La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por inadmisible el recurso que presentó la defensa de Luis Alejandro Caputto y Marcos Antonio Di Carlo en una causa por lavado de activos agravado en la que diez personas están acusadas de haber insertado en el circuito formal USD 5.365.546, entre 2012 y 2016.
El origen del reclamo fue una decisión del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, que dispuso diferir el tratamiento de las excepciones de falta de acción penal por atipicidad para el momento del debate oral.
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Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky sostuvieron que la resolución cuestionada no era recurrible en esta instancia. También señalaron que la defensa no demostró un agravio de “tardía o imposible reparación ulterior” ni una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación.
Según la acusación, el gerente de la sucursal del Banco Galicia de San Nicolás, Luis A. Caputto, y el oficial de cuentas empresariales, Marco Di Carlo, habrían facilitado la operatoria de la organización al omitir las verificaciones y controles internos exigidos por la normativa bancaria para la prevención y detección de lavado de activos.
Según el expediente, ambos permitieron la presentación de documentación apócrifa y la realización de transferencias de fondos al exterior, sin cumplir con los protocolos de control que les imponía su función.
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El caso
El expediente, que se elevó a juicio oral por requerimiento del fiscal Matías Di Lello, se originó en 2016, cuando la Dirección General Impositiva detectó que las sociedades SD Montajes S.A. y Wismares S.A. recibían fondos en sus cuentas bancarias, bajo el argumento de supuestas cancelaciones de operaciones comerciales.
La investigación determinó que esas compañías no estaban inscriptas como exportadoras ni importadoras y que sus movimientos resultaban incompatibles con su capacidad operativa, lo que alertó sobre la existencia de una estructura destinada a canalizar dinero sin justificación.
La hipótesis de la acusación indica que ese dinero se utilizó para comprar moneda extranjera en el mercado oficial y que luego fue transferido a cuentas en el exterior mediante la simulación de pagos por importaciones de servicios que, en realidad, nunca existieron".
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Los acusados
Por este caso, fueron enviadas a juicio diez personas acusadas de haber articulado y facilitado la maniobra entre 2012 y 2016, que consistió en usar documentación falsa para respaldar transferencias internacionales y, de ese modo, dotar de apariencia legítima a fondos cuyo origen era espurio.
Los imputados son el contador Juan Carlos Ariel Inés y el abogado Eduardo De Felipe, señalados como organizadores del esquema con Guillermo Esteban Di Giacinti; Edgardo Jesús Saltal, Luis César Agüero y Walter Edén Azzaretti, directivos de las sociedades involucradas; y los responsables de sucursales del Banco Galicia y Santander Río, Luis Alejandro Caputto, Carlos Cristian Seganfreddo, Marcos Antonio Di Carlo y María Yanina Grasso.
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El fiscal Di Lello resaltó que la organización eludió los controles y restricciones que imponía el Banco Central de la República Argentina sobre la compra de divisas en ese período, a través de una serie de transferencias fraccionadas a lo largo de seis meses.
Remarcó que la relación de confianza entre los principales responsables y sus colaboradores habría sido clave para ejecutar la maniobra, concretar las transferencias al exterior y reinsertar los fondos en el circuito formal con apariencia de origen lícito.
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