El Centro de Denuncias Defensa Cuba Decide (Defensa CD) documentó 137 violaciones a la libertad religiosa en septiembre y denunció que el pastor Alián López Rodríguez ha sufrido citaciones, detenciones, vigilancia y restricciones para asistir a presos en Cabaiguán, Sancti Spíritus.
Según los datos difundidos por la organización, el régimen cubano persiguió, hostigó o detuvo de forma arbitraria a 90 personas por motivos religiosos, entre ellas 35 mujeres y 55 hombres. El reporte ubicó 50 de esos casos en La Habana, 24 en Villa Clara y 16 en Pinar del Río.
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El testimonio de Alián, líder de la Iglesia Apostólica y Profética Tabernáculo de la Promesa, describe una sucesión de presiones contra él, su familia y miembros de la congregación que dirige desde 2014 en el municipio de Cabaiguán.
Alián sostuvo que agentes de la Seguridad del Estado lo convocaron mediante llamadas telefónicas bajo el argumento de una entrevista vinculada con asuntos migratorios. Dijo que se negó a asistir sin una citación escrita y que, más tarde, seis motocicletas con agentes fueron a su vivienda para trasladarlo a Sancti Spíritus.
“Me amenazaron de que me iban a meter un delito por desobediencia”, afirmó el pastor en el testimonio recogido por Defensa CD. Según su relato, los agentes le dijeron que las citaciones verbales tenían validez y le advirtieron que podrían iniciar un proceso penal en su contra.
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La iglesia realizó una actividad pública y el pastor fue detenido
El religioso relató que su iglesia organizó un ayuno de 40 días y que, al finalizarlo, los feligreses realizaron una marcha y una oración pública en el paseo de Cabaiguán. Durante la actividad llevaron banderas cubanas y blancas, y expresaron peticiones por un cambio en el país, el fin de la corrupción, la violencia y la intimidación.
Alián aseguró que agentes vestidos de civil y funcionarios locales interrumpieron el acto y lo trasladaron a una unidad policial. Según su versión, integrantes de la congregación siguieron el vehículo y exigieron información sobre su paradero.
El pastor afirmó que uno de sus hijos, de 16 años, fue maltratado durante el operativo. “Lo tomaron por los pelos y por las orejas”, denunció al describir el episodio.
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Tras su liberación, dijo que volvió a ser detenido y llevado a una dependencia de la Seguridad del Estado en Sancti Spíritus. Allí, según su testimonio, le exigieron que publicara una retractación en Facebook sobre la actividad religiosa. López Rodríguez sostuvo que rechazó esa petición.
“Nos dijeron que si nosotros no íbamos a irnos del país, que nos fuéramos tranquilos, que no querían hacernos daño ni meternos presos”, relató. El pastor respondió que no había cometido delito alguno y que su actividad se limitaba al ejercicio de su fe y a la defensa de personas encarceladas.
En junio, efectivos policiales interrumpieron una manifestación pacífica de oración y detuvieron al líder de la iglesia Tabernáculo de la Promesa en Cabaiguán. (Cortesía: elToque)
Restricciones para asistir a presos y a sus familias
El líder religioso aseguró que la presión en su contra se intensificó por su labor de acompañamiento a reclusos y familiares de presos, incluidos dos presos políticos a los que su iglesia ayuda con recursos propios.
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Alián visitó a familiares de Jonathan David Muir Burgos, al activista Guillermo del Sol Pérez durante una huelga de hambre y a otras personas detenidas tras las protestas del 11 de julio de 2021. También afirmó que ofreció apoyo emocional, oración y ayuda material a internos y a sus familias.
El pastor dijo que las autoridades le prohibieron acercarse a la prisión provincial Ñico Morejón y que lo amenazaron con encarcelarlo si volvía a permanecer en los alrededores del centro penitenciario. Además, afirmó que, desde la prohibición, solo puede mantener contacto con algunos presos a través de llamadas, cartas o familiares.
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Alián aseguró que él y su familia permanecen bajo vigilancia y que agentes de la Seguridad del Estado impulsaron una campaña para desacreditarlo ante vecinos y otros líderes religiosos. Según dijo, personas vinculadas a la Seguridad del Estado lo acusaron de recibir financiamiento de Estados Unidos y de utilizar la iglesia como cobertura.
El pastor también sostuvo que recibió información sobre un supuesto plan para fabricar una causa penal en su contra. “Cualquier cosa que nos pueda pasar como pastores, a mí, a mi familia o a mi hijo, tendrán que asumir la responsabilidad”, afirmó.
El pastor aseguró que continuará al frente de su congregación y mantuvo su denuncia contra el régimen. “Queremos una Cuba libre y una Cuba de paz”, expresó.
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Defensa CD advirtió además sobre un presunto patrón en el que agentes del régimen se presentarían como miembros de otros grupos de fe para provocar tensiones entre distintas comunidades religiosas.
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