
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, reclamó que la Corte Suprema de Justicia deje sin efecto la decisión de devolver a un juzgado de Campana la investigación por la casaquinta de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y que se cree que sería de testaferros de dirigentes de la AFA.
Para ello, presentó lo que se conoce como “recurso extraordinario” ante la sala de la Cámara Federal de Casación que tomó esa decisión y ahora esos mismos jueces tendrán que decidir si se lo conceden. Caso contrario, al fiscal sólo le quedará ir en una queja directa al máximo tribunal del país para intentar que la pesquisa vuelva al fuero federal de la ciudad de Buenos Aires.
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Desde que se presentó la denuncia ya van nueve meses de conflicto entre diferentes juzgados en relación con dónde debe investigarse de quién es la casaquinta que la Justicia valuó en 17 millones de dólares más otros 4 millones si se suma la flota de autos de colección que se encontró en un galpón durante un allanamiento que ordenó el primer juez que tuvo el caso, el federal porteño Daniel Rafecas.

Un largo derrotero judicial
En la investigación ya intervinieron cuatro jueces de primera instancia en dos fueros, federal y penal económico, además de los magistrados de tribunales superiores en la discusión relativa a dónde debe seguir la causa y ante un planteo de la defensa de los supuestos testaferros, Luciano Pantano -un monotributista ligado a la AFA- y su madre jubilada Ana Conte que pretenden que quede en Campana: el caso pasó por dos Cámaras de Apelaciones -la de San Martín y la Penal Económico- y por una sala de Casación, el máximo tribunal penal federal del país.
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Esta última resolvió semanas atrás que el expediente debía volver al juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay, como pretendió desde el inicio la defensa de Pantano, porque se trata de una investigación de supuesto lavado de activos, delito del ámbito federal y no penal económico. Así, la causa salió del juzgado en lo penal económico 10 porteño rumbo a ese partido bonaerense.

Ante la Corte, Villar busca revertir esa decisión y que, en todo caso, la investigación quede en un juzgado federal pero de la ciudad de Buenos Aires, en Comodoro Py 2002. Argumentó que Casación se basó en el delito y no analizó la ubicación geográfica que indica dónde se pudo haber cometido: la fiscalía parte de la hipótesis de que la compra de la casaquinta donde se hallaron efectos personales del tesorero de AFA Pablo Toviggino fue uno de los resultados de un supuesto delito que comenzó mucho antes en la ciudad de Buenos Aires, con maniobras de presunto lavado de activos en financieras porteñas y envíos de dólares en efectivo a domicilios en CABA. De hecho durante la investigación se descubrió que muchos gastos del lugar y de los autos que allí se guardaban eran solventados con una tarjeta de crédito corporativa de AFA a nombre de Pantano, cuyo resumen llegaba cada mes a la sede de la calle Viamonte, en CABA.
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