Los nuevos magistrados consolidan el control del régimen sobre la justicia nicaragüense

La renuncia de Alba Luz Ramos de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua abrió paso a una nueva integración del máximo tribunal, dominada por funcionarios alineados con Rosario Murillo y marcada, según Diario La Prensa de Nicaragua, por antecedentes de represión, sanciones internacionales y lealtad al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El relevo consolidó un control total sobre la CSJ en un momento en que las reformas constitucionales de 2025 oficializaron la abolición de la independencia de los poderes del Estado y convirtieron a Murillo en copresidenta.

Antes de esta reconfiguración, la corte estaba integrada por 10 magistrados, de acuerdo con el sitio web del Poder Judicial citado por la publicación. Salvo Juana Méndez Pérez, Ramos renunció este año y el resto salió en 2025, mientras aún queda pendiente definir quién ocupará la vacante dejada por la expresidenta del tribunal.

La nueva presidenta oficial de la CSJ desde el primero de septiembre es Ana Julia Guido, de 67 años. Acumula 47 años como funcionaria pública, incluidos 27 en la policía, ocho como fiscal general adjunta y 11 como fiscal general de la República.

Guido fue nombrada magistrada en noviembre del año pasado. Por su participación en la represión desatada contra manifestantes desde 2018, ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza, y además ha sido señalada de organizar un equipo para fabricar expedientes contra opositores.

La nueva Corte reúne funcionarios sancionados y cuadros del oficialismo

El vicepresidente de la CSJ es José Manuel Fuertes, de 65 años, de quien no se conoce trayectoria dentro del Poder Judicial. Fue miembro del Consejo Departamental Electoral y secretario político del FSLN en Boaco, y su esposa, Yaoska Espinoza Peña, fue exalcaldesa de la cabecera departamental durante dos períodos.

En sus primeras declaraciones públicas como vicepresidente, prometió tolerancia cero a la corrupción. La publicación lo presentó como parte de un grupo de fieles a Murillo que quedó al frente del máximo tribunal.

María Elsa Frixione Ocón es abogada y notaria pública, y antes de ser nombrada magistrada el 4 de diciembre de 2025 era procuradora nacional constitucional y de lo contencioso administrativo de la Procuraduría General de Justicia. También representó al Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en 2014, negó en instancias internacionales que en el país se violaran los derechos humanos.

Rosa Argentina Solís fue dirigente territorial del FSLN en Managua e integró la sala penal uno del tribunal de apelaciones de Managua. Durante la crisis política participó en las llamadas audiencias informativas a presos políticos en El Chipote, cuestionadas por sus irregularidades, y en julio de 2023 Estados Unidos la incluyó en la lista Engel por su papel en acciones contra opositores del régimen.

Ernesto Leonel Rodríguez Mejía inició su carrera judicial en 2003 como juez de audiencia en Matagalpa y luego fue juez penal en Managua desde 2016. En febrero de 2019 ascendió a magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua y en octubre de 2021 asumió la presidencia de esa instancia.

En 2023, Estados Unidos lo sancionó por su participación en el despojo de la ciudadanía a 94 opositores nicaragüenses. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua también lo señaló por supervisar procesos contra presos políticos, y a finales de 2025 fue ascendido a magistrado de la CSJ.

Expertos ven una centralización total del poder judicial

Octavio Ernesto Rodschou Andino fue juez en Nueva Guinea, Juigalpa y Managua antes de ser nombrado magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua en 2018. En julio de 2021 fue elegido presidente de la sala penal uno de ese tribunal y luego se le identificó como el funcionario que declaró traidores a la patria a 222 nicaragüenses y ordenó su deportación inmediata.

Un mes después de esa decisión, Estados Unidos lo sancionó. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua lo incluyó además entre 54 funcionarios señalados como responsables de la represión en el país.

Zura Bonilla Welchen Proffer, originaria de Corn Island, trabajó como fiscal y jueza local única en esa zona y después pasó al distrito penal de juicios de Bluefields. También es conocida por haber declarado culpable a la periodista Kálida Salazar por calumnias en 2020, y está vinculada a la familia del magistrado del Consejo Supremo Electoral Lumberto Campbell.

Méndez, por su parte, militó en el FSLN desde joven y formó parte de la Dirección General de Seguridad del Estado en los años ochenta. Como jueza archivó la acusación por abuso sexual presentada contra Daniel Ortega por su hijastra Zoilamérica Ortega Murillo y en 2003 condenó al expresidente Arnoldo Alemán a 20 años por varios delitos.

Asumió como magistrada de la corte en 2007 y en 2025 fue apartada temporalmente de la CSJ, aunque regresó un día después. Según el diario, fue la única magistrada que sobrevivió a la purga en el máximo tribunal.

El experto en derechos humanos Uriel Pineda dijo al medio que la purga en el Poder Judicial y los nuevos nombramientos buscan eliminar pequeños feudos de poder y pasar del control político al administrativo. Lo explicó así: “Alba Luz Ramos, al presidir la Corte o los otros magistrados, tenían algún margen de maniobra política, de colocar gente, de incidir, de alguna corrupción, digamos, a nivel medio, y eso viene a anularse. Es centralizar cualquier operación de poder en Nicaragua por medio del control judicial”.

Pablo Cuevas, director y fundador de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, sostuvo que esta nueva corte actuará en función de los intereses de la pareja gobernante. También afirmó que las purgas dentro de ese poder del Estado buscan mantener bajo terror a quienes trabajan en esa estructura.

La respuesta central a la pregunta sobre quiénes controlan ahora la justicia nicaragüense es concreta: la nueva CSJ quedó en manos de magistrados cuya selección, según la publicación, descansó en la lealtad al FSLN y en trayectorias atravesadas por denuncias de violaciones de derechos humanos. La gestión de la corte, ahora dirigida formalmente por Guido, sucede a una etapa en la que la justicia fue utilizada para favorecer los intereses de Ortega, eliminar partidos de oposición, perseguir opositores y encarcelarlos.