
La inminente puesta en marcha del sistema acusatorio en la Justicia Federal porteña llevó a los cinco integrantes de la Cámara Federal a reunirse con los jueces de primera instancia de Comodoro Py, para relevar las necesidades de los tribunales y coordinar respuestas antes de la reforma, prevista para el 15 de febrero de 2027.
El encuentro reunió a los camaristas del tribunal que revisa las decisiones de los doce juzgados federales de primera instancia Eduardo Farah, Mariano Llorens, Pablo Yadarola, Pablo Bertuzzi y Roberto Boico con los magistrados a cargo de investigaciones por corrupción en la función pública nacional, narcotráfico y trata de personas, entre otras.
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Los jueces fueron llegando puntuales desde minutos antes de las 10 a la cita en una de las salas de audiencia del segundo piso, sede de la Cámara Federal, y se ubicaron alrededor de una mesa ovalada. En la cabecera se sentaron los cinco integrantes de la Cámara Federal.
Por los juzgados federales de primera instancia hubo asistencia perfecta: estuvieron los jueces Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y Julián Ercolini. Faltó de manera presencial María Servini, pero se mantuvo en contacto con los magistrados durante la reunión, explicaron algunos asistentes.
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Diálogo e intercambio
La reunión tuvo como propósito generar un espacio de diálogo e intercambio sobre cuestiones vinculadas a la gestión judicial, conocer de primera mano las necesidades y requerimientos de cada dependencia, y avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas.

Durante poco más de una hora se analizó la necesidad de fortalecer la articulación entre los juzgados y la instancia de apelación, de optimizar recursos disponibles y “promover una gestión judicial más eficiente, coordinada y orientada a mejorar el funcionamiento de los tribunales”, se informó una vez que terminó el encuentro.
Se habló también de llevar adelante una agenda de trabajo común con cooperación institucional y diálogo permanente. El objetivo fue comenzar a trabajar con un funcionamiento más “transversal”, explicaron luego participantes del encuentro.
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La aplicación del nuevo régimen modificará el esquema de investigación penal en la jurisdicción federal de la Ciudad de Buenos Aires. Los fiscales pasarán a conducir las pesquisas, mientras que los jueces concentrarán sus tareas en el control de garantías y la resolución de controversias entre las partes.
El modelo acusatorio ya funciona en otras jurisdicciones federales del país y ahora se prepara su llegada a los tribunales de Comodoro Py.
Durante la reunión, los magistrados analizaron el funcionamiento cotidiano de cada dependencia y los recursos disponibles. También plantearon la necesidad de mejorar los canales de articulación entre los juzgados de primera instancia y la Cámara, que revisa las decisiones apeladas por las partes.
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Los participantes buscaron establecer un ámbito de intercambio para evaluar requerimientos particulares de cada juzgado y avanzar en soluciones compartidas. Entre los ejes abordados figuraron la distribución de recursos, la coordinación institucional y la adaptación de las estructuras de trabajo al nuevo sistema.
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