Condenaron a una mujer que ejerció como docente con títulos falsos y luego intentó hacerse pasar por abogada

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a dos años y tres meses de prisión en suspenso a una mujer que durante casi seis años dio clases en distintas escuelas de la provincia con títulos docentes falsos, accedió a cargos y percibió remuneraciones del Estado. La maniobra quedó al descubierto después de que, en el año 2018, presentara además documentación apócrifa para acreditar que era abogada de la Universidad de Buenos Aires.

La condenada es María Andrea Patiño, quien recibió la pena en un fallo dictado este martes por el juez de cámara Luciano Homero Lauría, que actuó de manera unipersonal en el debate de la causa tramitada bajo el expediente FRO 522/2022.

Según tuvo por acreditado el magistrado, Patiño se desempeñó entre octubre de 2014 y julio de 2020 en establecimientos educativos primarios de Sarmiento, Providencia, San Cristóbal, La Pelada, María Luisa y el noroeste de la ciudad de Santa Fe. Para acceder a esos cargos utilizó documentación atribuida al entonces Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) que la presentaba como profesora de arte en danza y música, profesora de arte en teatro y profesora de arte en danza con mención en danzas folclóricas, tango y clásico.

El tribunal estimó en $550.020,42 el perjuicio patrimonial ocasionado al Estado provincial por los haberes que percibió durante todo ese período. Además, consideró probado que los diplomas no eran un antecedente meramente incorporado a su legajo, sino el instrumento que le permitió acceder a los nombramientos y sostener su desempeño en las diferentes escuelas.

La situación empezó a ser revisada en 2018, cuando la mujer presentó ante el Ministerio de Educación de Santa Fe un certificado analítico y la fotografía de un nuevo diploma. Esta vez, la documentación la identificaba como abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

El trámite despertó las primeras sospechas. El Departamento de Títulos, Certificados y Legalizaciones detectó anomalías antes de registrar la documentación: observó irregularidades en el formato del certificado analítico, la falta de una legalización correspondiente a la gestión universitaria, firmas atribuidas a autoridades que no correspondían y diferencias en el código de barras y en las autoridades consignadas.

La Facultad de Derecho informó luego que Patiño no integraba el padrón de graduados de 2017. Como el Ministerio advirtió las inconsistencias antes de que pudiera obtener un nuevo nombramiento, ese episodio fue considerado una defraudación en grado de tentativa.

Ese control llevó a revisar los antecedentes con los que ya venía ejerciendo. La actual Universidad Nacional de las Artes, continuadora del IUNA, informó que Patiño no figuraba entre sus egresados y que los documentos presentados eran incongruentes con los certificados expedidos por esa casa de estudios.

El Ministerio de Educación había comenzado a recibir alertas internas en mayo y junio de 2018. En septiembre de ese año dispuso la apertura de un sumario administrativo y, en junio de 2019, los hechos fueron denunciados penalmente. La causa se inició en la Justicia provincial, pero luego fue remitida al fuero federal y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, que delegó la investigación en la fiscalía.

En marzo de 2023, Patiño fue procesada como presunta autora de defraudación contra la administración pública en concurso ideal con uso de documento público adulterado y por un segundo episodio de defraudación en grado de tentativa, también vinculado con documentación falsa. Más tarde, la fiscalía requirió la elevación a juicio con la misma calificación penal.

La discusión sobre los títulos y los salarios

Durante el debate, la defensa oficial negó que los hechos configuraran una estafa. Argumentó, entre otros puntos, que la imputada había efectivamente prestado servicios como docente y que los salarios cobrados correspondían a tareas realizadas.

También alegó que no existía prueba suficiente para vincular los títulos cuestionados con los cargos que ocupó y planteó que, para las asignaturas artísticas que dictaba, podía bastar con acreditar solo la idoneidad.

El juez Lauría descartó ese planteo. En el marco del juicio, una funcionaria del Ministerio de Educación provincial declaró que Patiño había logrado acceder a cargos y cobrar sueldos mediante la presentación de esos diplomas. A esa declaración se sumó un informe de Recursos Humanos que individualizó los establecimientos, las materias dictadas -entre ellas educación musical, danza, teatro y educación artística-, la cantidad de horas y la situación de revista que tuvo en cada institución.

La investigación también incorporó información bancaria que permitió identificar la caja de ahorro en la que se depositaban periódicamente sus haberes. El tribunal tuvo ese elemento como parte fundamental de la acreditación del perjuicio patrimonial.

Otro de los argumentos defensivos apuntó contra la eficacia del engaño. El defensor consideró que las inconsistencias de los diplomas podían ser advertidas por personal administrativo y que, por lo tanto, el ardid carecía de la entidad necesaria para configurar una defraudación.

El juez volvió a rechazar la postura. “El plan deliberado de Patiño cumplió con la finalidad propuesta, surtió efectos y engañó a la víctima -las autoridades del Ministerio de Educación-”, escribió. En su análisis destacó que la documentación produjo consecuencias concretas: a partir de ella, el Ministerio reconoció cargos docentes y pagó remuneraciones durante años.

El magistrado también señaló que la falsedad no fue advertida al momento de las primeras presentaciones, sino después, cuando el supuesto título de abogada motivó un nuevo examen más detallado de la documentación acumulada.

Durante el juicio, la acusada sostuvo que no había presentado los títulos ante el Ministerio y afirmó que para acceder a los cargos docentes sólo se le exigía idoneidad. El tribunal contrapuso esa explicación con los registros administrativos y con los testimonios incorporados durante el debate.

El fiscal general Martín Suárez Faisal pidió que fuera condenada a cuatro años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y que se ordenara su detención. La defensa reclamó la absolución y, subsidiariamente, que una eventual pena se fijara en el mínimo de dos años y fuera dejada en suspenso.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe finalmente la encontró responsable de defraudación en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con uso de documento público adulterado o falso, en concurso real con otro hecho de defraudación en grado de tentativa cometido también mediante documentación apócrifa.

Al graduar la sanción, el juez de cámara Lauría tuvo en cuenta que Patiño no registraba antecedentes penales, pero valoró la extensión temporal de la maniobra y los medios empleados. La calificó como una actuación “fría y calculada, con un sesgo habitual que demuestra el desprecio hacia la ley”. También destacó como agravante que los hechos hubieran tenido lugar dentro del sistema educativo.

La pena quedó fijada en dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal dispuso además que, una vez firme la sentencia, deberá fijar residencia, someterse al control correspondiente y realizar trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público.

También ordenó comunicar la resolución al Ministerio de Educación de Santa Fe para los fines administrativos correspondientes.