El Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad el anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2027 para el Poder Judicial. De avanzar en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, los tribunales federales y nacionales contarán con casi tres billones de pesos, un 24% más que el año pasado.
El anteproyecto aprobado el último miércoles asciende exactamente a $2.841.911.406.537. En 2026, ese monto fue de poco más de 2.2 billones.
El presupuesto previsto para el año entrante supera en un 18% el límite financiero fijado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), de $2.319.891.000.000. Es decir que la Justicia necesita $522.020.406.537 más que el “techo” prestablecido por el Gobierno para mantener el equilibrio fiscal.
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Esto demandará una revisión particular del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Una vez definido, el Ejecutivo debe enviar al Congreso el proyecto para su aprobación definitiva.
Encabezados por el presidente de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, los miembros del organismo que selecciona y controla a los jueces se reunieron el miércoles para analizar la composición y los montos de las erogaciones correspondientes al Poder Judicial de la Nación.
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“Nos convoca una responsabilidad grande que es poner a consideración y votación el anteproyecto del presupuesto del Poder Judicial para el 2027″, dijo el representante del Ejecutivo, el viceministro de Justicia Santiago Viola, titular de la comisión de Administración Financiera del Consejo.
Tras afirmar que “los recursos públicos son escasos y es algo que todos debemos tener en mente”, Viola destacó que “el presupuesto engloba todas las necesidades del año que viene, para el fortalecimiento institucional y la modernización de la justicia, que es un paso importante para tener una justicia más ágil, transparente, eficiente y sobre todo cercana a la gente”.
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Viola agradeció la “voluntad” para “tener esto en tiempo y forma porque tener un presupuesto aprobado nos va a dar previsibilidad y orden y nos va a ayudar a que funcione mejor la justicia y a reforzar la autonomía”.
En qué gasta la Justicia
En su desglose por incisos, el presupuesto se compone de $2.690.377.585.797 para Gastos en Personal; $12.922.430.058 para Bienes de Consumo; $80.430.091.935 para Servicios no Personales; $43.795.840.605 para Bienes de Uso; y $14.385.458.142 para Transferencias.
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El inciso de Personal, que representa el 94,7% del total, contempla 24.415 cargos, entre los que se incluyen la creación de tribunales por ley, la Escuela Judicial, el Cuerpo de Auditoría en Sistemas, Intendencias y Delegaciones Regionales, y los requerimientos del Sistema Informático de Recursos Humanos (SIRE), que con 1.456 cargos constituye el ítem más significativo dentro de este apartado. Asimismo, se prevén $9.072.867.730 para el pago de horas extra, sobre un total de 170.423 horas máximas anuales.
En cuanto a Bienes de Uso, el rubro registra la mayor suba porcentual (56%), impulsada por el equipamiento informático ($25.406.848.549), que incluye la instalación de 300 cámaras de videovigilancia, firewall WAF y notebooks, entre otros insumos, además de obras de construcción y remodelación. En ese sentido, el plan trienal de infraestructura (2027-2029) prevé inversiones por más de $39.400 millones, con foco en edificios en estado crítico. La obra de mayor envergadura es la de Casación Penal, en Comodoro Py 2002, con una inversión proyectada de $9.227.000.000.
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Dentro de los Servicios no Personales, se destacan las partidas para alquileres ($14.077.866.609), servicios básicos ($23.951.198.833), limpieza y policía adicional ($16.596.466.441) y mantenimiento informático ($3.515.230.909).
Por último, el capítulo de Transferencias contempla $14.380.031.154 destinados al pago de jubilaciones y pensiones especiales, que alcanzan a 106 beneficiarios.
Del Plenario participaron, además de Rosatti y Viola, los jueces Alejandra Provítola, Alberto Lugones, Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero; los senadores Eduardo Vischi, Luis Juez, Mariano Recalde; los diputados Alvaro González, Gonzalo Roca, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade; los abogados Alberto Maques, Fernanda Vázquez y César Grau; y los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit.
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Estuvieron ausentes la abogada Jimena de la Torre y la senadora Anabel Fernández Sagasti.
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