El procurador general Eduardo Casal sostuvo ante la Corte Suprema que la causa por lavado de dinero que pone bajo sospecha a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debería tramitar ante la justicia federal porteña, en lugar del Juzgado Federal de Campana.
En su dictamen, expuso que asignar el caso a Campana sería una violación manifiesta de las reglas de competencia, porque no existen actos relevantes ni otros vínculos jurídicos que conecten la investigación con esa jurisdicción.
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Con su opinión, el jefe de los fiscales respaldó la queja contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que por mayoría había declarado competente al juzgado de Adrián González Charvay.
A su vez, señaló que existen numerosas actuaciones vinculadas con los hechos investigados y que distintos órganos judiciales ya intervinieron en planteos de competencia. Esa dispersión, advirtió, exige una resolución rápida para evitar una actividad jurisdiccional “dispendiosa y eventualmente inútil”.
Según el escrito, la coherencia judicial busca impedir que el proceso se convierta en “un juego de sorpresas” contrario a la buena fe que debe regir las relaciones jurídicas.
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La opinión de Casal corresponde a la investigación vinculada a los supuestos testaferros de la mansión de Pilar, que atravesó al menos tres cambios de jurisdicción. Se inició en Comodoro Py, en el juzgado de Daniel Rafecas, pasó al fuero Penal Económico de Capital Federal con Marcelo Aguinsky y finalmente fue enviada al Juzgado Federal de Campana, a cargo de González Charvay.
Los argumentos
Para el procurador, la presencia en Campana de un inmueble cuya compra podría haber sido una inversión de fondos de origen ilícito no basta para radicar allí la causa.
Afirmó que para determinar el tribunal territorialmente competente, existieron otros factores que deben evaluarse: el domicilio de las personas humanas o jurídicas, la sede de la administración y el lugar donde se celebraron los actos jurídicos relevantes. Consideró que ninguno de esos criterios favorece a Campana.
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Agregó que “hubo repetidos e infundados intentos de desplazar la competencia hacia la sede de Campana, pese a estar establecido que ninguna acción con relevancia típica fue cometida en esa jurisdicción, ni existen otros elementos que puedan ser tenidos en cuenta para favorecerla”.
Por otra parte, recordó que la Corte admite intervenir antes de la sentencia final cuando se verifica una violación “prístina y grosera” de las reglas de competencia y no existe otra vía de revisión eficaz.
La presentación también invocó precedentes en los que el máximo tribunal revocó decisiones sobre competencia cuando los hechos investigados se vinculaban con actuaciones desarrolladas en otra jurisdicción.
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El expediente
La causa investiga un presunto esquema de lavado de activos alrededor de una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, y de una flota de vehículos de alta gama.
Los principales investigados son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes figuran como titulares de la empresa Real Central SRL, una sociedad vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
La sospecha se basa en que Pantano y Conte no tendrían ingresos ni capacidad económica declarada acordes con el valor de la propiedad, valuada en alrededor de USD 17 millones, y tampoco de los vehículos.
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Además, se investigan vínculos de la firma con la AFA: entre ellos, pagos por cerca de $ 415 millones a Real Central SRL bajo el concepto de servicios de logística y traslados.
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