El Tribunal Oral Federal 2 difundió la sentencia por la que condenó a Leonardo Luis Barone, el expiloto del avión presidencial durante la gestión de Alberto Fernández, a tres años de prisión en suspenso por uso de documento privado falso y defraudación a la administración pública.
La resolución describe que, como apoderado de Global Jet Aviation, presentó pólizas de seguro apócrifas como supuestas garantías para participar en la licitación pública 4/2013, lanzada por la ANAC para adquirir 10 aeronaves Petrel 912i destinadas a la instrucción básica de pilotos.
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De modo unipersonal, el juez Néstor Costabel determinó en $5.580.442,14 el valor nominal de las cuatro cauciones falsas que Barone le atribuyó a la compañía Zurich Argentina cuando Global Jet resultó adjudicataria, aunque, al descubrirse la maniobra, perdió el contrato.
Durante la campaña electoral de 2019, Alberto Fernández conoció a Leonardo Barone, quien se desempeñaba como el piloto privado encargado de trasladarlo por todo el país.
Tras el triunfo del Frente de Todos, Barone asumió como director general de Logística de la Secretaría General de la Presidencia, mediante una excepción a los requisitos mínimos debido a que no contaba con la experiencia ni la documentación técnica requeridas para ejercer la función pública que se le había asignado.
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En 2023, Barone coordinó la adquisición del nuevo avión presidencial Boeing 757 (ARG-01) por más de 22 millones de dólares.
En el vuelo de bautismo de la aeronave, como comandante, realizó una maniobra rasante a escasos metros de la pista de Aeroparque, que en ese momento fue criticada por especialistas del sector aeronáutico por considerarla “extremadamente peligrosa”. Barone renunció a su cargo en junio de 2023.
La sentencia describió que el piloto dijo durante el debate oral que se sentía “profundamente triste” por el juicio y aseguró que “nunca he estafado a nadie”, además de afirmar que tenía “el orgullo de ver las aeronaves que están volando y formando pilotos en Argentina”.
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La sentencia
En su fallo, Costabel sostuvo que la lesión patrimonial ya estaba consumada desde la incorporación de cada póliza al expediente, porque allí donde el organismo debía tener garantías económicamente ejecutables “solo existían documentos carentes de todo respaldo jurídico y económico”.
Según la reconstrucción judicial, dos de las pólizas fueron presentadas el 6 de febrero de 2014: una por $798.255 para garantizar el cumplimiento contractual y otra por $2.394.765 para respaldar el anticipo financiero.
Luego se sumaron otras dos, de $1.193.711,07 cada una, presentadas el 1 de abril y el 3 de agosto de 2015, tras entregas provisorias de aeronaves con deficiencias técnicas.
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El TOF 2 concluyó que esas cuatro pólizas permitieron que la relación contractual siguiera adelante “bajo la errónea representación” de que Zurich respondería ante eventuales incumplimientos.
Finalmente, la aseguradora declaró que nunca emitió esos instrumentos, que Global Jet no figuraba entre sus clientes y que las firmas atribuidas a una empleada de la compañía no eran auténticas.
La defensa de Barone apuntó al exdirector de Global Jet, Raúl Larumbe, al señalar que fue el responsable de dar las instrucciones acerca de la documentación que presentaron en la licitación.
Larumbe, quien falleció en medio de la investigación, había declarado que desconocía las pólizas apócrifas y agregó que “en ningún momento de la emisión de estas pólizas tuve participación”.
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Costabel respaldó ese enfoque bajo el argumento de que el acta de defunción incorporada al expediente indicó que Larumbe murió el 11 de febrero de 2015, mientras que una de las pólizas cuestionadas, la número 746.806, fue presentada cerca de seis meses después.
A su vez, ponderó que Barone contaba con un poder general amplio para representar a Global Jet, que asistió a la apertura de ofertas, presentó documentación de costos, intervino en la mejora de precios, retiró la orden de compra, pidió prórrogas y mantuvo contacto directo con funcionarios del organismo.
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