicial) será el órgano que resuelva el conflicto a través de los magistrados del máximo tribunal de justicia del país.
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“¿Dónde está el problema inconstitucional?, en que los ministros son a la vez juez y parte. Juez y parte interesada en la acción de constitucionalidad que promoverán los legisladores de la oposición.”, destacó.
El legislador mencionó que la objetividad de los jueces podría verse trastocada ya que son sus intereses monetarios lo que se ven afectados por la iniciativa presentada por los partidos del oficialismo. En este sentido, Monreal Ávila adelantó que una de las soluciones para la imparcialidad en el caso sería que la Corte se abstuviera de conocer la controversia ante el conflicto de intereses.
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“Cuando un juez se encuentra en una situación así, la legislación y el sentido común indican que deberán de excusarse, es decir declinar de conocer el caso y votar por su resolución, porque está afectado de parcialidad.”, indicó.

No obstante, el senador recordó y enfatizo que, al no haber otro organismo que pueda resolver la inconstitucionalidad de la queja, “nos enfrentamos a un hoyo negro constitucional”, en donde se presenta sólo dos vías posibles: la endógena y la exógena.
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La primera de ellas consiste en remitir el caso al Consejo de la Judicatura Federal, un Tribunal dentro de otro Tribunal, no obstante, un precedente como dicha constitucionalidad, y al ser parte del mismo poder, esta opción de igual manera se ve denegada. La siguiente vía sería llevar la controversia al Legislativo, pues cuando el Poder Judicial se ve envuelto en disputa, son los legisladores quienes resuelven el conflicto.

Sin embargo, esta opción también se ve imposibilitada, pues el Poder Legislativo, de igual manera, se presenta como una de las partes en conflicto que actuaría a favor de sus intereses. A este problema, el senador lo califica como hiper controversia constitucional, la cual se resolvería a través de un voto popular.
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“Ambos poderes en conflicto se sujeten a la fuente directa del poder originario de los poderes constitucionales que es la mayoría voluntaria del pueblo o de la ciudadanía.”, acotó el legislador.
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