Procesaron a 12 militantes de Greenpeace por una protesta en el Congreso contra la Ley de Glaciares

El juez Marcelo Martínez de Giorgi los imputó por violación de domicilio y desobediencia tras el ingreso a un sector restringido del Palacio Legislativo. También ordenó embargos por $2 millones para cada uno

Activistas simulan sentarse en inodoros con la frase "Ley de Glaciares" frente al Congreso Nacional, bajo una pancarta amarilla de Greenpeace
El juez Martínez de Giorgi procesó a 12 militantes de Greenpeace por treparse a las rejas del Congreso para realizar una protesta
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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el procesamiento sin prisión preventiva de 12 militantes de Greenpeace que se instalaron en las escalinatas del Congreso Nacional para protestar contra la Ley de Glaciares.

Están imputados por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público, tras escalar las rejas del Palacio Legislativo, que estaban cerradas con candado, y luego ingresar a un sector restringido.

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Los hechos se registraron el 26 de febrero pasado, cuando los activistas distribuyeron inodoros a lo largo de las escaleras, se sentaron sobre ellos y exhibieron carteles con la consigna: “Senadores, no se caguen en el agua. La Ley de Glaciares no se toca”.

El fallo sostuvo que no correspondía la prisión preventiva porque los acusados tienen arraigo, comparecieron cuando fueron citados y no surgían riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. A la vez, ordenó trabar embargo sobre los bienes de cada imputado por $2.000.000.

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Los procesados son Marcos Alejandro Policer, Abril Inés Castellano, Manuela Celeste Zalazar, Sol Aylén Klausek, Juana Inés Serra, Mailén Alicia Miranda Vaquera, Carla Mariel Guidi, Luciana Mariel Rivero, Diana Lucía Suárez Smeke, Cynthia Ayelén Moreno Gallo, Iwan Alfredo Núñez Romero y Pablo Alejandro Blefari.

El fallo

Martínez de Giorgi consideró que la protección constitucional de la libertad de expresión, reunión y protesta no convierte en lícito el ingreso sin autorización a un ámbito expresamente excluido del acceso público.

En su resolución, indicó que hubo desobediencia porque existía una “orden tácita e inequívoca” exteriorizada por las rejas cerradas con candados y por el dispositivo de custodia policial montado en el lugar. En ese marco, escalar el vallado e ingresar al perímetro fue considerado un incumplimiento deliberado de la restricción de acceso.

Marcelo Martínez De Giorgi (Nicolás Stulberg)
Marcelo Martínez De Giorgi (Nicolás Stulberg)

Para fundamentar la supuesta violación de domicilio, el magistrado señaló que el sector restringido del Congreso debía ser asimilado a una dependencia de una casa o un negocio, ya que se trata de un espacio materialmente delimitado en el que una autoridad gubernamental ejerce facultades de admisión y exclusión.

Agregó que la ausencia de violencia física, la falta de daños materiales o el horario de escasa circulación no eliminan la tipicidad penal. Tampoco consideró decisivo el argumento de que en el instante inicial no hubiera policías visibles, porque la restricción de acceso ya estaba expresada por las rejas cerradas con candado.

Los hechos

El sumario se inició a raíz de un procedimiento de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal Argentina, que detectó que un grupo de personas había trepado las rejas del edificio e irrumpido en sus escalinatas, el mismo día en que se debatía la denominada Ley de Glaciares.

Dos de los participantes resultaron detenidos cuando se retiraban por Hipólito Yrigoyen, a la altura de Solís.

Durante el operativo fueron secuestrados elementos que utilizaron los manifestantes para la protesta: una cámara GoPro, una mochila con botellas de agua, banderines amarillos con la leyenda de la protesta, equipos de comunicación Kenwood, un teléfono celular Samsung, bolsas de tela verdes, frascos con crema, cintas con la inscripción “senadora”, cuatro banderas y siete inodoros plásticos blancos, seis de ellos con carteles que decían “Ley de Glaciares”.

Cuando fueron llamados a indagatoria, todos los imputados afirmaron que la intervención formaba parte de una campaña institucional destinada a promover la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

En su planteo, la defensa sostuvo que se trató de una manifestación pacífica y no violenta, sin daños materiales, sin afectación de bienes públicos y sin intención de ocupación permanente. También argumentó que la protesta se realizó cuando no había actividad en el Congreso ni circulación significativa de personas, precisamente para evitar interferencias con el uso habitual del espacio.

Unas semanas después de realizar la protesta en el Congreso, otro grupo de manifestantes vandalizó la estructura del Monumento de los Dos Congresos. Se treparon para colgar dos carteles que decían “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”.

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