
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario resolvió que las tres investigaciones por presuntos hechos de corrupción contra el exjuez federal Marcelo Bailaque sean examinadas en un único juicio oral y público. Los expedientes comprenden supuestas extorsiones a empresarios, operaciones financieras irregulares y decisiones judiciales que habrían favorecido a personas vinculadas con el narcotráfico.
La decisión fue adoptada por los jueces Elida Vidal y Aníbal Pineda, tras la finalización de las audiencias de control de las acusaciones. Los magistrados también prorrogaron por seis meses el arresto domiciliario que cumple Bailaque, con monitoreo electrónico, o hasta el comienzo del debate, lo que ocurra primero.
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Según informó el Ministerio Público Fiscal, la Unidad Fiscal Rosario había solicitado que los tres casos fueran tratados conjuntamente debido a la vinculación entre los hechos y las pruebas reunidas. La acusación prevé solicitar diez años de prisión, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y multas. Los delitos atribuidos incluyen extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, recepción de dádivas y lavado de activos agravado.

Al fundamentar la unificación, Pineda sostuvo: “Existe conexidad objetiva y subjetiva entre los hechos investigados respecto de Bailaque en su rol de juez. Los delitos por los cuales se lo acusa se relacionan con hechos en el ejercicio de la magistratura”. Vidal coincidió en la conveniencia de analizar las pruebas en un mismo proceso para agilizar su tratamiento.
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Bailaque renunció en junio de 2025 al Juzgado Federal N.º 4 de Rosario, mientras el Consejo de la Magistratura avanzaba con un procedimiento por presunto mal desempeño. Su dimisión fue aceptada con efecto desde el 1 de julio, cuando perdió su inmunidad de arresto y comenzó a cumplir prisión preventiva domiciliaria.
Las tres acusaciones
La primera investigación involucra también al financista Fernando Whpei, al escribano Santiago Busaniche y al exfuncionario de la AFIP Carlos Vaudagna. Según la hipótesis fiscal, entre 2019 y 2024 habrían coordinado actuaciones judiciales y administrativas para presionar a empresarios. En uno de los episodios, exigieron presuntamente 200.000 dólares para evitar perjuicios en una causa penal. El damnificado habría entregado 160.000 dólares.
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En ese expediente, Bailaque también está acusado de recibir pagos mensuales de Whpei a través de la mutual Siempre Joven, entre enero de 2019 y enero de 2025, por un total de 5.719.194 pesos.

Otra imputación alcanza a su esposa, Graciela Martínez Maulion. Los investigadores sostienen que ambos utilizaron fondos de origen ilícito para adquirir derechos sobre un terreno en un barrio cerrado de Funes. La operación se habría concretado en agosto de 2020 mediante el pago de 70.000 dólares en efectivo, por debajo del valor de mercado.
La segunda causa está relacionada con la intervención judicial de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín. La acusación sostiene que el entonces magistrado adoptó resoluciones contrarias a derecho para beneficiar a Whpei, con quien mantenía una relación que habría ocultado.
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Entre las medidas cuestionadas figura la liberación de depósitos bancarios de la entidad para destinarlos a operaciones financieras con empresas vinculadas al financista. En abril de 2021, Bailaque autorizó primero el desbloqueo de 150 millones de pesos y posteriormente de otros 1.000 millones.
La tercera investigación examina su actuación en expedientes relacionados con la organización narcocriminal de Esteban Lindor Alvarado, condenado a prisión perpetua. También está imputado el contador Gabriel Mizzau, señalado como amigo personal del exjuez y vinculado con empresas utilizadas por esa estructura delictiva.
De acuerdo con la acusación, entre 2014 y 2015, Bailaque dictó resoluciones contrarias a derecho que habrían paralizado investigaciones y favorecido los intereses de Mizzau.
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Los fundamentos de la prórroga del arresto domiciliario
Para mantener la prisión preventiva domiciliaria, los camaristas consideraron los riesgos procesales planteados por los fiscales, especialmente la necesidad de proteger a quienes podrían declarar durante el juicio.
Entre los posibles testigos se encuentran empleados judiciales y personas vinculadas con Busaniche, también imputado en una de las investigaciones.
Los jueces ponderaron, además, la gravedad de los hechos atribuidos y la pena prevista por la acusación. En ese sentido, señalaron que una eventual condena por los delitos imputados implicaría una sanción de prisión de cumplimiento efectivo.
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