
Las autoridades investigan el hallazgo de siete cuerpos desmembrados en pleno centro de la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, en el sur del país.
La Fiscalía General del Estado confirmó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en contra de quien, o quienes resulten responsables de los hechos.
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La FGE indicó la noche del sábado 24 de junio en un comunicado que junto a los “cuerpos mutilados” se encontraron “diversos indicios que contienen información relevante a ser analizada y utilizada para las indagatorias correspondientes” aunque no especificó de qué se trataba.
“Esta dependencia informa que el equipo especializado en identificación humana realiza los trabajos técnicos y científicos necesarios para la plena identificación de los cuerpos”, explicó la FGE en un boletín informativo.
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Según medios locales, varias extremidades de los cadáveres estaban tiradas en los alrededores y unas cabezas humanas se encontraron en un vehículo junto a carteles que contenían amenazas contra miembros del ayuntamiento de la ciudad.
La fiscalía no confirmó en su comunicado tales detalles, pero sí mencionó que “la dependencia es intolerante a los actos de corrupción de servidores públicos propios y ajenos a la institución”.
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La FGE no lo confirmó oficialmente pero la prensa local identificó a cuatro de los cuerpos como integrantes de una familia desapareció el pasado 10 de junio cuando salieron de la capital guerrerense con destino a la comunidad de Palo Blanco.

Las y los integrantes de aquella familia fueron identificados como Elizabeth Catalán Olalde, Eloy Peralta García, su hijo Diego Gael y su novia Brithany Castro Santiago.
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Aunque en distintas localidades del estado se realizaron manifestaciones para exigir la aparición con vida de los integrantes de aquella familia, días después en redes sociales fue publicado un video en el que aparecen los cuatro con las manos atadas mientras son interrogados.
En la grabación, la familia admite haber participado en el asesinato del director del Hospital Comunitario de Quechultenango, Miguel Ángel Casarrubia Pérez, el cual ocurrió al sur de la ciudad de Chilpancigo, así como el del periodista Fredid Román. También habrían admitido prestar servicios a un grupo criminal no especificado.
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En dicha confesión los miembros de la familia habrían confesado que Casarrubia Pérez era quien le curaba las heridas a los Ardillos, grupo criminal de Guerrero.
Las autoridades hallaron cinco cabezas humanas, el resto de los cuerpos y dos cartulinas de colores fosforescentes que contenían mensajes intimidatorios dirigidos a la Presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, así como al síndico Andrei Marmolejo Valle.
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Los responsables del multihomicidio presuntamente serían integrantes de un grupo delictivo que opera bajo las órdenes de Jesús Baltazar Moreno, alias “El M” y de un segundo sujeto apodado “Chino” o “Bambi”, de acuerdo con otra de las cartulinas abandonadas en el lugar del hallazgo.
Guerrero es un estado con gran incidencia de la delincuencia organizada, con distintos grupos que se disputan el control del territorio. Es también la región donde en 2014 tuvo lugar uno de los crímenes de mayor impacto dentro y fuera del país: la desaparición de 43 estudiantes de una escuela para profesores rurales.
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