
El Tribunal Oral Federal 5 convocó para el próximo viernes 11 de septiembre, a las 9.30, para escuchar las últimas palabras de los imputados y luego disponer el horario en que dará a conocer el veredicto del juicio oral por Sueños Compartidos.
Este proceso tiene en el banquillo al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, como responsables de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que estuvo a cargo de la construcción de viviendas sociales financiadas por el Estado nacional.
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Los jueces Adriana Pallioti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg lo anunciaron al finalizar la audiencia de réplicas, en la que todas las partes expusieron acerca de los distintos planteos de nulidad y prescripción formulados durante los alegatos.
Las réplicas
Durante su exposición, la Fiscalía pidió rechazar los planteos de nulidad y el pedido de prescripción formulados por las defensas, al sostener que esa discusión ya había sido tratada al inicio del juicio.
En ese marco, el fiscal Diego Velazco defendió el informe pericial de la Corte cuestionado por los acusados y negó que hubiera arbitrariedad, falta de objetividad o intención de engañar en la valoración de la prueba.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) se alineó con la Fiscalía y pidió al tribunal desestimar todos los planteos presentados por los defensores.
Las defensas de los acusados coincidieron en cuestionar la postura de la acusación y ratificaron sus pedidos de prescripción y absolución.
En sus intervenciones, sostuvieron que el Ministerio Público no logró desvirtuar el principio de inocencia, objetaron la valoración de la prueba y señalaron presuntas omisiones en el peritaje técnico sobre las obras.
Además, insistieron en que el último acto que interrumpió los plazos de prescripción fue la citación a juicio del 8 de julio de 2020, luego reprogramada para el 15 de septiembre de ese año, por lo que consideraron extinguida la acción penal.
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El juicio
La causa Sueños Compartidos evalúa el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales que eran administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo entre 2005 y 2011.

Según la hipótesis de la acusación, se habrían destinado $206.438.454,05 a fines distintos de la realización de las obras planificadas en diversos distritos, como la Ciudad de Buenos Aires, Tigre, Bariloche, Chaco y Santiago del Estero, mediante adjudicaciones directas a la Fundación.
La Fiscalía y la Unidad de Información Financiera pidieron seis años de prisión e inhabilitación especial para Sergio y Pablo Schoklender, Julio De Vido, José López y Abel Fatala, mientras que reclamaron cuatro años de cárcel para Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin.
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En cambio, todas las defensas pidieron la absolución de los acusados y también plantearon la prescripción de la acción penal. En términos generales, sostuvieron que no se probó el delito y que no había elementos suficientes para dictar una condena.
A su vez, plantearon que la acción penal estaba prescripta, al considerar vencidos los plazos procesales.
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