Dos ex directivos de Techint que estuvieron acusados y procesados pero luego fueron sobreseídos fueron citados como testigos para mañana por el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio de los “cuadernos de la corrupción” que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Kirchner. Tendrán que responder preguntas por primera vez bajo juramento de verdad.
Luis Betnaza y Héctor Zabaleta reconocieron durante sus declaraciones indagatorias como acusados y sin obligación de decir verdad en 2018 presuntos pagos de sobornos que habrían llegado al millón de dólares para que funcionarios del gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner intercedieran ante Venezuela en diferentes etapas de la negociación por la nacionalización de la siderúrgica SIDOR en ese país, ordenada por Hugo Chávez.
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La semana pasada otro testigo del holding que lidera el empresario Paolo Rocca, Pablo Brizzio, reconoció al declarar como testigo en los tribunales federales de Retiro que hubo gestiones con funcionarios del gobierno argentino que había asumido tres meses antes para intentar evitar perder la empresa en Venezuela porque para la firma representaba un activo de suma importancia, pero dijo no saber nada de pedidos de pagos por ese motivo. Lo mismo declaró en relación a las dificultades que hubo luego para sacar de Venezuela a un centenar de empleados y sus familias, cuando se concretó la nacionalización de SIDOR.
Brizzio declaró el jueves último que uno de los participantes en otra etapa de las negociaciones, vinculada con la compensación a la empresa argentina por la nacionalización, fue el acusado José María Olazagasti, exsecretario privado del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
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Según explicó, la gestión ante Venezuela fue exitosa porque permitió evitar un reclamo ante el tribunal internacional CIADI y abrió una negociación que culminó con un acuerdo económico. Sin embargo, reiteró que nunca tuvo conocimiento de pedidos de dinero a cambio de esas gestiones.
Razones humanitarias
El remisero arrepentido Oscar Centeno, chofer del exfuncionario de Planificación Federal del kirchnerismo Roberto Baratta, anotó en sus cuadernos nueve supuestas visitas a la sede de Techint en la ciudad de Buenos Aires entre abril y noviembre de 2008.
Los testigos citados para mañana, Betnaza y Zabaleta, fueron sobreseídos en 2021 cuando la causa principal ya había sido enviada a juicio sin ellos entre los acusados. Paolo Rocca había sido desvinculado también con anterioridad.
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La Justicia concluyó que los pagos ilegales existieron pero fueron en el marco de una situación de emergencia y por “razones humanitarias” vinculadas a la necesidad de contar con las gestiones que permitieran el regreso al país de los empleados de la empresa y sus familiares.
Cuando fue indagado por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, el por entonces director institucional de Techint Betnaza explicó que ordenó a otro exdirectivo, Zabaleta, pagar las “contribuciones” que se les habrían pedido. Mencionó diez cuotas de 100 mil dólares cada una entregadas a Baratta, en esa época subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal. Según dijo, se buscaba una negociación para evitar la expropiación de SIDOR. La empresa finalmente acordó el pago de una compensación.
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Los acusados no tienen obligación de decir verdad en su declaración indagatoria, que es un acto de defensa. Pero ahora ambos fueron convocados como testigos y lo primero que hará mañana el presidente del TOF7 Enrique Méndez Signori será tomarles el juramento de verdad y -como se hace con cada testimonial- informar las penas previstas para el falso testimonio.
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