La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó planteos del ex diputado José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos, a raíz de u$s200.000 que le habría pagado una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, un empresario extraditado a Estados Unidos acusado por delitos vinculados al narcotráfico en ese país. Con esta decisión, la causa seguirá su curso y deberá definirse su situación procesal.
En agosto pasado, el ex legislador nacional de La Libertad Avanza amplió su declaración indagatoria ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli en la investigación presunto lavado de activos, que le costó su candidatura en 2025. Presentó un descargo de 65 páginas con documentación que, según sostuvo, permitiría demostrar que no recibió dinero ilícito. Además, reclamó ser sobreseído.
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Ahora, en dos resoluciones, el tribunal de apelaciones confirmó el rechazo de un incidente de nulidad y desestimó una queja vinculada con un pedido para apartar al fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez. La Sala II concluyó que no se acreditaron irregularidades capaces de afectar las garantías constitucionales en relación a Espert.
Prueba cuestionada
La defensa objetó la prueba ordenada por el fiscal, entre ellas la producción de medidas de descargo después de la declaración indagatoria, testigos escuchados sin notificación previa, pedidos de información patrimonial, la incorporación de informes de inteligencia reservados y el análisis de extracciones forenses de dispositivos electrónicos secuestrados.
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Los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones sostuvieron que el fiscal conservaba la dirección de la pesquisa cuando ordenó las medidas cuestionadas, dado que el pedido defensivo para que el juzgado reasumiera la investigación no suspendió sus facultades. Además, señalaron que esa delegación fue ratificada luego por el juez de primera instancia.
Respecto de los testimonios, la Cámara indicó que la defensa no identificó con precisión cuáles declaraciones pretendía anular ni explicó un daño irreparable. Consideró que se trata, en principio, de actos reproducibles y que la defensa puede solicitar que vuelvan a realizarse.
El tribunal también afirmó que los pedidos de información bancaria, fiscal, bursátil y financiera habían contado con autorizaciones judiciales previas y estaban vinculados con el objeto de la investigación. Sobre los informes de inteligencia clasificados, entendió que no se probó que hubieran sido utilizados como prueba de cargo.
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En cuanto a los dispositivos electrónicos, la Sala II remarcó que las copias forenses fueron notificadas a la defensa y que se establecieron límites para resguardar información privada, familiar o ajena al caso.
El juez Lugones rechazó, por su parte, un planteo para apartar al fiscal por supuesta pérdida de objetividad y la “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.
La pesquisa está vinculada a una transferencia de USD 200.000 que, según el expediente, Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos, desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por una red acusada de blanquear dinero del narcotráfico, ligada a “Fred” Machado.
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En la causa, el ex diputado ya pidió el sobreseimiento o la falta de mérito, algo que debe resolver el juez Mirabelli.
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