El día que la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil en PBA se arrepintió de condenar a un joven por violación

La jueza Marta Pascual, que suspendió por 60 días el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, quedó otra vez en el centro de la polémica por un video de 2023 en el que cuestionó una condena de 25 años a un hombre que violó y mató a su hija.

Todo se dio en el contexto de una charla que organizó la Universidad de Lanús en el año 2023, en el marco de las prácticas preprofesionales de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos y con apoyo del Instituto de Justicia y Derechos Humanos. La magistrada fue entrevistada por alumnos y todo quedó grabado en YouTube.

En esa grabación, Pascual narró en primera persona uno de los casos que más la marcó en su carrera: un joven de Almirante Brown, el mismo municipio donde ella reside, que abusó sexualmente de su hija recién nacida hasta provocarle la muerte. “Es un chico que abusó y violó de su hijita hasta que se murió. Ustedes no saben lo que era el cuerpo de esa chica. Ver las pericias era indignante”, afirmó la magistrada ante los estudiantes. También citó el testimonio de una médica del Hospital Meléndez: “Dijo que en todos sus años de pediatra no había visto nada tan terrible como esto”.

La jueza describió el peso físico y emocional que dejó el proceso en los integrantes del tribunal: “Cuando nos parábamos, no podíamos caminar, íbamos contra la pared como que no teníamos fuerza”. Junto a sus colegas, Pascual presidió ese tribunal y firmó una condena de 25 años de prisión, que definió como “una pena demasiado alta”. Sin embargo, el video también mostró lo que vino después: su propio cuestionamiento a esa sentencia. “Yo hoy no se lo daría”, aseguró, y sumó que la pena fue revisada y confirmada por instancias superiores —la Cámara de Casación y tribunales de alzada— sin que ninguno ordenara reducirla. “Yo dije: con tantas revisiones me van a decir ‘Marta, se te fue la mano’. Todos nos confirmaron”, relató.

Su argumento no apuntó a minimizar el delito, sino a cuestionar la eficacia del encierro prolongado como respuesta a crímenes cometidos por jóvenes. “Yo creo que no se puede dar a los jóvenes, aun ante el delito más aberrante, esa pena”, sostuvo. Y fue más lejos al describir su criterio habitual: “De la provincia de Buenos Aires yo doy las penas más livianas”, señaló, y explicó que prefiere las medidas alternativas porque no cree que el encierro produzca cambios reales en los adolescentes.

Esa misma lógica es la que, según ella misma explicó públicamente, guio su decisión de frenar la entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil. La nueva ley, impulsada desde el Gobierno nacional, reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y permite procesar judicialmente a adolescentes de esa franja por los delitos tipificados en el Código Penal. El lunes pasado, Pascual hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en nombre de los adolescentes privados de su libertad, y suspendió la aplicación de la norma por 60 días en el territorio bonaerense.

El eje de su resolución no fue la oposición a bajar la edad de imputabilidad —aclaró que no está en desacuerdo con ese punto— sino la falta de infraestructura y recursos del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarían al sistema. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, advirtió en declaraciones a la radio Now 97.9. Durante el período de suspensión, pidió que los poderes del Estado acuerden quién supervisará a cada joven, con qué recursos contarán los centros de detención y cómo se implementarán las alternativas al encierro que la propia legislación contempla.

Titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° dos de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial, Pascual acumula más de 35 años de trabajo en políticas de niñez y adolescencia. Es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, con posgrados en Derecho Público y Magistratura, y fue ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Eduardo Duhalde. También se desempeñó como consultora de UNICEF, fondo de las Naciones Unidas para la infancia, y presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia. En 2025 recibió el Doctorado Honoris Causa de la universidad nacional con sede en Almirante Brown.