
La Cámara Federal de Casación Penal convalidó otra de las causas que enfrenta el suspendido juez federal de Rosario, Gastón Salmain, procesado por hechos de corrupción y señalado en varios episodios por presuntos pedidos de coimas. La investigación ratificada este lunes por el máximo tribunal penal es por abuso de autoridad y se desprendió del caso Attila, donde el magistrado está acusado de haber pedido un soborno a cambio de facilitarle 10 millones de dólares a una financiera mientras había cepo y brecha cambiaria.
El titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario -que va camino a ser destituido en un juicio político- dictó una medida cautelar que benefició a la firma Attila Fideicomisos SRL, del financista Fernando Whpei, hoy imputado colaborador de la Justicia.
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Aquel fallo judicial ordenó al Banco Central de la República Argentina autorizar al fideicomiso el acceso al mercado de cambios para adquirir y transferir 10 millones de dólares a una cuenta en el exterior.
Whpei reconoció la existencia de un pacto en el cual Salmain, con la intermediación del escribano Santiago Busaniche, acordó “vender” los fallos a cambio de una coima de 200.000 dólares; el 10% de la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el blue.
Según la investigación judicial, el plan se frustró porque coincidió con el cambio de gobierno y la devaluación que impulsó el presidente Javier Milei apenas llegó al poder, lo que pulverizó la brecha y, de forma colateral, arruinó el negocio espurio.
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En la causa Attila, Salmain está procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Le dictaron la prisión preventiva, que se hará efectiva solo si pierde sus fueros.

En plena investigación, mientras corría el mes de octubre pasado, hubo un intento fallido por allanar el despacho de Salmain en Rosario. Al mismo tiempo, personal de la Policía de la Ciudad lo interceptó en el barrio porteño de Belgrano y le secuestró su celular.
Aunque la causa estaba bajo secreto de sumario -y con él como principal imputado-, Salmain intentó acceder al expediente y envió un oficio a las autoridades de la PSA y a la Cámara Federal de Rosario, supuestamente para conocer detalles de los procedimientos.
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Los escritos se tramitaron con membretes institucionales, firmas y sellos del tribunal, y se remitieron desde el correo electrónico oficial de la dependencia judicial, por lo que la fiscalía sostiene que Salmain utilizó su cargo y la estructura de su juzgado para proceder.
Ante esta imputación, la defensa de Salmain interpuso una excepción de falta de acción, con el argumento de que la conducta del juez no encuadraba en un delito penal.
El juez federal de garantías Román Lanzón rechazó el planteo, decisión que luego confirmó el tribunal de revisión de Rosario. Al llegar el caso a la Casación, los magistrados Mariano Borinsky y Gustavo Hornos ratificaron el rechazo al señalar que la obligación de seguir sometido a un proceso penal no equivale a una sentencia definitiva.
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Los camaristas firmaron este lunes dos resoluciones rechazando las quejas de la defensa. El segundo revés para Salmain se produjo en el incidente donde su defensa solicitó la nulidad de las medidas de prueba ordenadas al inicio de la investigación, cuando fue allanado el Juzgado Federal N° 1 de Rosario y -después del primer intento frustrado- se secuestró documentación, computadoras y otros dispositivos.
Los abogados defensores argumentaron que la incautación de los dispositivos electrónicos y el acceso a la información digital vulneraron el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la confidencialidad de la función judicial.
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La Cámara de Casación desestimó la queja y convalidó los procedimientos. Los jueces explicaron que la defensa no rebatió de manera concreta los fundamentos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad que justificaron las medidas. Asimismo, el tribunal aclaró que el imputado conserva la facultad de discutir la validez de estas pruebas cuando llegue a juicio oral, lo que descarta cualquier situación de indefensión.
Salmain fue imputado hace dos semanas en un nuevo caso de sobornos. Está acusado de haber ofrecido protección judicial a Carlos Vaudagna, exdirector regional de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Santa Fe, a cambio de una coima de 100.000 dólares.
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Vaudagna es otro de los arrepentidos que declaró ante la Justicia, y reconoció los delitos en cuestión. El magistrado, por ahora, negó todas y cada una de las acusaciones en su contra.
Salmain decidió no renunciar y, en cambio, enfrentará un jury en el Consejo de la Magistratura, donde se ventilarán los sucesos vinculados a la causa Attila y un segundo cargo por haber ocultado en su currículum que lo habían echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer una coima para direccionar un expediente.
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