Las causas contra jueces que heredará la nueva integración del Consejo de la Magistratura

La próxima integración del Consejo de la Magistratura de la Nación, cuyos integrantes comenzarán a renovarse el 18 de noviembre, heredará una serie de investigaciones abiertas contra jueces federales y nacionales. Los expedientes se encuentran bajo la órbita de la Comisión de Acusación, encargada de examinar las denuncias por presunto mal desempeño que pueden derivar en procesos de remoción.

De acuerdo con el relevamiento oficial actualizado a fines de octubre, al que accedió Infobae, el organismo contabilizaba 25 registros de expedientes vinculados con 15 magistrados, entre ellos Gastón Salmain, destituido posteriormente.

La documentación comprende presentaciones efectuadas entre 2023 y 2026 y muestra diferentes etapas procesales. En algunos casos se recibieron declaraciones testimoniales, se ordenaron medidas de prueba o se incorporaron descargos de los jueces investigados. Otros legajos registran intervenciones recientes, próximas al vencimiento de los mandatos de los actuales consejeros.

El recambio en el organismo tendrá lugar después de un período en el que fueron removidos cuatro magistrados por decisión del Jurado de Enjuiciamiento: Walter Bento, Martín Poderti, Alfredo López y Gastón Salmain.

La destitución más reciente se produjo el jueves 29 de octubre, cuando el Jurado resolvió por unanimidad separar de su cargo a Salmain, hasta entonces titular del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario. El tribunal consideró probado que había omitido declarar una cesantía dispuesta por la Corte Suprema en 2002 durante su participación en 33 concursos judiciales. En cambio, el Jurado desestimó el cargo referido a un presunto acuerdo para dictar resoluciones a cambio de sobornos en el expediente conocido como Attila. Tras la pérdida de su inmunidad de arresto, el juez federal Carlos Vera Barros ordenó su detención bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en el marco de esa investigación penal.

La renovación también alcanzará la conformación de la Comisión de Acusación, presidida por Alberto Maques, con Rodolfo Tailhade como vicepresidente y Andrés Leandro García como secretario. El cuerpo está integrado, además, por los consejeros Álvaro González, Gonzalo Gabriel Roca, César Grau, Luis Juez y Vanesa Siley. La próxima composición deberá continuar el tratamiento de las actuaciones que permanezcan pendientes.

Las investigaciones contra Maraniello, Villena y Pozzer Penzo

Uno de los magistrados con mayor cantidad de actuaciones registradas es Alejandro Patricio Maraniello, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N.º 5, investigado a raíz de distintas denuncias vinculadas con su desempeño funcional.

El cuadro consigna seis expedientes asociados a su nombre: 112/2023, 165/2024, 145/2025, 155/2025, 159/2025 y 21/2026. Algunos fueron acumulados, por lo que la cantidad de registros no equivale al número de investigaciones autónomas. En particular, el expediente 165/2024 reúne actuaciones remitidas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, junto con otras denuncias incorporadas posteriormente.

Durante diciembre de 2025, la Comisión de Acusación dispuso declaraciones testimoniales y distintas diligencias probatorias. El magistrado presentó su descargo en enero de 2026 y amplió sus argumentos al mes siguiente, en el marco de un procedimiento que también incluyó planteos de nulidad y solicitudes de archivo.

Entre las acusaciones examinadas figuran presuntos episodios de abuso sexual, violencia de género y hostigamiento laboral, denunciados por empleados judiciales a través de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, además de presentaciones efectuadas ante organismos del fuero. Durante las audiencias celebradas en marzo, trabajadores y funcionarios describieron supuestos maltratos, exigencias relacionadas con la vestimenta de las empleadas y un manejo discrecional del personal.

Los testimonios también alcanzaron al funcionamiento de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), entidad presidida por Maraniello. Una secretaria judicial sostuvo que el magistrado habría utilizado recursos públicos y personal del juzgado para desarrollar actividades de esa organización. Otros declarantes hicieron referencia a la asignación de tareas ajenas a las funciones judiciales. La defensa, por su parte, presentó testigos que respaldaron la conducta del juez y rechazaron las imputaciones.

Maraniello también fue denunciado por presunto mal desempeño a raíz de una medida cautelar dictada el 1 de septiembre de 2025, mediante la cual ordenó suspender la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en medio de la controversia por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre quienes cuestionaron la resolución se encuentran el legislador porteño Hernán Reyes y la entonces diputada nacional Marcela Campagnoli, quienes consideraron que la decisión constituía un supuesto de censura previa.

Otro de los jueces comprendidos en el relevamiento es Federico Hernán Villena, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Lomas de Zamora, quien intervino en una investigación contra Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, empresario cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

La causa abarcaba presuntas maniobras de lavado de activos y evasión tributaria. Sin embargo, en mayo de 2026, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, ordenó unificar las investigaciones contra Vallejo en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella. En consecuencia, Villena debió remitir las actuaciones que tramitaban bajo su intervención.

En el Consejo de la Magistratura, Villena figura en el expediente 182/2023, iniciado el 1 de diciembre de 2023 a partir de una comunicación de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. La denuncia está relacionada con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus competencias judiciales, por haberse atribuido intervenciones en causas que, según los cuestionamientos, correspondían a otros magistrados.

El juez presentó su descargo el 10 de mayo de 2024. Posteriormente, la Comisión de Acusación impulsó medidas para recabar documentación sobre distintos expedientes judiciales y verificar sus respectivas radicaciones. La investigación está a cargo del consejero instructor Álvaro González y registra una nueva presentación incorporada el 16 de octubre de 2026.

El próximo 1 de diciembre se cumplirán tres años desde el ingreso de la denuncia. La Ley del Consejo de la Magistratura contempla ese plazo para resolver la apertura del procedimiento de remoción y establece que, si transcurre sin tratamiento en comisión, corresponde remitir las actuaciones al plenario para su consideración inmediata.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo, quien intervino en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, también aparece entre los magistrados denunciados. El documento identifica los expedientes 46/2025 y 178/2025, originados en comunicaciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.

La segunda actuación ingresó el 29 de septiembre de 2025 y contiene presentaciones efectuadas por la magistrada durante mayo y agosto de 2026. En forma paralela, la Comisión de Acusación examinó otros expedientes vinculados con su desempeño al frente del Juzgado Federal de Goya.

En ese marco, el 26 de agosto Pozzer Penzo participó de una audiencia convocada conforme al artículo 20 del reglamento, correspondiente al expediente 164/2023 y sus acumulados. Durante la comparecencia, realizada de manera remota, expuso sus argumentos y respondió preguntas de los integrantes de la comisión.

Posteriormente, el 21 de octubre, ese cuerpo emitió un dictamen que propone remitir a la Comisión de Disciplina las denuncias tramitadas en los expedientes 164/2023 y acumulados, 180/2024 y 141/2025. La propuesta supone continuar el análisis de esas actuaciones en el ámbito competente para evaluar eventuales faltas disciplinarias en su contra.

Los otros expedientes que pasarán a la nueva integración

El registro también comprende al juez federal de Río Gallegos Claudio Vázquez, mencionado en dos actuaciones iniciadas en diciembre de 2023 y abril de 2024. Una de ellas se originó en una presentación remitida por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, mientras que la restante fue promovida por representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Ambos expedientes quedaron acumulados en agosto de 2024.

Entre los magistrados incluidos figura, además, Gustavo Fresneda, del Juzgado Federal de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Su expediente ingresó el 17 de marzo de 2025, a partir de la remisión de piezas procesales efectuada por la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción. El cuadro consigna actuaciones posteriores, entre ellas una disposición vinculada con el artículo 11 del reglamento y una presentación incorporada en mayo de 2026.

También se encuentra bajo análisis la actuación del juez Alejandro Nobili, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N.º 11. Las denuncias identificadas con los números 204/2025 y 74/2026 fueron presentadas en noviembre de 2025 y mayo de este año, respectivamente. La primera registra distintas medidas de prueba, mientras que en la segunda consta una presentación del denunciante efectuada en septiembre.

La nómina se extiende a Martín del Viso, del fuero Criminal y Correccional; Raúl Horacio Ojeda, subrogante del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 63; Fernando Strasser, de la Justicia Federal de la Seguridad Social; Ángel Guerrero, del Juzgado Federal de Eldorado; y Hugo Greca, del Juzgado Federal de General Roca.

Entre las demás actuaciones aparecen denuncias contra el juez federal Sánchez Freytes, de Córdoba; Karina Candis, del fuero de la Seguridad Social; y Jorge Gamal Abdel Chamia, integrante de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

Con todo, la Comisión de Acusación tiene entre sus atribuciones examinar las denuncias contra magistrados, disponer medidas de investigación, recibir pruebas y elevar al plenario los dictámenes que correspondan. Cuando considera reunidos los elementos necesarios para promover una remoción, debe formular una propuesta que será sometida a la consideración del cuerpo.

La apertura del procedimiento de remoción y la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento requieren la aprobación del plenario, conforme a las mayorías establecidas por el régimen vigente. El eventual juzgamiento se desarrolla posteriormente ante ese tribunal, integrado por representantes de los estamentos judicial, legislativo y de la abogacía.