Avanza una investigación por cobrar de más a pasajeros de colectivos que incluye un presunto fraude en subsidios

La Justicia resolvió que siga abierta una investigación por un presunto fraude de 30 mil millones de pesos en subsidios estatales otorgados a empresas de colectivos, en base a una supuesta maniobra con el cobro de trayectos mayores a los que en realidad hacían pasajeros.

Ex choferes de las líneas involucradas declararon como testigos bajo juramento de verdad que los amenazaban con sanciones si no cobraban por viajes más largos a los pasajeros y además se constató que más de un centenar de usuarios reclamaron ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte por “cobros indebidos o a la incorrecta asignación de secciones tarifarias”, en el período investigado, según advirtió el juez federal Sebastián Casanello en una resolución donde rechazó apartar como querellantes a cámaras del sector que denunciaron los hechos. Además, ratificó la continuidad de la pesquisa donde hay reclamos de citación a declaración indagatoria que deben resolverse.

El juez rechazó un planteo de “excepción de falta de acción” presentado por una de las tres empresas denunciadas y ratificó a los querellantes. “Hoy no hay menos sino más razones para reconocer a quienes promovieron la actuación del órgano administrativo en defensa de los intereses representados -y luego, formalizaron la denuncia penal- el derecho que la ley les otorga para acceder a la jurisdicción y litigar”, enfatizó en la resolución a la que accedió Infobae.

Casanello sostuvo que la investigación registra hasta ahora “un avance sustancial” en materia de prueba. “El cuadro probatorio no se encuentra agotado, pero las pruebas ya recabadas le otorgan a la hipótesis un grado de verosimilitud que ha justificado un pedido de audiencias indagatorias y que exige legalmente la continuidad de la pesquisa y no descartarla como pretende el apoderado de la empresa denunciada”, puntualizó.

La investigación se abrió hace nueve meses y en un principio estuvo en otro juzgado, el federal a cargo de Julián Ercolini y delegada en la fiscalía federal de Franco Picardi, desde donde se ordenaron medidas de prueba como un relevamiento del funcionamiento de los equipos instalados en los colectivos de las líneas denunciadas.

Luego la Cámara Federal porteña ordenó el pase al juzgado de Casanello, porque allí tramita otra denuncia previa que presentó una empresa imputada contra las cámaras autoras de esta presentación por un presunto intento de perjudicarla.

Choferes y pasajeros

Los choferes citados a declarar en los tribunales federales de Retiro coincidieron en que recibieron instrucciones para marcar secciones mayores, “bajo amenazas de sanciones, independientemente del recorrido real efectuado por los pasajeros”.

En la causa hay informes de la Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sobre reclamos de usuarios vinculados a cobros indebidos o a la incorrecta asignación de secciones tarifarias, registrados entre mayo de 2025 y febrero de 2026. “Es posible observar a través de quejas efectuadas por los pasajeros, un ejercicio de cobro tarifario similar a lo descripto por los choferes”, evaluó el juzgado. En total se informaron 136 reclamos sobre las líneas de colectivos de la misma empresa.

Según la denuncia, al cobrar a los pasajeros una tarifa superior a la que correspondía al viaje solicitado, se altera además la distribución de la suma fija de subsidios por parte del Estado y se obtendría un “beneficio indebido en desmedro del resto de las empresas”. El impacto económico de la maniobra se estimó para los denunciantes en 30.000 millones de pesos y señalaron que las autoridades competentes habrían omitido realizar los controles adecuados, a pesar de las advertencias técnicas, reclamos sectoriales e informes presentados por algunas cámaras empresariales.

Denuncias cruzadas

“Existe un claro grupo beneficiado en detrimento de otro, que resultó perjudicado”, concluyó la decisión judicial que mantuvo como querellantes a la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) en la denuncia que presentaron contra las empresas. Una de las denunciadas, a su vez, había denunciado antes a los directivos de estas cámaras por una nota que presentaron alertando sobre el tema en la Secretaría de Transporte de la Nación donde hacían saber del incremento de la denominada distancia media abonada en distintas líneas de transporte automotor de pasajeros operadas por ella.

Según la denuncia de la firma Sargento Cabral, el escrito “fue dirigido expresamente a provocar la intervención de la autoridad administrativa” y de ese modo perjudicarla. En esta última causa, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió también que se cite a declaración indagatoria a Luis Pierrini (secretario de transporte al tiempo del hecho), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA), Daniel Tenisci (CEAP) y Luis Brusca (CETUPBA) por haber presuntamente ocasionado un perjuicio económico concreto al “Grupo Metropol” e intentar provocar “una disposición ilegítima de fondos públicos para apropiárselos”.