AFA: un fiscal reclamó que la Corte Suprema deje sin efecto el envío a Campana de la causa por la casaquinta de Pilar

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, reclamó que la Corte Suprema de Justicia deje sin efecto la decisión de devolver a un juzgado de Campana la investigación por la casaquinta de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y que se sospecha sería de testaferros de dirigentes de la AFA.

Para ello, presentó lo que se conoce como “recurso extraordinario” ante la sala de la Cámara Federal de Casación que tomó esa decisión y ahora esos mismos jueces tendrán que decidir si lo conceden y el caso llega al máximo tribunal del país. Caso contrario, al fiscal sólo le quedará ir en una queja directa para intentar que la pesquisa vuelva a la ciudad de Buenos Aires.

“Se otorgó competencia a un tribunal que no es el juez natural de la causa, argumentando sólo sobre la base de la competencia material y sin discutir la competencia territorial, por lo que se niega la jurisdicción federal competente”, advirtió Villar en el recurso.

Para la fiscalía “si se hubiera discutido correctamente el territorio, la resolución estaría admitiendo su atribución por la mera existencia de un inmueble (la quinta de Villa Rosa), sin atender a la hipótesis delictiva total objeto de investigación. La que determina, sin lugar a dudas, la competencia del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, reclamó en la presentación a la que accedió Infobae.

La investigación aparece estructurada sobre una pluralidad de actos jurídicos, financieros y societarios que solo adquieren significado cuando son analizados de manera conjunta y no sólo en el hecho aislado de la compra de la casaquinta en Pilar, remarcó.

“Cuando los hechos presentan puntos de conexión con diversas jurisdicciones, corresponde identificar aquella que guarda una relación más directa con el núcleo de la actividad investigada y permite su conocimiento integral. En el caso, ese centro de gravedad se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, remarcó.

Desde que se presentó la denuncia ya van nueve meses de conflicto entre diferentes juzgados en relación a quién debe investigar el origen del dinero para la compra de la casaquinta que la Justicia valuó en 17 millones de dólares más otros 4 millones si se suma la flota de autos de colección que se encontró en un galpón durante un allanamiento que ordenó el primer juez que tuvo el caso, el federal porteño Daniel Rafecas.

Una situación de “gravedad”

Villar postuló que la Corte tiene que intervenir en el conflicto por la competencia porque la decisión de Casación produjo “un perjuicio de tardía e insuficiente reparación ulterior” al asignar el caso al juez federal de Campana Adrián González Charvay.

En el recurso se advirtió que la decisión de los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con disidencia de Alejandro Slokar, “no constituyó una derivación razonada del derecho vigente, en la medida en que no atendió a la totalidad del objeto de investigación y no respetó debidamente los estándares establecidos por la Corte en materia de conflictos de competencia”.

En ese fallo, el camarista Slokar se pronunció por declarar el recurso “inadmisible” por motivos formales -no se trató de una sentencia definitiva ni equiparable a tal-aunque coincidió al evaluar que el lavado de activos es un delito que debe investigarse en el fuero federal y resulta ajeno al penal económico.

Los jueces de Casación destacaron que la competencia del fuero penal Económico es la establecida por ley (evasión tributaria, contrabando, balance falso, régimen penal cambiario, entre otros) y no incluye al delito de lavado de activos que, también por ley, se atribuye al fuero federal penal.

Para el fiscal Villar la “situación amerita, por su naturaleza y gravedad, una consideración inmediata” por parte de la Corte “en tanto ésta constituye la única oportunidad para la adecuada tutela de la garantía constitucional de juez natural”.

Un largo derrotero judicial

En la investigación ya intervinieron cuatro jueces de primera instancia en dos fueros, federal y penal económico, además de los magistrados de tribunales superiores en la discusión relativa a dónde debe seguir la causa y ante un planteo de la defensa de los supuestos testaferros, Luciano Pantano -un monotributista ligado a la AFA- y su madre jubilada Ana Conte que pretenden que quede en Campana: el caso pasó por tre Cámaras de Apelaciones -la Federal porteña, la de San Martín y la Penal Económico- y por Casación, el máximo tribunal penal federal del país.

Esta última resolvió semanas atrás que el expediente debía volver al juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay, como pretendió desde el inicio la defensa de Pantano, porque se trata de una investigación de supuesto lavado de activos, delito del ámbito federal y no penal económico. Así, la causa salió del juzgado en lo penal económico 10 porteño rumbo a ese partido bonaerense.

Ante la Corte, Villar busca revertir esa decisión y que la investigación quede en un juzgado federal pero de la ciudad de Buenos Aires, en Comodoro Py 2002. Argumentó que Casación se basó en el delito y no analizó la ubicación geográfica que indica dónde se pudo haber cometido: la fiscalía parte de la hipótesis de que la compra de la casaquinta donde se hallaron efectos personales del tesorero de AFA Pablo Toviggino fue uno de los resultados de un supuesto delito que comenzó mucho antes en la ciudad de Buenos Aires, con maniobras de presunto lavado de activos en financieras porteñas y envíos de dólares en efectivo a domicilios en CABA. De hecho durante la investigación se descubrió que muchos gastos del lugar y de los autos que allí se guardaban eran solventados con una tarjeta de crédito corporativa de AFA a nombre de Pantano, cuyo resumen llegaba cada mes a la sede de la calle Viamonte, en CABA.

La denuncia fue presentada por Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe contra Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, a quienes se les atribuyó haber adquirido, a través de la firma Real Central SRL, la casaquinta ubicada en Misiones 4097 de la localidad de Villa Rosa, Pilar, partido de Pilar, sin que existiera -según los denunciantes- capacidad económica suficiente para justificar la operación, en lo que podría haber sido un caso de lavado de activos.