El Consejo de la Magistratura rechazó el intento reeleccionario de los consejeros y crece la polémica en el organismo

La renovación de los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030 desató una disputa institucional que se está profundizando cada vez más. El núcleo del conflicto radica en si los actuales consejeros pueden postularse para un nuevo mandato consecutivo de manera inmediata o si deben esperar obligatoriamente un intervalo de cuatro años antes de volver a ocupar un sillón en el organismo encargado de seleccionar y sancionar a los jueces.

La cuestión comenzó cuando Diego Barroetaveña, consejero y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, promovió una acción declarativa de certeza ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 para que le permitan presentarse como candidato en el estamento de los jueces y así poder ir por la reelección.

Aunque debía ser de acceso público, ese expediente se manejó bajo una estricta reserva. En las últimas horas, Infobae accedió a los escritos presentados en tribunales por el Consejo de la Magistratura, donde el organismo plasmó su postura en contra de las reelecciones y acusó al juez Enrique Lavié Pico de basarse en “conjeturas” y “lecturas fragmentarias” de la ley y los fallos de la Corte Suprema de Justicia.

A la par de Barroetaveña, también fueron a la justicia con planteos similares las abogadas Jimena de la Torre y Fernanda Vázquez. Lo propio hicieron José Mayans y Germán Martínez, presidentes de los bloques de senadores y diputados del peronismo, para que sea un juez quien diga si los legisladores también pueden reelegir en el Consejo.

En el espacio de los consejeros kirchneristas reconocen fuera de micrófono que los actuales consejeros que terminan su mandato este año —Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Mariano Recalde— no tienen intenciones reales de renovar cuatro años más. En pocas palabras, el razonamiento político es: “Si hay reelección para los jueces, entonces que también la haya para todos”.

“Esto era una escaramuza de jueces, ahora ya no”, resumió una fuente que sigue la disputa desde adentro.

Dos lecturas contrapuestas

La discusión gira en torno a la vigencia de las normas que regulan el funcionamiento del cuerpo. Quienes defienden la posibilidad de una reelección inmediata sostienen que, tras el histórico fallo del máximo tribunal que declaró inconstitucional la reforma legislativa del año 2006, recobró vigencia el texto original de la ley de creación del Consejo de la Magistratura, sancionada en 1997.

Aquella norma primigenia permitía a los consejeros ser reelegidos por una vez en forma consecutiva. Bajo esta premisa, los candidatos argumentaron que la prohibición de mandatos sucesivos cayó junto con el resto de las modificaciones anuladas por la Corte.

Por el contrario, el Consejo de la Magistratura sostuvo en su recurso de apelación a la cautelar que consiguió Barroetaveña que esa postura constituye una lectura fragmentaria, forzada y basada en conjeturas sobre la voluntad de la Corte Suprema.

El organismo argumentó que la regla que exige un intervalo de un período se encuentra plenamente vigente y es de cumplimiento obligatorio. Según esta postura, dicha limitación temporal nunca fue declarada inconstitucional ni inaplicable en los fallos precedentes, por lo que conserva intacta su presunción de legitimidad como ley dictada por el Congreso de la Nación.

Para el Consejo, los reeleccionistas pretenden aplicar de manera selectiva una norma derogada para desplazar a la legislación vigente. En su escrito, los representantes del cuerpo señalaron que la propia Corte Suprema, al reorganizar la estructura del organismo y ordenar la transición hacia una composición de 20 miembros, ratificó de manera expresa que la regla general para los consejeros es la reelección con el intervalo de un período intermedio.

Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió la apelación del Consejo con efecto suspensivo, lo que dejó momentáneamente sin efecto la posibilidad de postulación de Barroetaveña y, virtualmente, puso un freno provisorio a las intenciones del resto de los consejeros que buscan la reelección, aunque sus casos tramitan en causas separadas.

En su planteo, las abogadas Vázquez y De la Torre subrayaron un antecedente para fundar su postura. Recordaron que el 23 de abril de 2025, el Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó y votó (casi por unanimidad, incluyendo el voto del presidente del cuerpo, Horacio Rosatti) la reelección consecutiva e inmediata de su vicepresidenta, la jueza Agustina Díaz Cordero, a pesar de que la ley aplicable también exige un intervalo de un período para ese cargo interno.

Las demandantes usaron este hecho para demostrar que el Consejo ya ha convalidado en la práctica la reelección consecutiva dentro de la nueva estructura del organismo.

Dentro del Consejo de la Magistratura hay quienes leen la polémica de las reelecciones como la segunda parte de aquella decisión que tomó lugar en abril del año pasado, ya que detrás de Barroetaveña, la jueza Díaz Cordero sería una de las más interesadas en extender su mandato como vice.

Ambos integran la lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), donde encontraron una fuerte resistencia a las aspiraciones reeleccionarias. El tema provocó una interna aún no resuelta entre los jueces de esa agrupación.

Por último, antes de terminar la semana, se decidió una reunión del Plenario del Consejo para el miércoles 26 de agosto en la mañana. El único punto en agenda es el tratamiento del anteproyecto de presupuesto para 2027 del Poder Judicial de la Nación, según informaron fuentes judiciales.

Sin embargo, entre los consejeros anticipan que se colarán otros temas que no están previstos en los papeles. Y pronostican que algunas de las tensiones políticas que se vienen arrastrando desde un tiempo a esta parte podrían evacuarse allí, con todos presentes.