Tres ciudadanos ecuatorianos fueron condenados a 13 años de prisión cada uno por transportar 2,987 kilogramos de cocaína en una embarcación semisumergible interceptada en aguas cercanas a Punta Burica, en la provincia panameña de Chiriquí.
La operación permitió localizar 2,560 paquetes de droga distribuidos en 128 bultos, durante un procedimiento realizado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
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La sentencia fue dictada por el juez de garantías Roger Ibarra Caballero, quien validó un acuerdo de pena alcanzado entre las partes dentro del proceso penal. Los condenados, de 29, 44 y 47 años, fueron declarados responsables del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de tráfico internacional de drogas.
El decomiso se produjo el 3 de noviembre de 2026, en el sector de Punta Burica, ubicado en el distrito de Barú, cerca de la frontera con Costa Rica. Durante la inspección, las unidades aeronavales encontraron 128 bultos que contenían paquetes rectangulares, cuyo contenido fue sometido a los procedimientos de verificación correspondientes.
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Las autoridades determinaron que el cargamento correspondía a 2 millones 987 mil gramos de cocaína, equivalentes a 2,987 kilogramos, una cantidad cercana a las tres toneladas. La droga estaba distribuida en 2,560 paquetes, aunque el informe judicial no precisó el origen del cargamento ni el destino final que tenía previsto.
La embarcación utilizada para el transporte también quedó comprendida en las medidas judiciales. Mediante la sentencia condenatoria número 730, el juzgador ordenó el decomiso del semisumergible, dos motores fuera de borda y otros artículos encontrados en su interior, como parte de las consecuencias legales derivadas del proceso.
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El decomiso de este tipo de embarcaciones refleja el uso de medios marítimos especializados para movilizar grandes cargamentos de estupefacientes. Los semisumergibles están diseñados para navegar con una parte considerable de su estructura cerca de la superficie del agua, lo que dificulta su identificación durante las operaciones de vigilancia marítima.
A diferencia de los submarinos convencionales, estas embarcaciones no necesariamente pueden sumergirse por completo, aunque su configuración permite reducir la parte visible durante la navegación. Su utilización en el tráfico internacional de drogas representa un desafío para las autoridades encargadas de controlar las rutas marítimas y detectar movimientos sospechosos.
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Durante la audiencia celebrada ante el Sistema Penal Acusatorio, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Adán Candanedo, mientras que los defensores públicos Micaela Morales, Dionisio Beitia y Yahaira Serrano asumieron la representación legal de los tres procesados. La condena fue resultado de un acuerdo de pena, posteriormente aprobado por el tribunal.
El procedimiento permitió resolver la causa penal pocos días después del decomiso, ocurrido durante las celebraciones patrias de noviembre.
En otro caso relacionado con el tráfico de sustancias ilícitas, dos personas fueron enviadas a detención provisional en la provincia de Los Santos, después de ser vinculadas con el presunto traspaso de drogas hacia la cárcel pública de Las Tablas. La medida cautelar fue ordenada por un juez de garantías mientras continúan las investigaciones.
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Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2026, cuando dos personas presuntamente introdujeron una bolsa por la Torre número 1 del centro penitenciario. En su interior había tres paquetes forrados que contenían cocaína, marihuana y metanfetamina, según la información divulgada por la Procuraduría General de la Nación.
La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Los Santos presentó la imputación contra ambas personas, luego de que el tribunal declarara legales sus aprehensiones. El juzgador también ordenó mantenerlas bajo detención provisional, al considerar procedente la medida cautelar solicitada durante las audiencias de control de garantías.
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